El 29 de enero de 2016, un ataque incendiario fue llevado a cabo por perpetradores no identificados en el hogar de la defensora de derechos humanos Sra. Ana Mirian Romero y del defensor de derechos humanos Sr. Rosalio Vásquez Pineda.
Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda son defensores de derechos humanos de la municipalidad de Santa Elena, en el departamento de La Paz. La pareja son integrantes del Movimiento Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH) y del Consejo Indígena de San Isidro Labrador. Ellos han luchado por el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas desde 2010, cuando el MILPAH y el Consejo Indígena de San Isidro Labrador presentaron una demanda de adjudicación para el reconocimiento de sus tierrasancestrales en el municipio. El defensor y la defensora de derechos humanos también han sido
activos en su oposición a la instalación de la Hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de Los Encinos S. de R. L., en el río Chinacla. El municipio emitió una concesión para la construcción de la hidroeléctrica sin la realización de consultas con la comunidad indígena local, que ha expresado su gran preocupación por el impacto negativo del proyecto sobre el acceso al agua.
El ataque incendiario tuvo lugar mientras la familia estaba afuera de la casa, y los perpetradores todavía no han sido identificados. Casi todas las pertenencias de la familia fueron destruidas en el ataque. El 2 de febrero de 2016, los defensores presentaron una denuncia sobre el incidente ante el Ministerio Público.
El ataque contra el domicilio de la defensora y del defensor ocurrió aproximadamente dos meses después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares en favor de Ana Mirian Romero, Rosalio Vásquez y sus familiares, el 24 de noviembre de 2015. Las medidas cautelares también fueron emitidas en favor de otros 12 miembros del Consejo Indígena de San Isidro Labrador y del MILPAH.
La defensora y el defensor de derechos humanos habían sido anteriormente objeto de actos de intimidación y ataques. El 2 de noviembre de 2015, hombres no identificados dispararon más de quince tiros fuera de su domicilio. Este incidente se produjo en el mismo día en que Ana Mirian Romero fue dada de alta del hospital al que había ingresado a consecuencia de un ataque previo, ocurrido el 22 de octubre de 2015. Ese día, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, el hogar de Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda fue allanado por la policía. Un contingente de 30 policías ingresó a su casa usando la fuerza y sin presentar orden formal para ello. Durante el incidente, los agentes golpearon a Ana Mirian Romero, quien tenía 24 semanas de embarazo. Ella fue llevada posteriormente al hospital en un estado grave de salud, corriendo el riesgo de sufrir un aborto como resultado del ataque.
Los ataques a Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda han sido llevados a cabo en un contexto de intensificación de los riesgos que enfrentan las y los defensores de derechos indígenas en el departamento de La Paz. El 20 de diciembre de 2015, el cuerpo del Sr. Javier Vásquez Benítez, hijo del defensor de derechos humanos y prominente líder indígena Sr. Gilberto Vásquez, fue encontrado en un barranco en Santa Elena. En mayo de 2015, el cuerpo del defensor de derechos humanos Sr. Silvestre Manueles Gómez fue encontrado desmembrado en la orilla del río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz. En enero de 2015, el defensor de derechos humanos y miembro del MILPAH, Sr. Juan Francisco Martínez, fue muerto.
Front Line Defenders condena enérgicamente el ataque incendiario al domicilio de Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda, el más reciente de una serie de ataques y actos de intimidación perpetrados contra la defensora y el defensor de derechos humanos y líderes indígenas en el departamento de La Paz. Front Line Defenders considera que estos ataques están directamente relacionados con la labor legítima y pacífica de la defensora y el defensor de derechos humanos y líderes indígenas en la defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades hondureñas a que:
1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el ataque incendiario en el hogar de Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda y su familia, incluyendo la implementación inmediata de las medidas cautelares otorgadas en su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
Front Line Defenders recuerda respetuosamente a las autoridades hondureñas que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de Diciembre de 1998, reconoce la legitimidad de las actividades de los/las defensores/as de derechos humanos, su derecho a la libertad de asociación y a llevar a cabo sus actividades sin miedo a represalias. En particular, quisiéramos destacar el artículo 6: “Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: (b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,” y el segundo párrafo del artículo 12: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.
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