“Se trata de una iniciativa sin precedentes que tiene como objetivo abatir la corrupción y la impunidad y producir una reforma estructural en la administración de justicia en un país que le dijo basta a la corrupción. Es una oportunidad única…”: fueron las palabras de Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA quien después de meses de negociaciones con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmó el convenio que le dio vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih). Una esperanza que como humo se esparce desde los medios de comunicación hasta la sociedad hondureña tocada por la corrupción y la violencia.
Sin embargo, el convenio firmado que establece objetivos, comisiones y competencias de esta misión conformada por juristas internacionales, no da la potestad a la Maccih de investigar independientemente casos de corrupción.
Lea Aquí el convenio
A diferencia del mandato de la CICIG de Guatemala que se basa en tres objetivos principales: investigar, colaborar con el Estado en la desarticulación de redes criminales y dar recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas; la Maccih se reduce a apoyar, asesorar y proponer, algo que no cubre las expectativas de varios sectores que se declararon “indignados” y protestaron por seis meses en las principales ciudades del país, exigiendo una CICI-H, respaldada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El analista político Eugenio Sosa, asegura que no quiere parecer muy pesimista, aunque el panorama es sombrío, e invita a la ciudadanía a dar monitoreo a esta misión que lastimosamente se instaló desde el inicio, sin transparencia.
“Hubo muchas negociaciones, por eso la aprobación no fue tan expedita, pero eso no lo sabe la ciudadanía, entonces comienza este proyecto carente de transparencia, que es algo fundamental para el combate a la corrupción. Nace sin independencia además porque el papel de la OEA será siempre, al igual que la cooperación internacional que sostendrá económicamente esta misión, muy diplomático y pondrá como prioridad su relación con los gobiernos y no con los pueblos”, expresó en entrevista para Radio Progreso.
Firmado el convenio, se espera que este año la misión se instale, por lo que la población no debe esperar que en uno o dos meses haya casos en investigación, asegura el analista, por muy evidentes que sean, como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) , que desató la ola de indignación en 2015.
Luego de la firma de la MACCIH, el director del ERIC y Radio Progreso, el padre Ismael Moreno sj, dijo que este convenio era impensable sin el fenómeno de las movilizaciones de las antorchas. Y que ahora la ciudadanía debe estar en clara vigilancia del accionar de esta instancia porque se debe demandar que las investigaciones lleguen a los responsables de la corrupción e impunidad en Honduras.
Moreno lamentó que la participación de Juan Orlando Hernández sacada de su campaña política, solo resaltando logros, sabiendo que las investigaciones de la MACCIH deben apuntar hacia él y su gobierno. El padre Melo agregó que es necesario el voto de vigilancia porque la MACCIH solo tendrá sentido si cumple las demandas populares.
En su discurso, el presidente Juan Orlando Hernández habló maravillas de las acciones que su gobierno desarrolla, algo que contradice la llegada de una misión que se supone viene a cumplir acciones que el gobierno es incapaz de hacerlo expresó Moreno.
La conducción de la MACCIH será dirigida por el peruano Luis Jiménez, reconocido en su país por desarticular redes de corrupción; no obstante, se desconoce si podrá ejercer la acción penal pública, que en la actualidad es de competencia exclusiva del Ministerio Público.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, operará en el país por cuatro años y tiene financiación internacional que será de más de 32 millones de dólares según confirmó el embajador de Honduras ante la OEA, Leónidas Rosa Bautista.
"Algunos activistas en Honduras expresaron decepción al ver que la agencia [MACCIH] no está respaldada por la ONU y no tiene mayor poder. 'Cualquier ayuda que podemos obtener siempre es bienvenida, pero en este caso entendemos que el acuerdo es nada más espejismos y humo. No creemos que esta misión es legítima o independiente [sus orígenes lo delatan”, expresó por su parte Fernanda López, de un grupo de indignados en sus redes sociales.
También Miguel Briceño, de otra facción indignada expresó su descontento con la instalación de la Maccih, especialmente porque el convenio asegura que la misión fue socializada en un dialogo nacional donde los grupos indignados participaron.
“¿Quién nos puede garantizar que con la MACCIH encontraremos lo que buscamos como pueblo? Si desde su parto esto fue a oscuras. En la reunión donde estuve presente en Honduras con el señor BIELH donde claramente dijo que él se iba porque no entendía a qué le llamaba JOH diálogo y que estuvo durante cuatro horas reunido y él no aceptó las posturas de la OEA y que estaba imponiendo lo que hoy es la MACCIH? ¿Por qué no se escuchó al pueblo con lo que se pedía no solo ser acompañantes, capacitadores y levantadores de estadísticas?”, escribió Briceño en una carta abierta dirigida a Luis Almagro, secretario de la OEA.
Algunas causas de desconfianza
“Cuando uno ve el documento, el mandato central de investigación, independiente y autónoma es un mandato débil, es dentro del sistema. Los internacionales van a certificar nacionales, la unidad de fiscales estará dentro del Ministerio Público y es difícil que esta unidad escape a la dinámica institucional.
El dinero vendrá de la cooperación internacional pero de alguna manera la cooperación giró mucho hacia el gobierno y descuidó el apoyo a las movilizaciones que pudo darle más dientes a la MACCIH.
La elección de la Corte Suprema de Justicia es otra de las claves, según el analista Eugenio Sosa. “Si la corte electa no funciona, los jueces de la MACCIH no están fuera de ese sistema”.
El papel del funcionario nacionalista Rigoberto Chang Castillo como facilitador del diálogo con la Maccih también es un punto a cuestionar, según Sosa. “Chang Castillo está emparentado con el fiscal general del Estado y su hija va de magistrada.
Los sectores indignados, no deberían aceptar la intermediación de Rigoberto Chang Castillo, pero parece que no se están haciendo los planteamientos correctos para monitorear la Maccih”, dijo Sosa.
Briceño pidió a Almagro en su carta que se revise el papel de Rigoberto Chang Castillo por ser “suegro del fiscal general del MP, y padre de la directora del BCH siendo esto claro nepotismo y nosotros lo llamamos corrupción”.
Sosa agrega a los puntos a debatir, el papel de grupos de sociedad civil que han estado en el proceso y seguirán en él. “¿Cuál sociedad civil? En este proceso hay grupos de sociedad civil que ven más al gobierno, aunque puedan tener razón en algunos planteamientos pero representan más al gobierno que a la ciudadanía”, expresó Sosa ante los llamamientos de diversos grupos a dar el voto de confianza a la Maccih.
“No hay que esperar un año para evaluar los resultados, sino evaluar los mecanismos de entrada. Los informes que dará la Maccih son semestrales que primero va al secretario general, de allí al gobierno y por último a la ciudadanía. En ese proceso puede haber negociaciones. A los representantes de la CICIG les costó comenzar porque los gobiernos tenían diálogos con los grandes dirigentes de la ONU para obstaculizar la CICIG, eso puede pasar aquí”, dijo Sosa.
Los miembros de la Maccih no son reconocidos por la población hondureña, pero cuentan con credibilidad. Juan Jiménez (Vocero de la Maccih), es de Lima, Perú y fue presidente del Consejo Ministros de la República del Perú (2012-2013). Dominó el gabinete del diálogo en su país. También está Jacobo Domínguez (Representante de la misión) de México, experto en financiamiento de partidos políticos, así como en la fiscalización de campañas electorales. Domínguez fue recientemente demandado por plagio en su país, lo que le quita credibilidad. Por otro lado está Jan Michael Simon (Representante de la misión) abogado de origen alemán. Fue el jefe de la Unidad de Reforma Penal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Y Juan Pablo Corlazzoli (Representante de la misión), sociólogo uruguayo con especialización en desarrollo al cambio social. Fue jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA.
Papel que debe desempeñar el movimiento social
Según el analista político Eugenio Sosa, el dialogo interno del movimiento social es fundamental para plantear una plataforma de seguimiento de la Maccih, ya que no solo se debe dudar de ella, sino hacerla funcionar.
“Se debe analizar el documento firmado, debería proponer el proceso de dialogo, un sistema paralelo para vigilar la Maccih. Ellos pretenden vigilar el sistema pero a la ciudadanía le toca vigilarlos a ellos para que no se convierta en legitimadora de este sistema de corrupción e impunidad”, apuntó Sosa.
Además sentenció que el error que puede cometer esta misión es hacer borrón y cuenta nueva para rehacer el sistema de justicia a través de negociaciones.
“Las principales tareas de inicio de la Maccih deberían ser plantearse de manera transparente un cronograma, no estamos en momentos de diagnósticos, sino de trabajo y resultados. Van a seleccionar los casos relevantes y cuál será el proceso, en eso puede trabajar el movimiento social. La certificación de jueces y fiscales, ¿qué autonomía tendrán dentro de la institucionalidad corrupta que funciona en Honduras? ¿Quién va a decidir la acción penal? Si es el MP ¿qué pasará cuando no actúe? Esta misión debe ser clara a la ciudadanía con el tiempo, programas y operatividad”, dijo.
Sosa llamó a la población indignada a movilizarse pero también diversificar sus acciones en vigilancia, monitoreo, con una estrategia clara en relación a la Maccih. “No puede ir a la calle solo diciendo que quiere la CICIH, sino demostrar que la lucha contra la corrupción es su prioridad”, concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario