Por Mari Cruz Tornay Márquez *
Una pintada refleja las críticas al modelo extractivista. Fotografía: Mª Cruz Tornay.
La década de los años 90 es tristemente recordada en Ecuador. Tras años de recetas neoliberales, el siglo XX llegó a su fin con la mayor crisis financiera de la historia, provocada por la quiebra de la banca privada. Como luego sucediera en otros países de la región, el Estado salió al rescate de la oligarquía económica y congeló los depósitos de millones de familias ecuatorianas que vieron cómo de la noche a la mañana se esfumaban sus ahorros y desaparecían las oportunidades para encontrar un empleo. Esta crisis, que, años después, se recuerda como el “salvataje bancario”, llevó al exilio económico a más de dos millones de personas, principalmente a Estados Unidos, España e Italia.
A la fragilidad económica y a la dependencia de los organismos internacionales se le añadía la inestabilidad política que llegó a caracterizar al país: entre 1996 y 2007 se conformaron hasta nueve gobiernos que, en algunos casos, habían logrado la victoria con promesas de cambio. Tres de ellos, -los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez – acabaron su mandato antes de tiempo ante la presión de las movilizaciones populares. La larga crisis de gobernabilidad obstaculizaba la salida del subdesarrollo de un país que durante años pudo sobrevivir a costa de las remesas que millones de personas enviaban desde el extranjero.
La caótica situación en la que había quedado el Ecuador se convirtió en el germen para la unificación de diversos movimientos sociales bajo un mismo objetivo: poner fin a los modelos que habían quebrado el país y construir un Estado de justicia social dirigido a las mayorías. Nacía así Alianza País (Alianza Patria Altiva y Soberana), como un movimiento aglutinador de diversas demandas sociales que soñaban con arrinconar a los partidos representantes de las oligarquías económicas. Al frente del movimiento, Rafael Correa, un economista procedente del ámbito académico que se había ganado la credibilidad con la renuncia como ministro de Finanzas por su desacuerdo con las medidas neoliberales del presidente Alfredo Palacio. En noviembre de 2006, los movimientos sociales lograban con Correa la victoria frente a un neoliberalismo representado por Álvaro Noboa y derrotado por el 56,8% de los votos alcanzados por la coalición popular. Los resultados abrían paso a la formación de la asamblea constituyente que redactó una de las cartas magnas más progresistas del mundo y cuya aprobación en referéndum ponía fin a un nefasto periodo de la historia ecuatoriana.
Nueve años después de la llegada al gobierno del presidente Rafael Correa, el movimiento Alianza País festeja casi una década de Revolución Ciudadana con un balance que le ha convertido en el modelo de referencia para la región latinoamericana. La avanzada Constitución de 2008 plasmó la mayor parte de las demandas sociales y se convirtió en la hoja de ruta para alcanzar el Buen Vivir –Sumak Kawsay– presente en la cosmovisión andina. Para la sociedad ecuatoriana, el Buen Vivir constitucional ha significado la salida de la “larga y oscura noche neoliberal” en el lenguaje utilizado habitualmente en el discurso oficialista.
Parte de los organismos internacionales que habían marcado la agenda del país en su etapa neoliberal avalan los resultados obtenidos por un modelo que apuesta por el fortalecimiento del Estado como ente regulador. La renta petrolera acumulada en un periodo con precios al alza se supo canalizar en inversiones, especialmente en alternativas energéticas e infraestructuras, que han logrado modernizar y conectar las distintas regiones ecuatorianas. La reducción de la pobreza y la pobreza extrema; la modernización del sistema sanitario; la apuesta por la formación de las nuevas generaciones a través de un ambicioso programa de becas internacionales; la mejora de la eficacia de la instituciones públicas, incluido el sistema de recaudación tributaria; y el liderazgo en el proceso integracionista de América Latina, son algunos de los logros que respaldan la popularidad del Rafael Correa tras dos mandatos presidenciales.
Los resultados obtenidos por un gobierno alineado con los procesos bolivarianos de la región han sido aplaudidos a nivel internacional. Sin embargo, ¿cuáles han sido los “oscuros” en estos nueve años? ¿Es posible mantener la estabilidad política y económica con el barril de petróleo por debajo del precio de coste? En palabras del presidente, 2015 fue uno de los años más difíciles desde su llegada al gobierno: la reducción de ingresos procedentes del crudo y el fortalecimiento del dólar, con la consiguiente pérdida de competitividad en la región, crearon un nuevo y adverso escenario que dejó en evidencia la dependencia del modelo desarrollista y la debilidad de la tan anunciada nueva matriz productiva.
Una serie de medidas planteadas en este contexto –como las salvaguardas para frenar las importaciones, la ley de herencias y la ley de plusvalía- fueron utilizadas por la oposición derechista para desgastar el liderazgo de Correa. A las movilizaciones de los que defendían unos privilegios de clase, se sumó el denominado levantamiento del movimiento indígena opositor que marchó hasta Quito exigiendo la retirada de diferentes propuestas de leyes. Estas movilizaciones y las mutuas acusaciones sobre el uso de una violencia desproporcionada agudizaron el conflicto entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y las organizaciones representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, como la CONAIE y Pachakutik.
Hay que señalar que parte de los movimientos aliados con la propuesta de cambio de Alianza País terminaron por desvincularse y se convirtieron en un fuerte movimiento de oposición. Las organizaciones indígenas que lograron incluir en la Constitución sus demandas en relación a la plurinacionalidad e interculturalidad y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, vieron como una amenaza para sus territorios y formas de vida la continuación del modelo energético exportador y la decisión presidencial de permitir la explotación petrolera de una parte del área intangible del Yasuní. Otros sectores de la izquierda acusan a Correa de un retroceso de derechos de la ciudadanía y de trasladar su ideología ultracatólica a las políticas públicas, especialmente en lo que afecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en la defensa de un modelo de familia tradicional que se contradice con las diversidades reconocidas en la Constitución.
Con todo, lo cierto es que la Revolución Ciudadana ha sabido enfrentar los últimos embistes en los planos político y económico. Hasta el momento, la drástica reducción de ingresos ha afectado a la inversión pública pero no al funcionamiento del Estado, que cubre gastos por vías independientes a la renta petrolera. Aunque la tasa de desempleo se incrementó respecto al pasado año, aún está muy debajo de las cifras históricas del Ecuador y es de las más bajas de la región latinoamericana.
Una evidencia de las buenas expectativas, -a pesar de la incertidumbre en relación a la mayor fuente de ingresos, el petróleo- es la decisión del actual presidente de no presentarse nuevamente a las elecciones [1]. Diferentes encuestas siguen mostrando el respaldo popular al oficialismo y la oposición, ninguna de ellas, ha sido capaz de presentar algún candidato que pudiera poner en riesgo la continuidad del proceso. Tanto es así, que el espacio libre que deja la retirada de Rafael Correa está llevando a la oposición a la articulación de diversas estrategias con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2017, entre ellas, la insólita mesa de diálogo entre algunos sectores del movimiento indígena y la oposición derechista ligada a la banca privada.
Notas:
1.-En el paquete de enmiendas a la Constitución aprobado en la Asamblea Legislativa se incluyó la posibilidad de la elección indefinida.
* Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.
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