Por Marvin Palacios
El Consejo de Derechos Humanos escuchará el próximo 25 de septiembre en Ginebra, Suiza al estado de Honduras y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos respecto de las 181 recomendaciones dictadas en mayo pasado por las Naciones Unidas.
El estado de Honduras comparece para la fase de adopción respecto de las recomendaciones formuladas por el Exámen Periódico Universal (EPU), las cuales, de acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, no existe voluntad política para cumplirlas.
En esta oportunidad la delegación de la Plataforma EPU-Honduras estará conformada por las organizaciones: Asociadas por los Justo (JASS), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) y la Asociación Arcoiris.
Las organizaciones viajarán el 19 de septiembre a Ginebra, Suiza y sostendrán reuniones con delegados de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y con organizaciones internacionales que tienen estatus consultivo ante la ONU.
Las recomendaciones abarcan una serie de aspectos que involucran a grupos vulnerables de la sociedad hondureña, para el caso en el tema de las mujeres, el Consejo de Derechos Humanos abordó el tema del aborto y recomendó que se despenalice en los casos de incesto y violación.
“En este EPU más de 13 países recomiendan la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que según dicen ellos (el Estado) va a consultar e igual sobre el Convenio 189 relacionado a las trabajadoras domésticas, la Ley de Identidad de Género así como el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, sostuvo Martínez.
Respecto a las pastillas de emergencia utilizadas por las mujeres para prevenir embarazos no deseados, más conocidas como PAE y que actualmente están prohibidas por el estado hondureño, Martínez señaló que esa recomendación de abolir la prohibición, fue dictada en el EPU 2010 y que como esa recomendación no ha sido cumplida, sigue en firme.
Por otra parte el Consejo de Derechos Humanos recomendó varias acciones encaminadas a proteger los derechos de la comunidad de la diversidad sexual.
Donny Reyes, director ejecutivo de la Asociación Arcoiris
Donny Reyes, director ejecutivo de la Asociación Arcoiris expresó que se dictaron medidas sobre mecanismos de protección, reformas a la legislación “sobre todo en temas de equidad de género, también piden que se investiguen las muertes de las personas de la diversidad sexual y mecanismos de protección para los y las defensoras de derechos humanos”.
Reyes indicó que de 8 recomendaciones dictadas en el EPU- 2010 se aumentó a 14 en el EPU 2015 respecto de las organizaciones lésbicas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y “todas van a encaminadas a salvaguardar la vida e integridad física de las personas de la diversidad sexual, porque la situación que estamos enfrentando es preocupante, es una situación adversa, violenta y discriminatoria la que vivimos, sin embargo hacemos propias estas recomendaciones para buscar los mecanismos, para buscar alternativas, aunque no sabemos cómo, por el gobierno que tenemos”.
Otro de los grupos vulnerables es el compuesto por los periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales. El director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora, viaja con esta delegación a exponer a la comunidad internacional que las amenazas contra la libertad de expresión continúan y que no hay avances en las investigaciones sobre periodistas asesinados.
El Estado ha manipulado datos sobre diversas situaciones
La misión va a Ginebra para ofrecer información independiente de la información presentada por el Estado, que se ha encargado a través de los funcionarios de gobierno de manipular cifras, de manipular datos, sobre las situaciones de violencia, sobre las situaciones de criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, sobre la pobreza, los casos de femicidios, el acceso a la justicia y sobre muchos aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, explicó Tábora.
“El gobierno ha estigmatizado a ésta y a otras misiones por ir a estos organismos, y desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos lo que se hace es estigmatizar las informaciones independientes”, señaló el director de C-LIBRE.
Tábora dijo que han acusado a las organizaciones defensoras de derechos humanos de ser malos patriotas, de crear una mala imagen del país y lo que los organismos internacionales necesitan es que además de la información del Estado se lleve información independiente para analizar la información.
“La pretensión es aportar nueva información de éstos meses que han pasado desde abril de 2015 cuando se desarrolló el Exámen Periódico Universal (EPU) y que los organismos internacionales, en este caso el Consejo de Derechos Humanos y las misiones diplomáticas de los estados que participan en la misma, puedan comprender lo que está sucediendo en el país y sobre todo que hay un elemento nuevo, que no había en abril y que es el Movimiento de las Antorchas y todo lo relacionado con los datos que han salido y que tienen que ver con corrupción en el país”, explicó.
Según estadísticas que maneja C-LIBRE desde el año 2003 a la fecha, han sido asesinados en Honduras 60 periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales. De esta cifra, 57 murieron en condiciones violentas desde el golpe de estado ocurrido en 2009.
Edy Tábora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE)
En el período 2014-2015, del gobierno de Juan Orlando Hernández, han asesinado a 19 periodistas.
Tábora aseguró que “nosotros vamos a poner en conocimiento de los organismos internacionales la concentración del poder que existe, la fragilidad del sistema judicial, cooptada y arrodillada al presidente de la República (Juan Orlando Hernández), la militarización de todas las instituciones del estado y luego los excesivos gastos en seguridad pública que no reflejan la investigación de los delitos cometidos y tampoco en la rebaja considerable de los datos de violencia”.
En el año 2014 hubo 10 asesinatos relacionados con periodistas y comunicadores sociales y al mes de agosto de 2015 se han registrado 9 muertes violentas, por eso “es necesario poner en conocimiento de ello a la comunidad internacional y luego la criminalización que se produce hacia la prensa crítica desde el presidente de la República para abajo, que es una situación grave hacia los periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales que hacen una veeduría o un control social de los actos públicos.
“Entonces cuando se emiten noticias, opiniones o análisis desde el periodismo independiente, el Estado a través de sus representantes, incluyendo al presidente es altamente estigmatizante y pone en peligro a los periodistas y además les niega el acceso a publicidad y la cuestión se agrava porque se viola el derecho a ejercer un periodismo en libertad y se viola el derecho al trabajo”, sostuvo Tábora.
El estado de Honduras brindó un informe en mayo de este año sobre la situación de derechos humanos y ahí mismo hizo una adopción preliminar de algunas recomendaciones que aseguró ya estaban implementadas, otras que se comprometió a adoptar y otras que daría a revisión para hacer la adopción final en el mes de septiembre de 2015.
¿Qué es el EPU?
A través de un mecanismo llamado Examen Periódico Universal (EPU), el Consejo de Derechos Humanos examina periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos por parte de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
El examen de un Estado se basa en tres documentos: Un Informe Nacional elaborado por el Estado que se examina; una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y un resumen de la información presentada por otros actores interesados (incluidos los representantes de la sociedad civil), también elaborado por el ACNUDH.
El examen propiamente dicho tiene lugar en Ginebra, en un periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, que está integrado por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos así como por los demás Estados que son observadores.
El examen consiste en un diálogo interactivo de tres horas y media entre el Estado examinado y los Estados miembros y observadores del Consejo. Unos días después de ese diálogo, el Grupo de Trabajo adopta el informe sobre sus deliberaciones.
En la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos posterior al examen, unos meses después, se adopta un documento final sobre el resultado, que contiene el Informe del Grupo de Trabajo y la posición del Estado examinado con respecto a las recomendaciones recibidas.
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