Por Marvin Palacios
El juicio que se sigue en los juzgados de Amapala contra 3 pescadores miembros de la Asociación para el Desarrollo de Zacate Grande (ADEPZA) mediante acusación promovida por la Fiscalía a petición del terrateniente Jorge Casís, fue suspendido el miércoles 10 de febrero de 2016.
La jueza Iris Amanda Hernández comunicó a la abogada Denia Castillo, defensora de los pescadores y agricultores Santos Tomás Cruz, Santos Hernández Ortíz y Abel Antonio Pérez Avila, que por la inasistencia del representante del Ministerio Público, la audiencia no se celebraría y que se posponía para el 18 de febrero del año en curso.
Los pescadores están acusados de usurpación de tierras, ya que el abogado Ismael Gonzáles, defensor del terrateniente Jorge Casís, presentó escrituras de propiedad sobre un predio de 12 manzanas en la comunidad Playa Blanca en la península de Zacate Grande, porción de tierra que está en disputa con los habitantes de la referida comunidad.
El predio que contiene bellas playas ha sido utilizado desde hace muchos años como lugar para almacenar materiales de construcción, intercambio de granos básicos y otros alimentos así como para el alquiler de estacionamiento para vehículos de turistas nacionales y extranjeros que llegan en las temporadas veraniegas.
Los pescadores acusados señalaron a www.defensoresenlinea.com que ese lugar permite a las familias que viven en Playa Blanca agenciarse fondos para el sustento de sus familias, dadas las condiciones de desempleo y falta de tierras de cultivo en la zona, porque grandes extensiones han sido acaparadas por familias ricas como Facussé y Casís.
De hecho Pedro Canales presidente de la ADEPZA, dijo que el señor Jorge Casís aseguró que tiene escrituras que demuestran que todas las tierras de la comunidad de Playa Blanca que comprende unas 70 manzanas, (que incluye el predio en cuestión), le pertenecen.
Al parecer las ganancias que obtuvieron los vecinos de Playa Blanca durante la Semana Santa de 2015 por el uso del estacionamiento para los turistas, generó la molestia de Jorge Casís, quien denunció la situación ante el Ministerio Público, ente que promovió en agosto de 2015, la acusación contra 3 miembros de ADEPZA en los juzgados de Amapala, departamento de Valle.
La jueza de los tribunales de Amapala, Iris Amanda Hernández dictó medidas sustitutivas a la prisión contra los 3 miembros de ADEPZA quienes deben acudir al juzgado a firmar el libro de registro de imputados, cada 15 días. Los imputados no pueden acercarse al predio en disputa ni tampoco establecer contacto con el promotor de la acusación.
La medida en algunos casos no ha sido cumplida en su totalidad dado que los acusados no han tenido dinero para desplazarse desde Playa Blanca a Amapala, que incluye el pago para la movilización en lancha desde Coyolito hasta la Isla del Tigre, donde se ubica el municipio de Amapala. En otros casos los imputados han estado en tratamiento médico que les ha impedido acudir a los tribunales. Según la jueza, solo Santos Tomás Cruz ha cumplido con ir a firmar en 10 ocasiones desde que se promovió el juicio el año pasado.
Los pescadores denunciaron a www.defensoresenlinea.com que el abogado defensor de la familia Casís, Ismael Gonzáles en una actitud arrogante y prepotente los ha amenazado en lugares públicos con meterlos a la cárcel.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a través del Programa Acceso a la Justicia se apersonó a la referida audiencia con el objeto de proponerse como organización garante y vigilante en el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas.
La jueza Hernández advirtió que aún y cuando exista presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos acompañando el juicio, si los imputados no cumplen con las medidas sustitutivas impuestas, no tendrá otro remedio que aplicar la ley.
La abogada defensora de los imputados, Denia Castillo sostuvo que la audiencia preliminar se realizará el próximo jueves 18 de febrero, en donde habrá una revisión de medidas aplicadas a los acusados que fue solicitada por la parte acusadora en este caso.
Castillo dijo que la jueza ha actuado conforme a lo establecido a la ley y que está siendo acorde con la aplicación de la justicia y consideramos que el resultado de esa audiencia va a ser en relación con lo que ella viene pregonando, de ajustarse a la ley.
“Esperamos demostrar en el tribunal sobre este caso, ya que el expediente pasará al Tribunal de Sentencia, el poder acreditar el justo derecho que han venido ejerciendo los pobladores de Playa Blanca”, sostuvo Castillo.
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