El presidente Juan Orlando Hernández declaró el 2015 como el año de la minería. Con el apoyo del Banco Mundial y en coordinación con el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, ha organizado el evento “Honduras lista para la minería” que se desarrollará en dicha ciudad el 12 y 13 de agosto.
El objetivo de este evento es presentar al país como un paraíso para la inversión minera, para lo cual se ha preparado el terreno mediante la aprobación de una ley de minería que se basa en garantizar la seguridad jurídica para las inversiones aunque entre en conflicto directo con varios derechos humanos que el Estado hondureño está obligado a proteger, respetar y garantizar.
Hasta el momento, se ha concesionado más del 33% del territorio nacional y muchos proyectos mineros se han impuesto a las comunidades sin consultárseles previamente, por lo que ante su oposición y denuncia, son víctimas de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, asesinatos y criminalización.
Frente a este escenario, es fundamental que la movilización social se organice bajo el discurso de los derechos humanos, particularmente del derecho a la consulta y el consentimiento previo que requiere que ante cualquier concesión y proyectos mineros el Estado de Honduras garantice 3 condiciones.
Que las comunidades sean consultadas de forma previa, libre, informada y de buena fe; que no se ejecute ninguna concesión o proyecto sin que se realice un estudio independiente de impacto social, económico, cultural y ambiental; y que las comunidades se beneficien razonablemente de los mismos.
Las luchas ambientalistas a la luz del discurso de los derechos humanos nos ayudan a dejar claro que no puede haber desarrollo sin garantizar la protección de los derechos humanos de las poblaciones, la promoción de las culturas ancestrales y comunales, y la gestión sostenible de los bienes naturales.
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