lunes, 24 de agosto de 2015

Instalación de Hidroeléctricas es amenaza para su territorio denuncian los pobladores de Atlántida



Más de 600 personas asistieron a una reunión convocada por diferentes organizaciones con el fin de buscar estrategias de lucha en defensa de los bienes naturales en Arizona, Atlántida.

Ahora el punto de discordia es el sector Citronela por el concesionamiento que el alcalde de Tela Mario Fuentes ha facilitado a la empresa C Energía para la construcción de una hidroeléctrica en el río plátano. El Portillo, el Marion, Flores de Sion, La Paz, Procon y La Ica, son comunidades que serán afectadas porque este río es una de sus principales fuentes de agua. 

Seine Peralta, presidente de la asociación de juntas de agua del municipio de Tela asegura que se han reunido las comunidades afectadas en el sector de San Alejo ya que la municipalidad hizo un cabildo abierto en el que “todo estaba arreglado para concesionar de inmediato”. Asegura además que hay compra de conciencias que propicia la municipalidad a esta empresa. 

“Se realizó la estructura de un comité de lucha para que nos ayuden a destruir este monstruo que destruye nuestras comunidades”, dijo Pineda a Radio Progreso. 

Estas comunidades organizarán acciones como protestas en la calle para exigir a la municipalidad que se consulte a las comunidades sobre estos proyectos. 

Felipe Chirinos, presidente del patronato de la comunidad de la Ica dice que se han organizado porque el agua es lo más importante para su vida. “A veces escuchamos decir una hidroeléctrica en el río que nosotros gozamos y queremos cuidar. Estas aguas son sanas, hay un montón de gente que no se da cuenta lo que estamos perdiendo. Este río es una fuente de vida para todo el municipio de Tela. Yo como autoridad de esta comunidad ignoro lo que está haciendo la alcaldía, no se me ha consultado y somos nosotros los que vamos a ser dañados.

Manuel Sánchez coordinador de la oficina de oficina de justicia, paz e integridad de la creación en la parroquia nuestra Señora del Pilar Arizona, Atlántida  dice que entre los acuerdos de la reunión se habló de  comenzar una campaña de formación y concientización en las diferentes iglesias, centros educativos, y también se realizara la petición para hacer un cabildo abierto y pedir cuentas a la municipalidad por la aprobación de proyectos hidroeléctricos en el municipio. Estas acciones en el marco de la campaña Madre tierra, nuestra casa común. Defendámosla.

“Uno de los acuerdos es que comenzaremos con formaciones en escuelas, fuerzas vivas y autoridades, para trabajar en conjunto para la defensa de nuestros bienes naturales. Es una emergencia reunirse, porque ya tenemos una sequía por las hidroeléctricas en Mezapita, Matarras, y la de Jilamito, más la industria agrícola de la palma africana.

El cabildo abierto se ha solicitado al alcalde porque él hace cabildo cerrado, no estamos invitados. Hemos reunido firmas para que se haga un cabildo abierto porque es nuestro derecho y queremos que dé cuentas de estas concesiones”, explicó. 

Contexto

El Centro de Estudios para la Democracia realizó una investigación sobre los conflictos que se generan a partir de la instalación de empresas hidroeléctricas en la zona occidental del país. Y hace un recuento sobre las raíces de esta industria que ahora se apodera de las aguas en el norte y occidente del país:

A partir de los años 60’, el Banco Mundial promovió la estatización del servicio de energía eléctrica y apoyó con financiamiento blando el desarrollo de un sistema nacional de electrificación en cada país de Centroamérica. Así, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), creada mediante Decreto No. 48 del 20 de febrero 1957, se consolidó como el ente autónomo responsable de generar, distribuir y comercializar el servicio público de energía eléctrica. Tres décadas más tarde, a inicios de los 90’, el Banco Mundial consideró que sectores como energía y comunicaciones debían funcionar en forma comercial, retiró de estos el financiamiento blando y presionó a los Estados para adoptar el modelo de privatización.

En Centroamérica, Costa Rica es el único país que aún mantiene la estatización de los sectores energía y comunicaciones. A mediados de 1994, en medio de una crisis energética con racionamientos de hasta 12 horas, mediante Decreto 158-94 se aprueba la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico, orientada a incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos del país, facilitando la participación de la empresa privada La Ley Marco de 1994 facilitaba la contratación de generación térmica, pero no era propicia para la inversión privada en proyectos hidroeléctricos; por lo cual, a partir de 1,998 se aprobaron una serie de instrumentos legales, tales como: el Decreto 85-98 del 27 de abril de 1998, que declara de utilidad pública el desarrollo y generación de energía por fuentes renovables; Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y de la Infraestructura Nacional, creada en noviembre de 1998; Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, entre otros. 

Posteriormente, en agosto de 2009, en plena crisis política pos golpe de Estado, se aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país; de manera simultánea y apresurada, se convoca al proceso de Licitación ENEE No. 100-1293/2009 para 47 proyectos de generación eléctrica en todo el país. Producto de la Licitación ENEE No. 100-1293/2009, en el mes de junio de 2010 se aprobaron a empresas privadas 40 de las 47 solicitudes de concesión para generación de energía hidroeléctrica.



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