La existencia de un poder judicial competente, independiente e imparcial constituye un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho, por lo que se es necesario establecer procedimientos estrictos de nombramiento y de destitución de los miembros de la magistratura.
Pese a los esfuerzos para despolitizar la designación de magistrados y magistradas a través del procedimiento de la Junta Nominadora, la elección final sigue realizándose bajo los mismos vicios de la lógica de repartición partidista y no basada en las mejores capacidades técnicas, integridad moral y experiencia de los candidatos propuestos.
Por ello es que, como lo señaló la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, “El Congreso Nacional de Honduras ejerce un control considerable sobre el poder judicial, lo cual es incompatible con el principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial, elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de derecho”.
Al estar a las puertas de la elección de la nueva Corte, lo ideal sería que se aprobara la Ley de Audiencias Públicas, que se encuentra engavetada, para garantizar un proceso de evaluación y selección transparente, confiable, participativo e imparcial.
Pero como en este momento ya es imposible por cuestiones de tiempo, la propuesta de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) para garantizar un proceso de ese tipo es más que oportuna y consiste en la emisión de un Reglamento de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora.
Entre otras cosas, la propuesta de la AJD plantea una amplia participación de la ciudadanía a través de la instalación de una veeduría social, la creación de un procedimiento para conocer las hojas de vida de los candidatos y candidatas, la posibilidad de interponer impugnaciones, y una explicación clara y motivada de los méritos y capacidades de las 45 personas seleccionadas por la Junta Nominadora.
Y finalmente, la AJD plantea que la elección final de los 15 magistrados y magistradas en el Congreso Nacional, se realice en el marco de un debate que posibilite a la ciudadanía conocer las cualidades que se ponderan en cada uno de los candidatos y candidatas; para ello se requiere que el listado de las 45 candidaturas se presente al Congreso por lo menos 1 mes antes de la elección.
La clase política vuelve a tener una oportunidad de recuperar parte de la confianza ciudadana si eligen transparentemente a la nueva Corte Suprema de Justicia. Pero también, como nos exhorta la AJD, la ciudadanía tenemos la oportunidad de conformar un frente común que nos permita tener incidencia real en el funcionamiento de la Junta Nominadora y conseguir una elección que provoque cambios a favor de un Poder Judicial verdaderamente independiente.
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