Víctimas y sus representantes, expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el incumplimiento de 6 sentencias dictadas contra Honduras. Las presentaciones se realizaron en el marco de la audiencia conjunta de supervisión de cumplimiento efectuada el pasado viernes 28 de agosto en Tegucigalpa, en la que también participaron representantes del Estado.
Los casos supervisados por la Corte IDH fueron: Juan Humberto Sánchez, Alfredo López Álvarez, Servellón García y otros, Jeannette Kawas Fernández, Pacheco Teruel y otros y Carlos Luna López. Los peticionarios presentaron información sobre las obligaciones pendientes referidas a: situación carcelaria, protección a defensores y defensoras de derechos humanos e investigación de los casos.
Los afectados y sus abogados expusieron que, a pesar de que la Corte ha establecido que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, el Estado hondureño continúa incumpliendo con sus obligaciones internacionales en esta materia. Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en el 2012 el hacinamiento alcanzaba el 44%, pero actualmente la población carcelaria alcanza las 16,000 personas y los niveles de hacinamiento llegan al 68%.
La situación se agrava con la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que amplía a 21 los delitos para los cuales no se admite el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que impacta directamente en el aumento del hacinamiento. También se denunció la militarización del sistema penitenciario, la deficiente alimentación que reciben las personas privadas de libertad (que tiene un presupuesto diario de USD$ 1.36 por persona), y la inexistencia de un registro adecuado de personas detenidas.
Por otra parte, ante la obligación de Honduras de implementar una política pública para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, se informó que la recientemente aprobada Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, presenta diversas debilidades tales como: un diseño institucional carente de garantías para su funcionamiento autónomo, falta de claridad sobre los recursos que le serán asignados, omisión del perfil de las personas que integrarán el comité técnico encargado de realizar los análisis de riesgo, así como la ausencia de metodología y criterios para abordar dichos análisis, entre otros. Para los peticionarios, estas falencias deben ser solventadas a través de la reglamentación de la ley y la creación de otras normas secundarias que deben construirse en procesos participativos y transparentes que involucren a los grupos beneficiarios.
Asimismo, los representantes de las víctimas llamaron la atención de la Corte sobre el desacato de Honduras ante el mandato de investigar e identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Se resaltó la falta de voluntad política, evidenciada en las escasas diligencias que se han llevado a cabo luego de muchos años de ocurridos los hechos. Además se expresó preocupación por los insuficientes recursos humanos y económicos con que cuenta la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, por ejemplo, este año el presupuesto de la Fiscalía apenas sobrepasa los 600.000 dólares y sólo en Tegucigalpa tienen a su cargo más de 5.000 casos.
Para ponerle fin al patrón de impunidad imperante, las víctimas y sus representantes consideraron que se debe crear una unidad de investigación dentro de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y dotarla de recursos suficientes para que asuma el seguimiento a los casos. Además solicitaron que las organizaciones representantes participen del proceso de selección de quienes integrarán dicha unidad, así como el establecimiento de un mecanismo de seguimiento que permita a representantes, víctimas y familiares, conocer en forma periódica los avances que realice. Por último consideran vital la creación de una Secretaría Ejecutiva para dar seguimiento permanente a los casos que se estén tramitando ante los órganos del Sistema Interamericano.
El Estado por su parte presentó información sobre los temas planteados, pero la misma resultó insuficiente para satisfacer los requerimientos de la Corte IDH.
Las organizaciones reiteraron su disposición para continuar apoyando al Estado de Honduras a asumir los retos pendientes pero, a la vez, solicitaron a la Corte que ordene al Estado establecer un plan de cumplimiento con metas concretas para el abordaje de cada uno de los incumplimientos señalados.
Esta es la primera ocasión en que la Corte realiza una audiencia de cumplimiento en el país condenado.
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