El pasado 6 de febrero se conmemoró un año más del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, quien fue asesinada en el año 1995. Después de 21 años ninguno de los autores intelectuales y materiales del crimen ha sido juzgado.
Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño en el año 2009 y le exigió que se investigaran y castigaran a los responsables. Sin embargo, pese a que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos es la responsable de su investigación, hasta la fecha los avances han sido prácticamente nulos.
En reiteradas ocasiones el Estado ha informado al tribunal interamericano que para cumplir con la sentencia, crearía un grupo de fiscales que investigarían este y otros asesinatos contra ambientalistas. En el año 2012 también informó que se estaba realizando un estudio minucioso del expediente; no obstante, no se conocen los resultados de dicho análisis ni mucho menos de lo que pasó con el grupo de investigación supuestamente creado.
La última diligencia sustantiva que consta en el expediente es del año 2010 cuando se solicitó investigar una lista de llamadas, después de lo cual el único movimiento realizado ha sido pedir informes y copias certificadas sobre el expediente mismo que no abonan en nada en la investigación diligente del crimen.
Al igual que muchos otros casos, el asesinato de Jeannette Kawas es representativo del alto grado de impunidad que vive el país y que favorece la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos, y genera un ambiente de inseguridad e intimidación contra quienes defienden los bienes naturales que están siendo concesionados de manera inconsulta.
El manejo de este caso por el sistema de justicia es un ejemplo de lo que hemos repetido hasta la saciedad: que en la historia de Honduras nunca ha existido un verdadero “sistema judicial”, sino un “servicio judicial” que se vende al mejor precio a quienes tienen el poder económico, político, militar y religioso para comprarlo.
La impunidad que rodea el asesinato de Kawas nos ratifica la urgente necesidad de contar con un poder judicial competente, independiente e imparcial; sin embargo, el penoso proceso de elección de la nueva Corte de Suprema de Justicia evidencia que la clase política tradicional representada en el Congreso Nacional hará lo que tenga que hacer para asegurar que la judicatura siga siendo un perro guardián de los intereses del Ejecutivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario