Por Sandra Rodríguez
Más de 300 efectivos policiales y militares custodiaban ayer tarde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa, situación que ha sido repetitiva en los últimos días cuando se desarrolla el Juicio Oral y Público contra un periodista, denunciado por 16 delitos de difamación constitutivos de injurias, de parte de la esposa del Fiscal General Adjunto del Ministerio Público (MP).
Hay más policías y militares en los alrededores, no sé cuántos somos porque hay de varios grupos, manifestó uno policía del Comando COBRA, mientras sostenía un escudo y tolete, ya casi al atardecer, dentro de los predios de la CSJ, en el tercer día de audiencia, en la causa que se le sigue al director de Radio Globo y Globo TV, David Romero Ellner, se le había citado a las 5:00 p.m. para escuchar las conclusiones de esta etapa jurídica.
El acceso al palacio judicial una vez más estuvo restringido, como sucedió la semana pasada cuando dio inicio el juicio, con la excusa de dar seguridad, ya que el 23 de julio, la audiencia fue suspendida cuando cientos de manifestantes entraron a la CSJ y se llevaron al periodista, por temor a que fue detenido, sin el debido proceso.
El cordón policial-militar es combinado, y estando ellos se cierran calles aledañas, pese a que la CSJ es la cede de unos de los tres poderes del Estado, que se supone son interdependientes entre sí, pero haya una militarización extrema son órdenes que no dependen del Poder Judicial, según algunos empleados.
El periodistas Romero Ellner, a través de los medios de comunicación que dirige, ha denunciado actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), considerado el saqueo más grande de la historia nacional, y que asciende a 7 mil 300 millones de lempiras, causando unas 2800 muertes entre 2012 y 2014.
El comunicador ha mostrado, entre las denuncias cheques con fondos del IHSS para financiamiento de la campaña política del Partido Nacional, al cual pertenece el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
En esta ocasión, Romero es acusado por 16 delitos de difamación contra Sonia Gálvez, esposa de Rigoberto Cuéllar, Fiscal Adjunto de Óscar Chinchilla, Fiscal General del MP, sin embargo, el entorno de lo que debería ser un caso privado, es un juicio político, ha denunciado el periodista, “pero yo les voy a decir la verdad este es un juicio político … pero aquí hay de por medio injerencia del poder político”, expresó ayer Romero Ellner.
Para muchas personas, es extraño y exagerada la presencia militar-policial en la CSJ, hay una vigilancia de los cuerpos armados como nunca antes se ha visto, ni cuando se enjuicia a grandes delincuentes, ha declarado Rigoberto Ulloa, coordinador del Observatorio Ecuménicos Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH), que estuvo pendiente del proceso.
Los ciudadanos que se quedan en las afueras de la CSJ, han manifestado que no es posible tanta presencia militar y policial, ya que es un desperdicio de fondos públicos, al ser pagados con los impuestos del pueblo, y que deberían de estar en otras labores como en la defensa de la soberanía del pueblo, y no en posición de atacar o coartar la libertad de circulación.
Ulloa, manifiesta que hay una intromisión de parte del Poder Ejecutivo, que dirige Juan Orlando Hernández, y da vergüenza ver la CSJ como si se está dando el juicio del fin del mundo.
Otra injerencia entre poderes, cuando se ve la actitud de la rectora Julieta Castellanos, que permite que los mismos cuerpos armados que asesinaron a su hijo, entren a la UNAH para que repriman a los estudiantes que luchan por sus derechos.
Como pastor evangélico de la Iglesia Agape, Rigoberto Ulloa, explicó que, las plagas que atacan al pueblo hondureño son la inseguridad, corrupción, narco estado, venta del territorio nacional, muertes causadas por el saqueo al IHSS, sin embargo cree que la justicia va a resplandecer en el país.
Al ver líneas militares-policiales oponiéndose a la civilización, cuya arma de protesta es su indignación ante la corrupción y la impunidad, “es el escenario del pueblo contra el pueblo” no podemos perder esa lucha tenemos que estar en la defensoría de la libertad de expresión de los derechos humanos, no estamos aquí por una persona sino en la defensa del derecho a la libertad de prensa, afirmó Ulloa.
La corrupción ha salpicado todos los escenarios, es algo lamentable, pero como pastor evangélico, sé que Dios está viendo el clamor de este pueblo y que sabrá acompañar al necesitado, porque no es indiferente, opuestos son los que nos dirigen que son santiguados cada semana por los jerarcas católicos y evangélicos, creo que la paz de ellos se la terminaron por sus propias manos, concluyó el pastor Ulloa.
En el caso de Romero, el vocero de la CSJ, Melvin Duarte, manifestó que el Tribunal de Sentencia se estará pronunciando con su fallo una vez que dos recursos de amparo y uno de Inconstitucionalidad, sean conocidos por los jueces de la Sala de lo Constitucional.
En el caso de los Recursos de Amparo han sido presentados para su revisión de parte de la defensa, y en el caso del Recurso de Inconstitucionalidad fue trasladado el lunes pasado a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, quienes a partir del ese momento tienen seis días para pronunciarse.
Ayer también estuvo rodeada de policías y militares los predios del Juzgado de Letras de lo Penal en Comayagüela, donde se realizaba la audiencia inicial en contra de tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, acusados por las autoridades que rectora Julieta Castellanos, por los delitos de usurpación y detentación de espacios públicos, y por instigadores, específicamente de promover las manifestaciones en la defensa de sus derechos estudiantiles el pasado mes, cuando hubo toma de edificios en los centros educativos de la máxima casa de estudios a nivel nacional.
Es por ello que los Centros Regionales Universitarios (CUR) también han sido militarizados, y sus elementos armados, hasta guardias de seguridad privada con chalecos antibalas, se despliegan dentro de los predios, violentando su autonomía, y levantando perfiles de los manifestantes que exigen mejor calidad educativa e incluyente, así lo denuncian los jóvenes que participan de las luchas sociales.
Por órdenes de la rectora magnifica, Julieta Castellanos, el 17 de julio sus apoderados legales solicitaron requerimiento fiscal y órdenes de captura contra los jóvenes, y ayer en juicio oral y público, fueron acompañados por un nutrido grupo de estudiantes, quienes se manifestaron dentro del cerco militar-policial.
Estas acciones de militarización y confrontación con el pueblo, se dan en el marco del movimiento nacional conocido “Indignados” que a nivel nacional realización manifestaciones exigiendo un cese a la impunidad y la corrupción que tiene a más de un millón y medio de los 8 millones de habitantes viviendo en extrema pobreza, pero que el caso que ha obligado a la gente a salir a las calles con una antorcha en mano, es el latrocinio del Seguro Social.
La población exige al Estado que solicite a la Organización de la Naciones Unidas, ONU, la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras, CICIH, por lo que también se mantuvo una huelga de hambre por 40 días en las cercanías a Casa Presidencial (del 22 de junio al 31 de julio) donde nunca pudieron llegar, quedando a unos 150 metros de la entrada principal, porque policías y militares se lo impedían, además intimidaban a quienes se pronunciaban contra del mandatario, que vale señalar tampoco mostró interés por los huelguistas.
“La militarización no resuelve la corrupción e impunidad” Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
Tener a la sociedad hondureña bajo el mandato y la actuación militar ha sido la primera orden que dio el presidente Juan Orlando Hernández al pronunciar su discurso de toma de posesión el 27 de enero 2014.
“En esa línea me parece que está haciendo cambios que la ciudadanía, las organizaciones sociales y el pueblo en general han querido cambiar, porque está imponiendo a las fuerzas militares para que sean éstas las que interactúen y que garanticen la seguridad, lo que significa que militarización es lo que nos espera en este gobierno”, expresó la defensora de derechos humanos, hace algún tiempo, y demuestra que sus palabras continúan actuales.
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