Bajo el llamado “Consenso de Washington” se agrupan una serie de medidas económicas que los “organismos financieros internacionales” impusieron a los países latinoamericanos y, en general, a los países pobres o del sur allá por los años ochenta. El contexto era el final de la guerra fría, el desplome de la Unión Soviética, la crisis económica, el pago de la deuda externa y una reacomodación de la geopolítica mundial. También es conocido como “fundamentalismo de mercado” o “neoliberalismo”. Era la manera como la banca internacional dominaba y sometía nuevamente a los países pobres.
La visita y propuesta del facilitador de la OEA, señor John Biehl del Río, no deja de ser una puesta al día del “consenso” al que hemos aludido, pero aplicado al plano jurídico y político. Y, coincidentemente, se realizará en la capital estadounidense.
Al único actor político que ha dejado contento ha sido al gobierno y los sectores sociales que se identifican con él. Su visita no ha sido lineal: se han dado idas y venidas, presencias y ausencias y, sobre todo, porque no se lo menciona, rupturas. Esta ruptura, la ha proporcionado Guatemala y el hecho que su presidente fue despojado de su inmunidad, está en la cárcel y siendo enjuiciado. Queda de manifiesto que nadie está por encima de la ley y la sociedad civil está comenzando a poner límites y controles a sus gobernantes e instituciones.
Este es el punto determinante que se quiere pasar por alto pues, quiérase o no, marca un “antes” y un “después”. El “nuevo consenso de Washington” está en el “antes” y no en el “después”. Por eso su propuesta se invalida automáticamente por sí misma, queda obsoleta y no responde a la urgencia real del país. Terminó de desvirtuar la legitimidad la propuesta el modo y las declaraciones del señor Biehl del Río al momento de abandonar el país: agresivo, prepotente, descalificador y condenatorio con la oposición que, obviamente, rechazaba sus planteamientos. La prensa nacional muy atinadamente decía: “pasó de ser “facilitador de la OEA a un activista del Partido Nacional”.
Es la razón por la cual la presidenta del Comité Central del Partido Nacional se apresuró a decir que “los problemas de países vecinos no afectan a Honduras ni al gobierno. Son realidades diferentes: aquí no hay ni un punto de comparación entre la situación de Guatemala y la de Honduras. Aquí en Honduras sale a flote toda la situación de corrupción y no hace falta una CICI en el país”. Con ello de entrada y de antemano el Gobierno cerró las puertas a la creación de la CICI-H y, en definitiva, fue el camino seguido por la OEA.
Lo de Guatemala nos enseña que el juicio político debe hacerse rápido, sin tardanza, efectivo, sobre unas autoridades sometidas ellas mismas a la ley y constitución; y, sobre todo, que nadie se convierta en “juez y parte”. El trasladar y poner todo en manos a la sede de la OEA implicaría dejar todo empantanado iniciando un proceso demasiado largo, lleno de comisiones, expertos y dilaciones. Nadie será encausado, acusado ni acosado por las antorchas que luchan contra la corrupción e impunidad. Además, paradójicamente, en la ciudad del norte que veneran la estatua y la antorcha de la libertad, esa misma antorcha será signo de lo contrario: libertad para los corruptos y malversadores públicos.
Si el primer “consenso de Washington” sometió nuestra política económica a los dueños del mercado, este “nuevo consenso” lo hará a quienes se apoderan de la política e impiden que haya justicia, trasparencia, igualdad ante la ley y el fin de autoridades corruptas.
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