“No nos vamos a salir. Es nuestra casa y no tenemos donde vivir”, era el grito de los pobladores de la Colonia Regalo de Dios en Villanueva, Cortés antes de ser sometidos a una represión violenta por parte de la Policía Preventiva y Policía Militar la mañana del miércoles 23 de septiembre que dejó un joven muerto, varios heridos y 20 detenidos.
Era una mañana normal, el canto del gallo, la salida del sol, de fondo los radios y televisores con las noticias en un ambiente cotidiano en el que nadie se imaginaría lo que estaba por suceder.
De pronto los vecinos del sector vieron a lo lejos un fuerte contingente militar y policial que cercaban el predio de más de 15 manzanas de extensión para proceder al desalojo.
La reacción no se hizo esperar y las familias se trasladaron preocupadas a la entrada de la colonia para saber qué sucedía, pero según relataron varios vecinos, los uniformados sin muchas intenciones de negociar, luego de decirles que tenían que desalojar, dispararon bombas lacrimógenas en las que niños, mujeres y hombres fueron afectados directamente.
Esto era solo el inicio; el comienzo de un capítulo lleno de sangre, golpes y represión.
Entre el proselitismo y la represión
La mañana del 23 de septiembre vivió dos escenarios en la misma ciudad; por una parte el Presidente Juan Orlando Hernández llegó a la ceremonia de inauguración de reparaciones de la carretera que conduce a Tegucigalpa y por otra varias personas eran afectadas por la represión del gobierno.
Mientras en la ceremonia cantaban el himno nacional, dirigían palabras apoteósicas para el Presidente, a unos kilómetros de distancia en la Colonia Regalo de Dios se registraban los primeros incidentes de violencia.
A eso de las 11:30 de la mañana la violencia en el desalojo se desató y fue cuando luego de que la gente luchara para permanecer en sus viviendas la policía los sacó del predio, generando la respuesta inmediata donde con piedras, palos la gente se enfrentó a los uniformados.
Fue en ese momento cuando aumentó el gas lacrimógeno, y las balas que según denuncias de los vecinos fueron las que le quitaron la vida al joven Fernando José Castro Ramírez de 16 años. Ramírez encontró la muerte pues él iba a comprar manteca a la pulpería cuando la represión lo tomó por sorpresa.
Las agresiones culminaron con estrategias más fuertes de la policía, generando golpes y heridas en los habitantes de la zona y deteniendo a 20 personas que en horas de la noche fueron puestas en libertad.
Durante el desalojo no hubo presencia de organismos defensores de derechos humanos, por tal razón solamente la población que presenció el asesinato pide justicia y castigo para los responsables y que el crimen no quede en la impunidad.
Entre los detenidos durante la represión estuvieron: Alex Pavón (16), José Vásquez (24), Javier Villafranca (22), William Garay (18), Eliseo Pérez (37), Oscar Sandoval (27) Julio Soto (29), Wilmer Amaya (16), Maynor Guzmán (27), Douglas Ramos (15), Nicolás ROmero (56), Jorge Reyes (29), Marvin Sacaza (22), Isaac Avilez (18).
Varios expresaban que la policía actuó arbitrariamente en su detención golpeándolos y a varios interceptándolos cuando iban pasando por el sitio. Uno de ellos nos mostró su carnet de la Universidad pues venía de estudiar y otro sus papeles que venía a dejar a una empresa donde buscaba trabajo.
Las autoridades policiales desmintieron que ellos fueran los responsables del asesinato del joven y afirmaron que procedieron en el marco del respeto a los derechos humanos. Además en declaraciones del vocero de la Policía Preventiva en la zona norte Jorge Rodríguez dijo que iniciarán un proceso de investigación para saber quién es el responsable del crimen.
#Desalojo Los pobladores y pobladoras de la colonia Regalo de Dios lamentan que las autoridades abandonen a la población...
A sol y agua
“El gobierno no cumple con su responsabilidad de brindar una vivienda a los más necesitados, miles y miles mueren de hambre, no tienen donde vivir y cuando encuentran donde hacerlo el Estado los reprime”, manifestó el apoderado legal de las familias, el abogado Santiago Mejía, luego del desalojo.
Mejía calificó como un acto ilegal el desalojo, puesto que no se agotaron las investigaciones correspondientes sobre el verdadero dueño del terreno. Asimismo dijo que el Estado tiene la obligación de facilitar un lugar donde vivir a las personas, porque es un derecho constitucional de la gente.
Luego del desalojo la policía destruyó con maquinarias las viviendas de madera y de cemento dejando a las familias en la calle.
Durante la noche del desalojo, las familias quedaron con sus pertenencias en la calle, recibiendo una fuerte tormenta y sin ninguna opción hacia dónde ir.
Con un nudo en la garganta y lágrimas en sus ojos Melania Cruz relató: “es injusto lo que nos han hecho, somos víctimas de esta situación que nos sigue generando pobreza y que no nos permite vivir dignamente”.
La grabadora de Radio Progreso sirvió como paño de lágrimas para doña Melania quien recordó cómo le destruyeron su vivienda y de esa forma exigió al gobierno para que asuma su responsabilidad y que no solo les otorgue represión.
“Hacemos un llamado al gobierno, municipalidad para que nos reubiquen; lo que nosotros queremos es un sitio donde vivir, no tenemos a donde ir y mi familia, mis hijos pequeños no podemos quedar a la deriva”.
Mientras tanto Dorila Martínez pidió responsabilidad al gobierno, pues en campaña política ellos les habían prometido un pedazo de tierra donde habitar y ahora lejos de cumplir con esa promesa los están atacando.
El destino de las 300 familias desalojadas es incierto y ante el abandono gubernamental ellos quedarán junto a sus hijos y pertenencias descubiertos al impacto del sol y el agua.
Crisis territorial
Honduras vive una de sus peores crisis territoriales de la historia; el déficit habitacional supera el millón de viviendas y en la actualidad más de 300 mil familias no tienen acceso a la tierra.
En ese contexto la lucha de campesinos y pobladores que no pueden acceder a la tierra ni para trabajarla ni para vivir, inician procesos de recuperación de terrenos estatales, como fue el caso de la Colonia Regalo de Dios en Villanueva, Cortés al norte del país.
Este predio que consta de aproximadamente 15 manzanas de extensión a criterio de los apoderados legales de las familias desalojadas fue una donación de la empresa Tela Reilroad Company a la municipalidad de Villanueva.
El sector estaba deshabitado e incluso hubo denuncias de convertirse en una zona donde se tiraban cadáveres. El 26 de septiembre de 2007 más de 150 familias llegaron, que luego crecieron a 300 mediante su instalación y construcción de viviendas de madera y cemento.
Según el abogado Santiago Mejía apoderado legal de las familias, durante ocho años que la gente habitó en la Colonia nunca apareció un propietario y fue hasta los últimos meses del 2015 cuando en los juzgados la señora Alejandrina Aguilar Maldonado dio trámite al desalojo que días después se concretó.
La situación de los vecinos de la Colonia Regalo de Dios se asocia perfectamente con las demás realidades, para el caso esta semana también se registraron desalojos violentos por parte de la policía contra campesinos y campesinas que exigen un pedazo de tierra para vivir y trabajar.
Vía Campesina denunció un fuerte desalojo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción 9 de julio, ubicada en el sector de las Huertas en Tutule, La Paz.
Durante el desalojo destruyeron más de 50 viviendas, así como cultivos de 15 manzanas de café y 4 manzanas de maíz, la represión también dejó personas heridas y la detención de más de diez personas.
Ante la indiferencia estatal, la lucha campesina y territorial en Honduras tiende a incrementarse en exigencia de una verdadera Ley de Reforma Agraria integral.
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