La Coalición contra la Impunidad, a la comunidad nacional e internacional manifiesta:
Observamos, con profunda preocupación, que el proceso de integración de la Junta Nominadora para la elección de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, iniciado en el mes de julio con la convocatoria hecha por el Congreso Nacional y finalizado el 1 de septiembre con la juramentación de dicha Junta, no ha reunido las condiciones necesarias de transparencia, participación amplia e incluyente, respeto a principios democráticos y en general, se ha consumado a través de procesos viciados y manipulados por sectores vinculados a los partidos políticos tradicionales, sin que se hayan establecido previamente los perfiles adecuados que deben reunir los representantes ante la Junta Nominadora.
Lo anterior lo afirmamos en base a los siguientes hechos de conocimiento público:
a) La Corte Suprema de Justicia nombró como representante propietario ante la Junta al Ricardo Rodríguez, ex Diputado, ex Subprocurador General de la República, de reconocida militancia en el Partido Liberal; y como suplente a Octavio Sánchez, de reconocida militancia en el Partido Nacional.
b) La Asamblea de Organizaciones de Sociedad Civil, realizada el 28 de agosto, fue manipulada por la Confraternidad Evangélica de Honduras, que en un comunicado público, de fecha 30 de agosto, han expresado rotundamente su posición excluyente hacia otros sectores de sociedad civil, estableciendo: “Muchas decisiones trascendentales se toman en las Cortes. Podemos tomar la decisión de incidir en la nominación de los candidatos a integrar dichas cortes, o podemos ceder esos espacios a grupos con ideologías no compatibles con el cristianismo o las comunidades lésbico-gay, y que sean otros los que decidan por nosotros, como lamentablemente está ocurriendo en otros países”. Para conseguir su propósito la Confraternidad Evangélica actuó en contubernio con la Alianza por la Paz y la Justicia y FOPRIDEH.
Asimismo, esta Asamblea fue excluyente pues se realizó únicamente en Tegucigalpa y con muchos obstáculos para la obtención de las acreditaciones correspondientes. Se presentó, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un recurso de amparo que como es usual no fue debidamente atendido por esa Sala.
c) La Asamblea del Colegio de Abogados de Honduras se realizó únicamente en Tegucigalpa, con lo cual se limitó la participación de los capítulos regionales, con lo cual, salieron electos como candidatos(as) a la CSJ aquellas personas que invirtieron recursos en movilizar a sus votantes.
Por otra parte, la elección del Presidente del CAH, José Luis Valladares, como representante propietario ante la Junta Nominadora, no se hizo de una forma democrática. Además, el hecho de que el señor Valladares ejerza un cargo en la administración pública podría restarle independencia en sus decisiones.
Asimismo, nos preocupa sobremanera el hecho de que ha realizado declaraciones en diferentes medios de comunicación expresando “no permitiremos que denigren a los magistrados, quien lo haga será querellado”. Estas actuaciones, además de atentar contra la libertad de expresión, le restan las posibilidades de transparencia al proceso de elección y desconocen los procedimientos de tachas que permitan a la población realizar las impugnaciones a los candidatos y candidatas propuestas.
d) En cuanto al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, lamentamos que haya sido nombrado como representante propietario, el señor Santiago Ruiz, quien participó en el proceso de selección anterior en el año 2008-2009, cuyos resultados negativos son ampliamente conocidos por todos y todas.
e) En relación a los claustros de Profesores de las Facultades de Derecho, ha trascendido que no hubo una amplia participación y que tanto la elección de los representantes a la Junta como la selección de la nómina de veinte candidatos(as) se realizó de forma antidemocrática, sin propuestas previas ni análisis de hojas curriculares.
f) Para la elección de los representantes de las Confederaciones de Trabajadores los procedimientos han carecido totalmente de transparencia pues se desconoce si se realizó la Asamblea Extraordinaria que manda la Ley o si la elección se realizó una forma totalmente antidemocrática.
g) Otro aspecto lamentable en la integración de esta Junta Nominadora es la ausencia absoluta de mujeres en calidad de propietarias y la presencia de una sola, como representante suplente del CONADEH. Esta conformación violenta los principios de participación igualitaria y hace presumir una discriminación por razones de género.
En resumen, la valoración de esta primera etapa del proceso de elección de los Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, nos conduce a afirmar que no ha existido la debida responsabilidad por parte de los entes nominadores ante el reclamo ciudadano de poder contar con Magistrados(as) independientes y honestos.
Sin embargo, en este momento inicia una nueva etapa que consiste en la recepción de propuestas y la evaluación de las personas nominadas y autonominadas y esperamos que los representantes propietarios y suplentes asuman este trabajo con honestidad e independencia.
Le recordamos a la Junta Nominadora el contenido del artículo · de su Ley Orgánica: “En la integración y organización de la Junta Nominadora y en su desempeño, deben observarse los principios de publicidad, transparencia, rigurosa apego a la Ley, solemnidad, ética, escogencia idónea, independencia y respecto a los principios democráticos”.
Con fundamento en su propia ley, le exigimos a la Junta Nominadora que actúe con transparencia, lo cual implica la publicidad de sus reuniones, así como de las actas de cada una de estas reuniones, la motivación de sus decisiones y que se establezcan plazos para el cumplimiento de sus actividades. Nos dirigiremos formalmente a la Junta Nominadora para pedirle que permita a la Coalición contra la Impunidad participar en sus reuniones, como un ejercicio de veeduría ciudadana.
Para finalizar estimamos necesario que la Junta Nominadora entregue públicamente la nómina de cuarenta y cinco candidatos(as) al Congreso Nacional, a más tardar el día 1 de diciembre del presente año, para que así sea posible para la ciudadanía conocer los candidatos(as) y para los diputados y diputadas del Congreso hacer una evaluación responsable de los mismos.
Coalición contra la Impunidad
Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación LGTB Arcoiris de Honduras; Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH); Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA); CARITAS – Diócesis de San Pedro Sula; Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Centro de Educación y Prevención en Salud,a Sexualidad y Sida CEPRES - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H); Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH); Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Colectivo Gemas; Colectivo Unidad Color Rosa; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO); Comité por la Libre Expresión C-Libre; Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral; Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental; Crisálidas de Villanueva; Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC); Feministas Universitarias; Frente Amplio del COPEMH; Foro de Mujeres por la Vida; Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH); JASS en Honduras; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR); Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”; Red de Mujeres Jóvenes de Cortés; Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador”; Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC); Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
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