En el marco del seminario anual que promueve el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, la ciudadanía de diferentes regiones tuvo la oportunidad de debatir y analizar acerca de las políticas de militarización que el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha impuesto bajo el paraguas de seguridad ciudadana.
En la actualidad la militarización tiene tres expresiones bien marcadas. Primera, la presencia masiva de militares en el espacio público, segunda la marcada presencia militar en las instituciones públicas, en los controles migratorios, en el sistema de salud y el control de las ondas radiales y televisivas. Y la tercera expresión, es la imposición desde el gobierno del pensamiento militar.
Realidades
Honduras ha sido un país que históricamente ha presentado problemas de pobreza, desigualdad y debilidad institucional, sin embargo, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, la situación se agravó y actualmente nos enfrentamos a una creciente militarización; la reducción de los espacios de participación de sociedad civil; la ausencia de diálogos reales y productivos entre gobierno y sociedad civil; la falta de eficacia y efectividad de las instituciones estatales; la implementación de leyes y decretos que restringen derechos humanos; asesinato de periodistas y limitaciones a la libertad de expresión; aumento grave de las índices de femicidios y violencia contra la mujer; el control de las instituciones del sector justicia y seguridad por grupos de poder, lo que ocasiona altos índices de impunidad; mayor desprotección de sectores de la población históricamente vulnerados (mujeres, niñez, indígenas, población LGBTI); mayores niveles de criminalidad e inseguridad y persecución.
El gobierno de Juan Orlando Hernández a través de una política de seguridad militarista, manifiesta que está combatiendo los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en el país y que además los problemas estructurales como educación, salud y alimentación son prioridad para su mandato. Sin embargo, la población está consciente que esas políticas lejos de solucionar problemas se convierten en graves violaciones a los derechos humanos.
La militarización en el país no es nueva. Pero en los últimos años su presencia es cada vez masiva.
Juan Orlando, ha logrado la mejor de las fusiones: la Policía Militar del Orden Público, que es alimentada por Ley de Seguridad Poblacional o Tasa de Seguridad Ciudadana, un proyecto pagado por toda la sociedad que deja más fortalecidos a los militares.
Para el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía, es grave la situación que vivimos en el país y es aún más alarmante ver cómo el dinero que se recoge en concepto de tasa de seguridad ciudadana, en un 60%, va a parar en manos de la policía militar, principal violador de los derechos humanos en Honduras, según denuncias.
Actualmente la Policía Militar y del Orden Público, cuenta con dos mil 500 agentes; para finales de 2015, el presidente Hernández pretende contar con tres mil agentes más.
Dennis Muñoz, coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –Ciprodeh-, dijo a Radio Progreso que es preocupante el costo de mantener un policía militar en las calles, que se acerca a los mil dólares diarios, en un país donde su población se sumerge en la pobreza.
Mientras que las proyecciones hechas por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI- apuntan que el presupuesto invertido en la Policía Militar es de 5 mil 867 millones de lempiras desde su creación.
“La militarización de la seguridad ciudadana a la luz del derecho constitucional”, fue el nombre del seminario realizado esta semana por el Eric –sj,. El evento se llevó a cabo en San Pedro Sula el pasado 09 de septiembre y que contó con la presencia del director del Centro de Estudios de Actualización en Derecho de México, el doctor Rogelio Flores, quien en declaraciones a Radio Progreso manifiesta que los Estados tienen un concepto equivocado de seguridad ciudadanía, ya que lo basan en la militarización de la sociedad, lo que está provocando sistemáticas violaciones a derechos humanos.
La sociedad hondureña tiene grandes retos por hacer, uno de ellos y el más esencial, es la construcción de un nuevo modelo de seguridad integral, que abarque la salud, educación, alimentación, empleo y todos los derechos fundamentales de los hondureños y las hondureñas. Modelo que no pasa por la remilitarización de la población y que garantiza la vida de todos y todas.
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