Los dos eventos políticos más trágicos para la débil democracia y el Estado de derecho en Honduras, es decir, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80 y el golpe de Estado de 2009, tienen un elemento común: la impunidad de los victimarios.
En el caso de los crímenes de los 80, ninguno de los 184 casos analizados en el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993”, ha sido seriamente investigado y no se ha producido ninguna sentencia condenatoria.
Recientemente, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos anunció que había nombrado una unidad especial para dar respuesta a esos 184 expedientes sobre torturas y desapariciones, lo cual es una buena noticia para las familias de tantas personas desaparecidas y torturadas, y también para la justicia que tanto hace falta en Honduras.
¿Pero es posible que pese a que hayan pasado más de 30 años estos crímenes todavía se puedan investigar y juzgar? Las torturas y las desapariciones forzadas son delitos tan graves contra la humanidad que el Estado tiene la obligación de buscar, detener, enjuiciar y castigar a los responsables dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.
Y los criminales no pueden ser beneficiados por indultos, amnistías, irretroactividad de la ley, prescripción de la pena ni prohibición de doble juzgamiento, incluso si existiera una sentencia absolutoria, las exigencias de la justicia y los derechos de las víctimas están por encima de ello.
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