Por Greg McCain *
Quinto aniversario de la Masacre de El Tumbador
Ciriaco de Jesús Muñoz, Presente!
Ignacio Reyes García, Presente!
Raúl Castillo, Presente!
Teodoro Acosta, Presente!
José Luis Sauceda Pastrana, Presente!
Estos son los nombres de los cinco campesinos que fueron masacrados en noviembre de 2010 en El Tumbador, plantación de palma africana en Laguna Guaimoreto en Trujillo, Colón. Francisco Ramírez (sobreviviente) dijo en voz alta los nombres al comenzar una reunión con una delegación de derechos humanos. El grupo responde en voz alta "¡Presente!" para demostrar que cada uno de los cinco es todavía parte de la comunidad de Guadalupe Carney y miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
El 15 de noviembre 2015 se cumple el quinto aniversario de la masacre de El Tumbador en la que guardias privados, paramilitares y militares del estado emboscaron a los cinco, junto con varios campesinos de la comunidad, en las primeras horas de la mañana cuando intentaban entrar en su propiedad. Francisco fue uno de los heridos graves cuando las balas atravesaron su rostro y cuerpo. Él quedó con un dolor constante que hace casi imposible para él trabajar la tierra a la que tenía derecho a cultivar y que le fue robada.
El 15 de noviembre también marca cinco años de impunidad de la Corporación Dinant, cuyo presidente, Miguel Facussé Barjum, ordenó esta masacre a sus guardias de seguridad privada y fuerzas de seguridad del Estado. Dinant es una empresa hondureña que cultiva la palma africana y procesa el aceite, además de la cosecha de otros cultivos. Distribuye el aceite de cocina, los churros, los jugos azucarados y una variedad de comida chatarra y productos del hogar a nivel nacional e internacional. También cuenta con un programa de procesamiento de biocombustibles que es una artimaña que se configura más como una estafa de relaciones públicas para recibir créditos de carbono como un productor viable de combustible alternativo.
Facussé murió en junio de este año. Fue considerado uno de los hombres más ricos de Honduras y el undécimo más rico de América Central. Con su muerte dejó impunes diversos delitos. Hizo dinero estafando a los bancos y otras empresas y utilizó su influencia en el gobierno para tener leyes agrarias modificadas con el fin de estafar, intimidar, y usurpar las tierras de los campesinos en diversos sectores de Honduras. Una de sus grandes propiedades de tierra fueron las plantaciones de palma africana en la región noreste conocida como el Bajo Aguán. Fue aquí, desde la década de 1990, que causó estragos en la vida de los campesinos. Facussé dejó un legado de asesinato, malversación de fondos, y el robo de gran parte de ella con el pleno conocimiento y aprobación tácita de los gobiernos de Estados Unidos y Honduras.
La Ley de Modernización Agrícola de 1992, a la que Facussé, otras élites gobernantes, y el Departamento de Estado de Estados Unidos bajo la administración de George Bush padre, abrió paso entre el Congreso de Honduras, eliminó las leyes de reforma agraria que habían existido anteriormente. Se puso tierra de propiedad estatal distribuida entre los campesinos agrícolas de subsistencia. Lo que alguna vez fueron las cooperativas o colectivos campesinos fueron divididos en títulos individuales. Muchos de los campesinos fueron obligados a vender sus tierras por una paga miserable. En otros ejemplos, las personas que no tenían autoridad para vender las tierras comunales o cooperativas aceptaron sobornos para firmar títulos y dar la tierra a los grandes terratenientes ricos. Además, Facussé utilizó sus vínculos militares para intimidar a los agricultores y sus familias fuera de su tierra y mató a los que resistieron.
Gran parte de la pobreza en el país hoy en día proviene de los efectos que la Ley de Modernización tuvo entre los agricultores. Además, la corrupción que se produjo como consecuencia del huracán Mitch en 1998 contribuyó también. El huracán en sí mismo creó la miseria en todo el país, en los cultivos, casas, carreteras, puentes y ciudades enteras fueron arrasadas. El sobrino de Facussé, Carlos Flores Facussé, era presidente de la República en ese momento. Nombró a su tío como director del banco nacional. La ayuda internacional se vertió por caudales en la reconstrucción de la infraestructura, así como la ayuda de emergencia para evitar que la gente se muriera de hambre y para ayudarles a reconstruir sus vidas. Poco después que se acumularon decenas de millones de dólares, el sobrino disuelve el banco nacional como parte de la reestructuración neoliberal del FMI y el dinero desapareció. Con este dinero, Miguel Facussé comenzó a acumular decenas de miles de hectáreas de plantaciones de palma africana, además de la propiedad privada en tierras nacionales a lo largo de la costa norte y en el Golfo de Fonseca. Financió plantas de procesamiento de aceite de palma y comenzó a exportar aceite de palma y otros productos y la compra de los nombres de marca, como Mazola, que tenía los derechos exclusivos de América Central.
En 1999, las organizaciones campesinas investigan formas para que los campesinos desplazados pueden adquirir tierras. La Constitución de Honduras establece que las tierras ociosas nacionales eran susceptibles de expropiación para utilizar la tierra para la agricultura de subsistencia. Organizaciones campesinas de cinco de los departamentos del norte se apersonaron al Instituto Nacional Agrario (INA), con la propuesta de que la tierra conocida como el CREM se titulara a los campesinos que se habían organizado como el MCA.
El CREM, Centro Regional de Entrenamiento Militar, fue el lugar utilizado por los militares de Estados Unidos en la década de 1980 para la formación de los Contras en la guerra de Reagan contra el gobierno Sandinista de Nicaragua que ganó la revolución contra la dictadura de Somoza apoyada por Estados Unidos. También entrenó ahí a los militares de El Salvador durante la sangrienta guerra civil librada contra la población por la junta militar. Oficiales militares hondureños recibieron entrenamiento allí también para la contrainsurgencia de la Escuela de las Américas de los EE.UU. Se informa que muchos hondureños fueron desaparecidos y torturados en el CREM. Esto incluye el sacerdote jesuita estadounidense Padre Guadalupe Carney, quien el MCA honró con su nombre su comunidad. Él desapareció en 1982.
INA determinó que el MCA podría de hecho tomar posesión inicialmente de 1.000 hectáreas dentro del CREM. Con el tiempo, el número de empresas campesinas que establece la ley aumentó a 46; el MCA continuó creciendo y organizando empresas. En total, se determinó que el MCA podría obtener títulos provisionales de 5742.90 hectáreas de tierra.
A través de este tiempo, los campesinos enfrentaron brutal agresión por parte de los terratenientes ricos que habían comprado tierras ilegalmente en la CREM. La Municipalidad de Trujillo no tenía derecho a vender la tierra nacional para éstos, en su mayoría, ganaderos, que incluían familias políticamente poderosas como Facussé y Lobo-Sosa. El 2010 INA determinó que El Tumbador quedara dentro de los límites del CREM. Facussé negó esto a pesar de que los mapas del CREM muestran claramente la verdad. El gobierno de Pepe Lobo intervino y trató de negociar con Facussé, INA y la MCA. Facussé acusó a César Ham, director del INA en ese momento, de incitar a los campesinos. Ham, conociendo las inclinaciones de matón de Facussé lo desafió, pero temía por su vida que públicamente declaró que si algo malo le sucedía acusaba a Facussé como responsable.
El acceso a El Tumbador estaba convirtiéndose en un largo proceso que se estaba estancando por Facussé través de sobornos a funcionarios del gobierno. Los campesinos decidieron tomar posesión de lo que era legalmente suyo aunque sólo fuese con la bendición del INA. Los campesinos y campesinas trabajaron en El Tumbador durante casi un año mientras continuaron las negociaciones. Hasta el 15 de noviembre los campesinos trabajaban sin provocación aunque miembros del MCA se habían enfrentado a amenazas constantes desde el año 2000. Más de 20 miembros de su comunidad habían sido asesinados.
En 2009, Ciriaco y su familia viajaron desde Olancho para encontrar una oportunidad de asegurar un patrimonio a sus cuatro hijos y su mujer, Martha López, de 20 años.
El 15 de noviembre, salieron un grupo de campesinos de sus casas en la Guadalupe Carney a las 3 en la madrugada y se dirigieron hacia El Tumbador. A las 5 am, se encontraron a unos diez guardias privados en la plantación que exigieron a los campesinos no entrar en la finca. Se negaron diciendo que esta era su tierra. Los guardias hicieron llamadas telefónicas y poco tiempo después, 200 efectivos militares fuertemente armados llegaron. Tenían armas de grado militar y prohibidas, como AK-47, M-16 y rifles R-15. Los campesinos estaban en la calle afuera de la finca armados sólo con sus machetes que utilizaban para el trabajo. Sin decir una palabra, los guardias y los militares abrieron fuego contra los campesinos que huyeron de inmediato por lo denso de la palma. Ciriaco no tuvo tanta suerte. Le dispararon a bocajarro y él murió de inmediato al igual que tres de sus compañeros. El quinto campesino en ser asesinado, José Luis Sauceda Pastrana, fue encontrado al día siguiente, no lejos de la ejecución de los demás. Él tenía tres balas de un M-15 en su cuerpo.
Al día siguiente, la prensa dominante, los militares, y los portavoces de Dinant incluyendo Facussé se mostraban como juez y parte en lo que equivalía a una ejecución sumaria. El ejército plantó sus propios fusiles AK-47 y otras armas en los cuerpos de las víctimas insinuando que los campesinos no eran más que insurrectos usurpadores de tierras. Más tarde la oficina del Ministerio Público y de la Policía Local, en un raro momento de honestidad, desmintieron esta versión que indicaba que los campesinos no tenían nada más que sus machetes y otras herramientas para trabajar la tierra.
El Ministerio Público presentó un caso en contra de cinco de los guardias, pero no presentó ninguna prueba, como la balística y ni siquiera se molestó en confiscar las armas de los guardias. Una autopsia oficial no se hizo sobre las víctimas tampoco.
En febrero de 2014, la Fiscalía General de la Nación creó la Unidad de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA). Esto se hizo después de que el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI) hiciera una auditoría a la Corporación Dinant y encontraron que no cumplió con muchos de los requisitos de la CFI de derechos humanos para ser elegibles para los préstamos. Esta auditoría ocurrió después de mucha atención y presión internacional sobre Dinant, el Banco Mundial y los gobiernos de Honduras y Estados Unidos. Facussé presionó al Presidente Hernández para crear el grupo de trabajo de imitación, ya que era una de las condiciones para el restablecimiento de la otra mitad de $ 30 millones de la CFI a Dinant.
La UMVIBA llegó al Aguán en abril de 2014. Además de otros asesinatos por conflictos de tierras, se reabrió el caso de El Tumbador. Ahora, casi un año y medio más tarde, la unidad no tiene informe público para ninguno de los casos. No han hecho ninguna exhumación de las víctimas de El Tumbador y por supuesto no hay autopsias. Tampoco ordenaron a Dinant entregar las armas de los guardias para la prueba forense.
La autoridad ha exhumado los cuerpos de otros casos, muchos de ellos con las familias de las víctimas en protesta. Una familia afirma que la tumba de su ser querido fue profanada sin ninguna razón, porque su muerte no estaba relacionada con el conflicto de la tierra, sino con un accidente de tráfico. Otros se han quejado de que cuando los cuerpos fueron enterrados de nuevo, las lápidas y las tumbas fueron destruidas. Anteriormente UMVIBA había declarado públicamente que Dinant no estaba cooperando en las investigaciones, pero en entrevistas recientes por presiones políticas le echan la culpa a las familias de las víctimas.
En 2010, el Tribunal en Trujillo rechazó el caso contra los cinco guardias por falta de pruebas. Parece que la impunidad que forma parte del sistema judicial de Honduras volverá a favorecer a los que apretaron el gatillo, favoreciendo el legado de Miguel Facussé.
* Greg Mc Cain
Observador internacional de Derechos Humanos
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