De más de 300 locatarios del Mercado histórico de Intibucá, el que se quemara en el 2004 y fuera rehabilitado por los propios locatarios, 46 de ellos enfrenta acusación penal en los Tribunales de Justicia de La Esperanza, por oponerse a ser desalojado de ese lugar.
El alcalde Municipal de Intibucá, Javier Eusebio Martínez, incoó un proceso judicial por los delitos de usurpación y desobediencia contra 46 comerciantes del Mercado histórico de Intibucá, departamento del mismo nombre.
La acción penal se debe a que los comerciantes se oponen a un desalojo que el alcalde ha ordenado mediante ordenanzas municipal, misma que no ha sido avalada por toda la corporación municipal.
Ante la negativa de los comerciantes de dejar sus cubículos, el alcalde Javier Eusebio Martínez y la Fiscalía del Ministerio Público procedió legalmente contra 46 locatarios, los más visibles en esta lucha por evitar ser desalojados del mercado histórico de Intibucá, donde hay comerciantes que tienen más de 45 años de trabajar en ese lugar.
La semana anterior se llevó a cabo en los Tribunales de Justicia de La Esperanza la audiencia inicial contra los 46 locatarios que han sido acusados por los delitos de usurpación y desobediencia, donde la juez escuchó a los testigos por la parte demandante y demandada.
“Espero que la juez le dé sobreseimiento definitivo a mis representados porque en este caso no existe delito”, expresó Santos Ortiz, apoderado legal de los locatarios imputados.
Indicó que en su declaración ante el juez, el alcalde Martínez expresó que los 46 locatarios imputados ya trabajaban en el mercado y que quienes lo invadieron fue un grupo liderado por una persona identificada por Margarito Gonzáles y que eso le da la pauta que sus representados no han cometido el delito de usurpación.
El togado agregó que el edil también expresó en su declaración que se libró una ordenanza y que la misma fue impugnada dentro de las 24 horas, pero que todavía no se ha resuelto e incluso no existe la desobediencia porque está en trámite administrativo la impugnación de dichas ordenanzas, por lo tanto hasta la fecha se ha demostrado que sus representados en ningún momento han cometido el delito de usurpación y desobediencia a la autoridad.
Asimismo señaló que las declaraciones testificales de Salvador Zúniga, así como la de los otros testigos y la del director Municipal de Justicia han dejado claramente establecido que ellos autorizaron para que estuvieran en el mercado, entonces la usurpación dónde está se preguntó el abogado Santo Ortiz.
El representante de los locatarios denunció que en la audiencia la Fiscal del Ministerio Público, ante sus representados, le dijo a Cindy Vanesa Mejía Ponce, una de las imputadas, que no se preocupara que a “vos ya te voy a pedir el sobreseimiento definitivo” y decirlos ante mis clientes es peligroso y atentatorio, dijo ante sus representados.
“Ha quedado mal parada la parte acusadora al presentar un requerimiento fiscal en contra de Cindy Vanesa y ha dejado a mis clientes sorprendidos porque los está criminalizando; creo que el caso está mal conducido por la fiscalía”.
Señaló que de acuerdo a la Ley en que nos regimos hay pruebas suficientes para que sobresean el caso no provisionalmente sino definitivamente.
El apoderado legal de los locatarios imputados solicitó una inspección a los libros de la Alcaldía Municipal y a los libros de la Gobernación Departamental para probar que el caso de la impugnación no ha sido resuelto todavía.
El Alcalde Municipal ha criminalizado este caso, no quiso utilizar la vía civil porque creía que era más larga, pero actualmente nuestro sistema la vía criminal es más larga todavía, y creo que han equivocado el camino, señaló el abogado Ortiz.
El líder indígena de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga, que actuó como testigo en el juicio, señaló que es una situación grotesca que a la gente se le criminalice por defender el derecho a la vida y el derecho al trabajo y que es increíble que el Ministerio Público capaz de llevar una acusación contra personas que están protegidas por el convenio 169 por el hecho de ser población indígenas.
Parte de los locatarios que han sido imputados por los delitos de usurpación y desobediencia
Asimismo expresó que en este caso se ha violentado la Ley de Municipalidades porque no se ha respetado el cabildo abierto que se desarrolló donde se acordó que el mercado se iba a construir y que iba a seguir funcionando en la Plaza donde se quemó y sigue siendo Mercado.
El dirigente indígena denunció que en ese lugar la Alcaldía que preside Javier Eusebio Martínez, pretende construir una plaza para vehículos y para la venta de cervezas y “eso nos parece una cosa tremenda y aberrante”.
Asimismo cuestionó que una corporación municipal haya procedido criminalmente contra las personas que han aportado con sus impuestos, con lo cual los funcionarios electos tienen dietas, tienen salarios, y que no se tome en consideración la situación de prioridad cuando el ganarse la vida en un país golpeado por la crisis y por el desempleo, la gente tenga la posibilidad de ganarse la vida.
“Lo más grotesco en este juicio es haber escuchado a la fiscal al hacer un planteamiento que no son indígenas la gente que está ahí, eso no es una atribución que tiene una fiscal y ella debería consultar el convenio 169 donde habla de la auto identificación”.
Indicó que lo que han visto es una persecución para violar el derecho a la vida, el derecho al trabajo y el derecho a las libertades y “confiamos que en este caso va a prevalecer el derecho”.
Por su parte José Rufino García, uno de los locatarios demandados y presidente de los microempresarios que trabajan en el mercado quemado, explicó que en ningún momento el alcalde socializó con todos los locatarios su proyecto, solo con un grupito y no con la mayoría.
Indicó que la ordenanza de desalojo no fue entregada a todos los locatarios y que la misma no estaba firmada por toda la corporación municipal, porque cuatro regidores se oponían al desalojo.
Dijo que el alcalde ha mentido porque ha expuesto que la hoja solo era una advertencia y no un desalojo, cuando está claro en la nota que recibieron los locatarios donde se les dice que serían desalojados del predio que ocupan.
Entre las personas imputadas están:
1.- Eliodoro Gómez; 2.- Pablo Briones; 3.- Gustavo Díaz; 4.- Octavio Domínguez; 5.- Ana Ruth Domínguez; 6.- Lucila Domínguez; 7.- José santos Gutiérez; 8.- Juan Paz; 9.- María Amaya; 10.- José Rufino García; 11.- José Rosa Flores; 12.- Lourdes Urquía; 13.- Roger Amaya; 14.- José Gardiano Díaz; 15.- Sebastián Amaya; 16.- Geremías Díaz; 17.- Daniel Díaz; 18.- Franklin Omar Domínguez; 19.- Adelina García; 20.- Francisco Meza; 21.- Marco Antonio Parada; 22.- Amado Bustillo; 23.- Carlos Emilio Gaitan; 24.- Rachel Díaz; 25.- Manuel Domínguez; 26.- Wilmer Renato Díaz; 27.- Faustina Díaz; 28.- Dinora Elizabeth Bonilla Romero; 29.- Antonio Murillo; 30.- Olmer Josué Díaz Urquía; 31.- Celina Flores; 32.- Mariela Villanueva; 33.- Dilcia Aracely Díaz; 34.- María Luisa Argueta; 35.- Elizabeth Delcid Ramos; 36.- Mirna Pineda Villanueva; 37.- Wilson Hernández; 38.- Daniel Argueta; 39.- Cindy Vanesa Mejía Ponce
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