Por Marvin Palacios
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) desarrolló el viernes 28 de agosto el foro: “Socialización de la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, Retos y Desafíos”, en vísperas de la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido que se conmemora el 30 de agosto y que creado por el Congreso Nacional de Honduras, mediante decreto número 284-2002.
El evento contó con el análisis y comentarios sobre la ley por parte de la Directora de Programas para México y Centro América, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva y la representante de la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización, Kenia Irías.
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva destacó que este es el primer debate que el comité propone sobre la recién aprobada ley con el propósito de debatir, analizar y hacer propuestas que permitan la aplicabilidad de este instrumento de protección.
Oliva destacó la labor ejercida por el Dr. Leo Valladares Lanza mientras se desempeñó como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), al señalar que tuvo la valentía de denunciar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras, en el libro “Los Hechos Hablan por sí Mismos” publicado en 1993.
La reconocida defensora de los derechos también resaltó el desempeño de la Directora de Programas para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Marcia Aguiluz al expresar que siendo una abogada joven está dedicando su vida en la defensa de los derechos humanos en la región.
En su intervención el primer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y director ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía participativa (ACI-Participa), Leo Valladares Lanza dijo que la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia tiene aspectos positivos, como el reconocimiento de los defensores de derechos humanos en Honduras.
Valladares Lanza expuso que un 80 por ciento de las observaciones planteadas por las organizaciones de derechos humanos fueron incorporadas por el Congreso Nacional en el contenido de la ley, pero que el resto (un 20 por ciento que se considera muy significativo) no se incluyó y lo que se obtuvo fue una ley que refleja ambigüedades.
Otro aspecto que señaló el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, fue que los legisladores y legisladoras crearon un órgano que no es desconcentrado y que por lo tanto crea dificultades para la implementación de la ley.
Lo positivo y lo negativo, lo ambiguo y el exceso de representación del Estado en los órganos de protección
Tal como quedó estructurado el órgano Ejecutivo, la aplicación recae en la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Descentralización y Desarrollo, por lo que los defensores y defensoras de derechos humanos deben velar por la debida implementación.
Valladares Lanza añadió que así como está estructurado el mecanismo, la ley no es sancionadora, sino que es una ley de prevención con 3 ejes muy marcados como la promoción, la prevención y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Entretanto, la representante de Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Kenia Irías expresó que por primera vez el estado está reconociendo la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y que posibilita la protección de estas personas en su labor de defensoría. Esa misma protección se torna un tanto compleja pero no irrealizable, dijo.
Para Irías, esta ley va a cambiar la visión del Estado con respecto al trabajo que han venido realizando los defensores y defensoras de derechos humanos, ahora hay políticas de protección y espera que la ley contribuya a proteger a quien defiende derechos, para lograr el fin último que es brindar garantías de no violación de los derechos humanos en el país o que por lo menos se reduzcan.
La funcionaria reconoció que el Consejo Nacional de Protección está integrado por muchas personas, entre ellas los beneficiarios y que el desafío actual es que este consejo se instale, pero que habrá dificultades por la estructura que tiene el país y porque se necesita de un Ministerio Público (MP) fortalecido, un aspecto difícil para estos momentos.
La ley además del Consejo de Protección como órgano deliberativo y político, también estipula la Dirección del Sistema de Protección que recae en la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización que realiza otras funciones dentro del engranaje ministerial.
Uno de los aspectos a considerar de acuerdo con los expertos que han analizado la presente ley es lo concerniente al análisis de riesgo, porque quienes hasta ahora se han erigido como “gurús” en este tema han sido representantes de las Secretarías de Seguridad y Defensa, de ahí que deben ser las organizaciones defensoras de derechos humanos (que lo han estado haciendo desde hace muchos con el enfoque de defensores) y que cuentan con años de trayectoria y con capacidades instaladas para dichos propósitos.
El otro punto es que aún no se cuenta con el Reglamento para la aplicación de la ley. La abogada Kenia Irías dijo al respecto que en su momento, se convocara a las organizaciones para la socialización del mismo.
Por otro lado aún no se cuenta con los recursos para la implementación de la ley, pero se anunció que la partida presupuestaria se obtendrá de los fondos de la tasa de seguridad.
Es de considerar que en los actuales momentos la Secretaría de Seguridad no goza de la confianza de la ciudadanía, porque en la implementación de protección para defensores y defensoras de derechos humanos ha tenido más una labor de vigilancia y de recolección de información de inteligencia, en lugar de proteger a los y a las que defienden los derechos humanos.
Por eso es que el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza recomendó la creación de un equipo especial de agentes capacitados por las organizaciones de derechos humanos para que realicen dicha labor.
Por último la Directora de Programas para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Marcia Aguiluz, resaltó que esta ley no ha sido un regalo del estado, sino que fue un trabajo e incidencia ejercido por las organizaciones defensoras de los derechos humanos desde los años noventas.
La incidencia de las organizaciones a nivel internacional logró que la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) condenara al Estado de Honduras por los asesinatos de reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos como Janeth Kawas, Carlos Luna y Miguel Angel Pavón, entre otros.
Con estas condenas la CIDH le ordenó al estado de Honduras crear mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos.
Marcia Aguiluz apuntó como fallas en la ley el hecho que no existe una conceptualización del Sistema de Protección, y que el Consejo Nacional de Protección establecido, incluye a un actor que no debió integrar este consejo y que es la Secretaría de Defensa o sea, las Fuerzas Armadas (FFAA).
Por otro lado, -resalta la experta-, la representación de la sociedad civil es minoritaria en la integración del Consejo Nacional de Protección, que es la instancia política.
Con respecto al Comité Técnico, la abogada Marcia Aguiluz destacó que este ente es el responsable de tomar las decisiones sobre a quién protege y a quién no. El gran reto es que se debe vigilar el perfil de aquellas personas que integrarán dicho comité, en vista de que no se cuenta en el país con la experiencia en este tipo de funciones.
Aguiluz resaltó el hecho que puesto que la Secretaría de Seguridad será la encargada de brindar protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, se necesita de la aprobación de un protocolo de seguridad.
La representante de CEJIL recomendó que las medidas de protección deben ser diseñadas desde la óptica de enfoque de género, ya se trate de mujeres, de miembros de la comunidad de la diversidad sexual o de jóvenes que defiende los derechos humanos.
Marcia Aguiluz cuestionó el procedimiento que se sigue para la impugnación de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Protección, porque según la ley se va a impugnar ante el mismo organismo que tomó la decisión de invalidar por ejemplo las medidas de protección para determinado defensor o defensora de derechos humanos.
Es una necesidad para la implementación de esta ley, que los defensores y defensoras de derechos humanos se apropien de la misma, que se difunda ampliamente y que se vigile el debido cumplimiento.
Participaron en el evento, además de las redes de defensores y defensoras de derechos humanos conformadas por el COFADEH provenientes de Choluteca y Valle, Zacate Grande, Danlí, El Paraíso, Ocotepeque, Lempira y del valle del Aguán, representantes de varias organizaciones de derechos humanos, representantes de agencias de cooperación e invitados especiales.
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