A través de la firma de un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, el Estado de Honduras asumió su responsabilidad en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras, hecho ocurrido hace 18 años en la ciudad de Tocoa, Colón.
La Cidh dictaminó una serie de recomendaciones por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. Ante la familia Escaleras y los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, Eric, representantes de la víctima, se firmó el acuerdo de cumplimiento.
“Lo que se ha firmado es un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones, básicamente porque la Comisión Interamericana ya falló el caso de don Carlos Escaleras y dio al Estado de Honduras una serie de recomendaciones. Con el objeto de que el caso no llegara a la Corte Interamericana pero principalmente para que los familiares tuvieran una reparación y tuvieran justicia en un menor plazo hemos accedido a firmar este acuerdo” explicó Marcia Aguiluz de Cejil.
“Satisfactoriamente, estamos dando un paso primordial para la solución del caso de don Carlos Escaleras Mejía junto con la familia, los representantes de ellos como ser Cejil y Eric” declaró el Procurador General de la República, Abraham Alvarenga.
18 años han pasado
Carlos Escaleras fue asesinado en Tocoa, Colón, por su lucha contra la explotación de los bienes naturales y por la justicia social en las comunidades más empobrecidas de esta zona del Valle del Aguán.
“Ha habido una falta de voluntad para poder resolver estos casos. Creemos que esto debió resolverse desde hace mucho tiempo. Ahora el Estado está viendo que cuando va a la Corte por estos casos lo único que hace es el ridículo” dijo Brenda Mejía, representante del Eric.
Pero los representantes del Estado consideran que lo que se ha hecho es un paso muy importante en la búsqueda de justicia. “Nunca es tarde, el Estado está reconocimiento su responsabilidad en este caso, y las disculpas a la familia y también a todos los ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos” dijo el Procurador Alvarenga.
El sufrimiento de la familia ha sido grande. Fueron privados del esposo, del padre, del abuelo, del amigo y del defensor de los derechos del pueblo. “Nos sentimos muy contentos, como familia, de haber estado aquí con el gobierno, y esperamos que el gobierno nos dé una respuesta con seguridad, porque ya son 18 años que hemos estado esperando” dijo doña Marta Alvarenga, esposa de Carlos Escaleras.
Doña Marta, en nombre de toda la familia Escaleras agradeció a todas las organizaciones del Valle del Aguán, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil y al Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, por todo el apoyo brindado en este largo proceso que aún no concluye.
Recomendaciones
En julio de 2014 la Comisión concluyó que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad de asociación y derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; así como los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de su madre, esposa, hijos y hermanos. Ante este fallo, la Comisión recomendó al Estado de Honduras reparar dichas violaciones de derechos humanos, así como reivindicar la labor de Carlos Escaleras.
“Hemos tenido dos intentos de llegar a soluciones amistosas donde la Comisión no intervenía, pero el Estado dejó pasar tanto tiempo que llegó a su etapa de fondo donde la Comisión viene ahora y le dice al Estado que se cometieron estas y otras violaciones en el caso de Escaleras, y tienen que cumplir con estas recomendaciones, y si no lo hace el caso pasa a la Corte” aseguró Brenda Mejía.
“Asumimos los compromisos de la medida de no repetición, de la indemnizaciones, de la educación en tema ambiental y de protección de defensores de Derechos Humanos, así como reconocer, mediante monumentos en la ciudad de Tocoa, la memoria de don Carlos Escalera Mejía” explicó el abogado Abraham Alvarenga.
Entre las acciones que el Estado deberá realizar están la elaboración y difusión de un documental televisivo sobre la problemática ambiental en Honduras y la labor que desarrolló Escaleras como activista, dicha producción audiovisual se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión. Además, el Estado de Honduras cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” para denominarlo “Carlos Escaleras Mejía” y se remodelará la Plaza del Centro de Tocoa la cual pasará a llamarse “Plaza Carlos Alfonso Escaleras Mejía”, donde se colocará un busto en su honor.
“Varias de las recomendaciones tienen que ver con la investigación de los hechos, la Comisión dice que tienen que investigarse a todos los participantes en el asesinato de don Carlos y también tiene que investigarse a los funcionarios que en algún momento obstaculizaron la justicia, protección a testigos y a víctimas, también recomienda medidas vinculadas con la protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos” explicó Marcia Aguiluz.
Vigilancia al cumplimiento
Con la firma del acuerdo no se termina el caso de Carlos Escaleras. “Nos falta mucho trabajo por hacer. Hay que dar seguimiento para que el Estado cumpla con los acuerdos que se quedaron, establecidos ya con fecha y hay que estar como pendientes de que se cumplan” aseguró Brenda Mejía.
Pero el Estado asume su compromiso de cumplir los acuerdos durante este periodo de gobierno que concluye en enero de 2018. “Nosotros vamos a liderar la comisión interinstitucional para que puedan llevarse a cabo todo el cumplimiento de los puntos y ya los más importantes los tenemos avanzados y sólo es que en los plazos que se ha fijado para la ejecución poder llevarlos a cabo para satisfacción de los familiares, de los representantes y también por los compromisos que hemos asumido como Estado” dijo el Procurador, Abraham Alvarenga.
Las partes acordaron que la CIDH evaluará en doce meses el acatamiento de todo lo establecido en el acuerdo de cumplimiento para lo cual el Estado, Cejil y el ERIC deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos.
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