Una nueva jornada de exposición y venta del territorio nacional se desarrolló el pasado 12 y 13 de agosto en San Pedro Sula en el Cónclave Mundial de Minería que albergó a inversionistas de 24 países.
Como parte de la política entreguista del gobierno de Juan Orlando Hernández, Honduras se presta como organizador y promotor de la inversión extractiva, poniendo a disposición de los empresarios extranjeros los ríos, territorios y bienes naturales del país.
El evento se efectuó en una empresa hotelera de la capital industrial, donde se discutió una agenda empresarial compuesta por la creación de un Consejo Mundial de la Minería y la Industria Extractiva.
Este acuerdo fue apoyado por las 24 representaciones internacionales quienes nombraron a Reinaldo Ekónomo (excandidato a diputado por el Partido Nacional) actual coordinador del Consejo de la Minería e Industrias Extractivas y de Comercio e Inversionistas (Comicoin) como presidente del Consejo Mundial de Minería.
Además se conformó una mesa de negocios que hará planteamientos al gobierno de Juan Orlando Hernández en los términos de concesiones mineras, en ese sentido se realizará ofertas y propuestas a los demás gobiernos interesados en abrir sus territorios a la industria extractiva.
Los acuerdos y la reunión fueron rechazados rotundamente por el movimiento territorial aglutinado en las comunidades, organizaciones ambientalistas, garífunas, indígenas y populares quienes durante la noche del 12 de agosto y la mañana y tarde del 13 de agosto protestaron enérgicamente contra los proyectos mineros.
Berta Cáceres coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, manifestó que estos eventos son un nuevo crimen contra los intereses de las comunidades y un atentado directo a la naturaleza, porque la minería solo deja daños, saqueo, enfermedades y despojo en las familias de los sectores afectados.
“Sabíamos que ellos organizarían una estructura de este tipo, para a través de ella cooperar con la política entreguista del Estado”.
“Por eso debemos agudizar la lucha, la resistencia de las comunidades contra proyectos que atentan contra los intereses de la naturaleza”, concluyó Cáceres.
Resistencia a la minería
La resistencia de las comunidades a la minería sigue con más fuerza que nunca y es que varias organizaciones aglutinadas en la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras exigen un alto a la entrega del territorio hondureño a las compañías nacionales y extranjeras.
Las comunidades piden que se respete su territorio y que no vendan sus ríos, tierra y mucho menos que implementen proyectos que atenten contra la salud de sus familias.
Durante el Cónclave desarrollado en San Pedro Sula, las organizaciones protestaron bajo la consigna de: “no a la minería”, y mediante un comunicado la Plataforma expresó algunas demandas:
“Denunciamos que este cónclave minero se ha convertido en un nuevo delito de traición a la patria cometido por el señor Juan Orlando Hernández y demás funcionarios públicos involucrados, quienes en alianza con empresarios nacionales, Instituciones de Financiamiento Internacional y corporaciones transnacionales, se han dado cita en la ciudad de San Pedro Sula para repartirse, como un botín, las riquezas de nuestro territorio nacional, hecho que lejos de generar desarrollo y bienestar, estaría acelerando una nueva fase de conflictos socio ambientales a nivel nacional”.
Otro punto que plantea el comunicado expresa: “revelamos que muchas de las empresas originarias de los países que participan en este cónclave han sido denunciadas y condenadas mundialmente por su recurrente práctica de reiteradas y graves violaciones a los Derechos Humanos fundamentales de las comunidades que son víctimas del despojo de sus territorios y sus Bienes Comunes, así como también, víctimas de diversos tipos de vulneraciones a los Derechos de los defensores y defensoras que acompañamos a las comunidades que ejercen su legítimo derecho a la protesta y a su autodeterminación, al rechazar esta nueva invasión colonialista que significa el extractivismo”.
Y culmina con estos dos puntos: “esta subasta del territorio y los bienes naturales, es la continuidad de graves violaciones a Derechos Humanos impulsadas desde el gobierno Hernández, que se traducen en la destrucción y contaminación del ambiente, en daños a la salud, en divisiones comunitarias, en la fragmentación de territorios ancestrales, generando daños irreversibles a las poblaciones originarias, enfermedades, pérdida de la cultura, aumento de la prostitución, alcoholismo y drogadicción, el incremento a la violencia hacia las mujeres, niñas y niños, aumento de los feminicidios, la pérdida de la economía propia y los vínculos con el crimen organizado que son generados por la industria minera”.
“Exigimos un juicio político a Juan Orlando Hernández, así como el enjuiciamiento al Fiscal General de la República y al Fiscal General Adjunto, reiteradamente denunciado por su vinculación en la entrega de Bienes Naturales al empresariado extranjero”.
Con estas protestas los empresarios e inversionistas durante el Cónclave pudieron observar el rechazo de la gente a los proyectos, la situación se trasladó hasta la conferencia de prensa donde fueron abordados por los medios de comunicación bajo las demandas de los manifestantes.
Reinaldo Ekónomo presidente del Consejo Mundial de Minería manifestó que: “tienen el derecho de hacerlo, pero ahora nos comprometemos a impulsar proyectos de minería responsable, porque para nosotros no puede haber minería sin protección al medio ambiente”.
Sobre la muerte violenta de líderes comunales producto de su lucha contra la minería expresó: “repudiamos cualquier asesinato a líderes de las comunidades que se opongan a este tipo de proyectos, pero hacemos un llamado para que nos sentemos a dialogar y buscar salidas en conjunto”.
El problema que ha dejado la minería fue resumido por Berta Cáceres quien responsabilizó al gobierno y a las empresas mineras de ser los responsables de irrespetar el derecho de las comunidades, de nunca consultarles y de garantizar la impunidad para los asesinos de los líderes en resistencia.
El plan de los inversionistas
El sector empresarial se organiza en torno al negocio extractivo y es que luego del Cónclave conformaron una Mesa de Negocios que es un apéndice del Consejo Mundial de Minería que desde ya ha planificado una serie de propuestas al gobierno.
Para noviembre esta instancia se reunirá en Miami, Estados Unidos donde conversará con más inversionistas con el fin de poner en la mesa de elección los territorios en condiciones para proyectos mineros.
Reinaldo Ekónomo presidente del Consejo dice: “creamos un Consejo Mundial de la Minería que será presidido por mi persona y en Miami, Estados Unidos en noviembre nos reuniremos con 67 países para dar seguimiento a esta proyección”.
El funcionario manifestó: “el gobierno ha sido un gran facilitador para que las cosas mejoren en cuanto a los permisos y a disposición para los proyectos mineros”.
“Además tenemos una Ley de Minería que favorece a las comunidades y que regula desde las violaciones y daños ambientales hasta las consultas a las comunidades”, concluyó.
Por su parte German Guzmán coordinador de la Mesa de Negocios plantea que en Honduras hay un nuevo nacimiento, puesto que los extranjeros ven como está organizado el país y observan la riqueza y la disposición del gobierno para hacer negocios que generen trabajo.
“Hay apoyo de las organizaciones empresariales y del gobierno, por lo tanto esperamos agilizar los trámites para la entrega de documentos y permisos y ya no será tan engorroso como antes”.
“Tenemos muchos planes para que se puedan abrir las negociaciones y lo que esperamos es que la gente tenga confianza y se acerque a nosotros”, argumentó Guzmán.
El ambientalista Pedro Landa dijo que esa perspectiva empresarial es normal, pues a ellos no les importa generar riquezas a cambio de destrucción y daños a las comunidades, por tal razón enfatizó en que las comunidades deben continuar con el proceso de organización para repudiar este tipo de propuestas.
La vía del negocio extractivo está en la mesa del debate donde por una parte cuenta con el apoyo gubernamental pero por otra aumenta la resistencia de los pueblos en defensa de los bienes naturales.
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