Por Sandra Rodríguez
Se realizó el octavo plantón del 2015, actividad que realiza el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, desde el año 1982, en la plaza de Los Desaparecidos.
Como cada primer viernes del mes, son varias las personas que se acercan a apreciar los rostros plasmados en las mantas que por sí mismas forman parte de la memoria histórica que reclama a los entes del Estado, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Este plantón se hace unos días después de que se llevara a cabo la exhumación de un cuerpo en que se presume puede ser del líder sindical Donatilo Jiménez Euceda, desparecido en su centro de trabajo el pasado 8 de abril, en la ciudad de La Ceiba, el 8 de abril pasado, y su familia exige a las autoridades que investigue el caso.
Las esperanzas de la familia Jiménez no han cesado desde ese día, y es por eso que la esposa, hijos y hermana de Donatilo, estuvieron atentos al proceso judicial en la comunidad Río Chiquito, municipio de San Esteban, departamento de Olancho, al norte de Honduras, acompañada por defensoras de derechos Humanos del COFADEH, quienes corroboraron que en no existe denuncia o informe policial que manifieste la existencia de la fosa improvisada a la orilla de la carretera, donde se exhumó el cadáver, y que la policía de ese municipio ayudó a enterrar en el mes de mayo.
Mientras se realizan las respectivas investigaciones, se espera que las autoridades sigan el debido proceso, y que no sólo de devuelva a Donatilo a su hogar, sino que se castigue a los autores intelectuales y materiales de este hecho en contra del ex presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, SITRAUNAH, seccional número 3, de la ciudad de La Ceiba.
Donatilo Jiménez Euceda, tiene Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y sus familia responsabiliza a las autoridades de la UNAH, rectoradas por Julieta Castellanos, por la suerte que pudo haber corrido “Tilo”, quien ha labora en el CURLA desde los últimos 22 años, y de ahí desapareció.
También se denunció la injerencia entre poderes y la injerencia militar en las instituciones públicas como la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y la UNAH, cuando se realizan acciones en defensa de los derechos humanos como Educación, Libertad de Expresión, Libertad de Prensa, Libertad de Circulación y la el derecho a la protesta.
Y es que en los últimos días, las instalaciones de la CSJ y la UNAH, han estado rodeadas por militares y policías, listos para atacar a la ciudadanía que se manifiesta en favor de las víctimas criminalizadas por oponerse a sus arbitrariedades.
Y uno de los logros de la lucha del COFADEH, es que el gobierno haya decretado el 30 de agosto Día Nacional del Detenido Desaparecido, siendo desde antes conmemorado a nivel internacional, en 1982.
En Honduras, este día se estableció como Día Nacional del Detenido Desaparecido, a través de decreto número 284-2002, como resultado de la presión e incidencia de las familias aglutinadas en el COFADEH que exigieron que esta fecha se instituyera como una de las formas contra la impunidad.
Y esta no es una conmemoración cualquiera. Se trata de una fecha subversiva, verdaderamente incómoda para los sepultureros del pasado.
Es una fecha prohibida para quienes fingen amnesia. Y también para aquellos que se desvelan ideando la manera de pasar cada día tachando la historia y borrando la memoria de los familiares y amigos de las víctimas.
No quieren que se recuerde, pero eso es imposible.
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