En el contexto de una mesa de análisis organizada por una oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), diversos investigadores y especialistas vincularon el desolador panorama que impera en el país en esa materia a la generalizada impunidad, la cual, a decir de Julieta Morales Sánchez, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos (Cenadh), provoca la reproducción social de la violencia y de los delitos y conforma un círculo vicioso de impunidad e injusticia que agrava la situación de víctimas, que a su vez son revictimizadas no solamente por delincuentes, sino por parte de las entidades estatales. A su vez, Arturo Alvarado Mendoza, del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, señaló que desde el poder público se enuncian los derechos humanos, pero ese mismo poder es ejercido de una forma tal que anula tales derechos.
Esos y otros señalamientos formulados en el encuentro referido tienen como telón de fondo la manifiesta agudización de la inseguridad en general, y particularmente de una hostilidad que se ha ensañado contra activistas, periodistas y disidencias de toda clase y que provienen, en forma directa o indirecta, de estamentos de los diversos niveles de gobierno.
El caso más reciente es el del fotorreportero Rubén Espinosa y la antropóloga y activista Nadia Vera, torturados y ejecutados la semana pasada junto con otras tres personas en un departamento de la colonia Narvarte en esta capital. Independientemente de las conclusiones a las que llegue la procuraduría local, el hecho es que Espinosa y Vera se vieron obligados a salir de Veracruz, entidad en la que laboraban, por el acoso y las amenazas de empleados de la autoridad estatal, según denunciaron meses antes de ser asesinados.
En este contexto resulta inquietante la advertencia emitida ayer por los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala, de que la persecución de los opositores al régimen es el signo de los tiempos que corren y se observa tanto en el asesinato de periodistas y activistas como en el hostigamiento contra el magisterio de Oaxaca y del resto del país y su señalamiento de que día con día se multiplican los casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, estado de México y ahora en el Distrito Federal. Con base en esos hechos, los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa afirmaron que todo México es territorio de impunidad.
En efecto, el país asiste a una parálisis generalizada de las capacidades del Estado para garantizar la seguridad y la vida de la población y procurar e impartir justicia, no sólo en los casos de violaciones evidentes a los derechos humanos, sino también ante los síntomas inocultables de corrupción gubernamental, como ocurre con la reciente fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de El Altiplano, en Alomoloya, estado de México.
Y la clave de esta situación es, en efecto, como se señaló en el encuentro convocado por la CNDH, la inveterada impunidad de que suelen disfrutar los agresores y los transgresores, particularmente cuando operan desde dependencias oficiales.
Al margen de discursos y de reformas legales e institucionales, resulta claro que el fallo principal no se encuentra en el marco legal vigente, sino en la falta de voluntad para hacerlo cumplir. Las autoridades de todos los niveles y de los tres poderes deben hacer frente de una vez por todas al entramado de complicidades y encubrimientos que desembocan en la impunidad generalizada y en un estado de derecho que es, en buena medida, un mero ejercicio de simulación. Resulta imperativo que los gobernantes y la clase política en su conjunto sean capaces de percibir el profundo daño que estos fenómenos causan al país, a la gobernabilidad y a la autoridad de las instituciones.
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