Por Tommy Morales
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, la Central de Trabajadores del Campo, CNTC y el Colectivo Josefa Lastiri, ofrecieron una conferencia por la judicialización de las y los campesinos.
Veinte campesinos fueron detenidos en el desalojo del pasado 17 de julio en la comunidad de Planes, Santa María, departamento de La Paz, los que se encuentran en una lucha por la tierra; entre los enjuiciados se encuentran 5 mujeres Norma Suyapa Herrera, Sonia Isabel Gáleas, Gerardina Santos Hernández (actualmente en la penitenciaria), María Melecia Hernández (74 años, medidas sustitutivas), María Emérita López (tenía cuatro meses de embarazo); 11 hombres Darío López, Eulalio Lazo, Samuel Vásquez, Jorge López, José Caballero, Porfirio Rodríguez, Rufino García, Santos Agustín, Petrinio García, José Pérez, Juan Gutiérrez, José Flores y 4 menores de edad, las y los detenidos fueron sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos, a los niños los toletearon y mantuvieron media hora boca arriba bajo el sol.
Las organizaciones condenaron las condiciones en que se encuentran las defensoras que permanecen presas en la penitenciaria de Marcala, viven en hacinamiento, duermen en el suelo, comen al lado del servicio dentro de una pequeña habitación que comparten con ocho mujeres más.
Denuncian las repercusiones físicas, emocionales, psicológicas producidas por el desalojo por la captura y privación de libertad.
La defensora embarazada permaneció 22 días recluida en las condiciones antes mencionadas, sumando a estos los golpes y los gases lacrimógenos, doce días después de haber sido liberada con medidas sustitutivas sufrió un aborto.
Condenaron la confabulación del sistema jurídico al dictar detención y traslado inmediato a la penitenciaria sin darles la oportunidad de defenderse en libertad; exigiéndoles una serie de documentos fuera de lo común para demostrar arraigo por ejemplo notas de equipos de futbol, de iglesias, recibos, escrituras, entre otros.
Demandaron al sistema de justicia local que haga uso adecuado, objetivo, transparente de las normas jurídicas, sin sesgos de ningún tipo, la pronta liberación de las defensoras y defensores encarcelados injustamente y criminalizados por ejercer la defensa del derecho a la tierra y a la alimentación.
Para finalizar hicieron un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales para que se pronuncien en defensa de las y los campesinos encerrados en la cárcel de Marcala, La Paz.
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