En una condensación propia de la guerra ideológica contrainsurgente, el Ministerio de Seguridad divulgó un comunicado a propósito de las protestas campesinas el cual, en su núcleo medular, dice textualmente, “Estas acciones de alteración del orden público obedecen a una estrategia de grupos interesados en desestabilizar el gobierno, promover el caos y el desprestigio de la institucionalidad para llevar al país a la ingobernabilidad”.
Como sabemos, las organizaciones campesinas se tomaron varios tramos de carreteras para exigir del gobierno una respuesta a una propuesta de reforma agraria con inclusión de género así como expresar, en sintonía con el fenómeno de las antorchas, la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras.
El gobierno -a través del Ministerio de Seguridad, conducido por un militar- denuncia que los grupos campesinos están promoviendo “el desprestigio de la institucionalidad” con sus protestas y reclamos, sin embargo no hemos oído del Ministro de Seguridad ninguna referencia al saqueo que han hecho los funcionarios del Estado con la institución del Seguro Social, ni a lo que hicieron los funcionarios con el Instituto Nacional Agrario, ni lo que han hecho con la ENEE, el Ministerio de Salud y con muchas otras instituciones del Estado. ¿Quiénes desprestigian más las instituciones? ¿Los campesinos que protestan o los funcionarios que atracan desde sus puestos a las instituciones públicas?
Tampoco hemos escuchado del Ministro de Seguridad sobre altos oficiales y medios con la institución llamada Policía Nacional. ¿Quiénes desprestigian más las instituciones del Estado? ¿Los campesinos que al no ser escuchados por el gobierno deciden llamar la atención a sus demandas con acciones en las carreteras del país, o muchos de los oficiales de la policía que han usado sus puestos para confabularse con la criminalidad organizada, y que se protegen dentro de las mismas instituciones para evadir la justicia?
El Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas son raudos y veloces para amenazar, reprimir y dictar requerimientos fiscales a quienes protestan a veces con acciones públicas y polémicas como las tomas de carreteras. Pero se vuelven lentos, desentendidos, cómplices e incluso defensores ante aquellos funcionarios públicos que desde el Estado saquean y utilizan las instituciones para hacerse ricos o gozan de impunidad. De ese desprestigio y esa ingobernabilidad consecuente no se dice nada.
Para el gobierno, los desestabilizadores y los que desprestigian las instituciones son los campesinos, mientras que los verdaderos saqueadores y los que han hundido las instituciones y desestabilizado a la sociedad hondureña, siguen siendo tratados como personas honorables y gozan de la protección de todas las instituciones.
Aquí en Honduras no ha pasado nada, los saqueadores y sus protectores a seguir aplicando todo el peso de la ley y del desprestigio a las víctimas de sus actos mafiosos.
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