Aunque muchos dudan de la honestidad que anima a la Organización de Estados Americanos para posibilitar procesos de diálogo entre los hondureños, otra parte de la ciudadanía ve en ello un mecanismo válido para identificar consensos en torno a las más urgentes endemias nacionales, entre ellas la corrupción, la impunidad, la insolvencia del Estado de Derecho, la inseguridad, el desigual crecimiento económico y la inequidad social, productos de un desgastado ejercicio bipartidista de poder.
Con el ingreso de la OEA a la escena patria, en papel de mediador, las condiciones para la efectividad de un diálogo público han variado, si bien sigue siendo obvio que no existe la mínima voluntad gubernamental para impulsar, al lado del ciudadano, las reformas que la nación requiere ni para escuchar las demandas y aspiraciones expresadas con vitalidad, espontaneidad y firmeza en el movimiento indignado de las antorchas, las que iluminan calles y avenidas en búsqueda de la regeneración económica, cultural y política de nuestro país. Al contrario, desde el babilonio mando verticalista se ha querido dividir, descalificar, intimidar, confrontar y tergiversar los objetivos del pálpito político ciudadano.
Para tal efecto ha sido montada toda una estrategia de manipulación mediática signada por el miedo y el terror (el sicariato incluso) que pretende asimilar este impulso a partidos de la oposición (los que tendrían ese derecho, pues son pro-Honduras) y a los que atribuye la autoría y empuje del movimiento, el que de triunfar ––piensan el régimen y sus grupos conexos–– ocasionaría grave amenaza a la sobrevivencia del presente orden de cosas, que es decir del abusivo statu quo.
El diálogo alterno o “nacionalizado” propuesto por el presidente (con jueces por él designados) fue su desesperada respuesta ante el súbito empuje cívico antorchero, que nunca naciera si la marea de corrupción no hubiera rebasado el aro de la letrina, obligando a la gente a denunciarlo en las calles. Y ese su diálogo sustitutivo funcionó mal porque el presidente, hábil en cinismo y distorsión, ofreció una propuesta que él mismo sabía, de antemano, que sería inaceptable pues prefijaba y enllavaba las condiciones y rumbo del mismo.
La exigencia de la CICIH, como condición sine qua non del diálogo, que es básica en la petición ciudadana, jamás formó parte del plan integral del Ejecutivo, el que acabó dando publicidad a su descabellada propuesta de instancias de doble espejo, en donde los mismos juzgarían a los mismos.
El diálogo genuino, eficaz e incluyente empieza con acuerdos que posibiliten la independencia de los poderes del Estado y el fortalecimiento de la débil institucionalidad pública. Lo que se anhela y gestiona mediante el diálogo es, en suma, un Estado fuerte y una ciudadanía participativa capaz de impulsar procesos deliberativos que tengan como resultado concreto un grupo básico de entendimientos mínimos, prestos para devolver la confianza en el deteriorado sistema político, así como el predominio de un gobierno funcional, abierto y civilizador, ajeno al autoritarismo y al clientelismo, un gobierno ni corrupto ni corporativista, entendiéndose por esto último el predominio del mercado sobre el bienestar social.
La escogencia en proceso de postulantes a la Corte Suprema de Justicia, que se desea ajena a toda influencia partidista indebida, será la prueba más contundente de si pretendemos, en serio o no, transformaciones reales en el sistema de justicia del país, como igual son indispensables en el Ministerio Público, en el Consejo de la Judicatura, organismos estos hoy malamente politizados, subordinados a la voluntad del funcionario presidente y al partido en el poder. Tales temas deben ser claves y prioritarios en la agenda de diálogo.
De igual forma debe exigirse la reforma del Tribunal Supremo Electoral, a fin de convertirlo en ente de genuina praxis democrática, uno que garantice elecciones libres y transparentes en el 2017, en cualquier consulta de opinión directa o siempre para evitar que sea el organismo desde donde se burla la voluntad que expresa el ciudadano en urnas. Este es otro tema primordial de agenda.
Aspirar a dialogar con sectores cooptados y afines a líneas políticas trazadas desde el gobierno, sin la participación de los múltiples y diversos entes sociales, nacionales y regionales, que representan la indignación, el hartazgo y el cansancio del pueblo, es engañar a la república y a la comunidad mundial. Serían diálogos de mentira y más que diálogos se convertirían en monólogos, mecanismos sutiles para desvirtuar la realidad, instrumentos para ganar espacio, apagar la antorcha y volver a la oscuridad del atraso, la exclusión, la opresión y la pérdida de libertad ciudadana, maquillada con falsas estabilidades.
El diálogo que la patria demanda es uno que conduzca a acabar con cualquier vestigio de concentración de poderes en una persona, que recupere el compromiso para elevar el papel de la institucionalidad del Estado de Derecho, que genere la investigación y el enjuiciamiento de todas las personas responsables del saqueo de instituciones públicas ––por ello la condición de la CICI––, y que redefina políticas económicas, agrarias, productivas, fiscales y sociales que dejen por fuera el protagonismo central de la actual élite empresarial y de las corporaciones transnacionales extractivistas.
El diálogo debe construirse sobre un único criterio innegociable: sólo la inclusión social, económica y política da como resultado la democracia.
Ismael Moreno, sj
Darío Euraque
Rodolfo Pastor Fasquelle
Víctor Meza
Eduardo Bärh
Patricia Murillo
Wilfredo Méndez
Helen Umaña
Efraín Diaz Arrivillaga
Mauricio Torres Molinero
Ramón Enrique Barrios
Julio Escoto
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