Estamos a poco más de 15 días de cumplirse cuatro años que miembros de la seguridad nacional se llevaran a Oscar Elías López Muñoz y a Reynaldo Cruz Palma. Hace cuatro años fueron desaparecidos y aunque existen líneas de investigación que son claras, las autoridades se han negado de manera sistemática a realizar una búsqueda apegada de derecho.
A eso de las 5:00 de la mañana del 21 de agosto del año 2011, Oscar Elías López Muñoz, fue víctima de detención seguida de desaparición, por hombres encapuchados en la Colonia Suyapa, en el sector de Chamelecón, municipio de San Pedro Sula.
De acuerdo al relato que dieron los familiares de López Muñoz en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), los individuos llegaron en tres carros y rompieron las puertas para entrar a la vivienda donde se encontraba la víctima, junto a su esposa e hija de 10 años.
Los sujetos que vestían con pasamontañas y que se identificaron como miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), después de entrar por la fuerza tras forzar los portones, empezaron a preguntar por droga, por armas, por dinero y por una persona que cuyo nombre no se reconoce y destruyeron todo.
Mientras que Reynaldo Cruz Palma, un líder comunal en el sector de la colonia Planeta de San Pedro Sula, fue raptado por hombres armados el 30 de agosto de 2011, cuando junto a su esposa iban a bordo de un microbús de la ruta La Lima- San Pedro Sula.
Los hombres armados se llevaron a Cruz Palma en un carro gris marca Mazda, doble cabina y en una patrulla de la Policía Preventiva, apenas dos días después de que la pareja realizó acciones en favor de 10 personas detenidas ilegalmente en la colonia Planeta, lugar donde habitaban.
Los uniformados ingresaron al busito y le manifestaron a la esposa del presidente del patronato que el problema no era con ella, sino con su cónyuge y se lo llevaron por la fuerza a él.
En ambos casos han sido sus familiares y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que desde que sucedieron los hechos se han dedicado a indagar todo sobre la desaparición de López Muñoz y Cruz Palma. Han hecho todo y todo se lo han informado a las autoridades del Ministerio Público, sin embargo, estás siempre señalan que siguen investigando.
Las autoridades hondureñas, que tienen a su cargo las investigaciones, no han mostrado desde entonces algún resultado: no hay personas detenidas ni en el expediente se consigna alguna orden de captura o el nombre de los presuntos responsables de estas desapariciones.
Ministerio Público de San Pedro Sula
Desde el 2011 para acá, el Cofadeh ha presentado ante el Ministerio Público varias denuncias sobre desapariciones y siempre que se pregunta por los casos, se recibe la misma respuesta: “se está investigando”. Es decir, está claro que no los buscan.
Personal del área de Acceso a la Justicia del Cofadeh revisó recientemente el expediente de Oscar Elías López Muñoz en el Ministerio Público de San Pedro Sula, donde se pudo constatar que desde octubre de 2014 hay un requerimiento para que se realizaran diversas acciones, las cuales no se han realizado, no se sabe si por falta de personal o porque no hay voluntad de dar respuestas a los casos de desaparición forzada.
El expediente de Reynaldo Cruz Palma no pudo ser revisado porque no se tuvo acceso al mismo, debido a que la Fiscal que lleva el caso no se encontraba en las instalaciones del Ministerio Público.
Las autoridades nunca han revelado el motivo por el que fueron raptados y desaparecidos Oscar Elías López Muñoz y Reynaldo Cruz Palma, pese a conocerse que los que participaron en dicho hechos usaban patrullas e indumentaria de la Policía Nacional.
De la poca información que en estos casi cuatro años se ha dado a conocer a familiares y al Cofadeh sobre las investigaciones, en ambos casos no se muestran avances claros y contundentes.
En la Dirección de Medicina Forense, el Doctor Vladimir Núñez, quien es el Coordinador Regional en San Pedro Sula, le expresó al Cofadeh que necesitaba tener más información de los casos.
El funcionario señaló que debido al trabajo que ellos realizan, hacer comparaciones es muy engorroso el procedimiento y que lleva mucho tiempo.
Han pasado casi cuatro años de la desaparición de López Muñoz y Cruz Palma y las investigaciones en ambos casos han sido un fracaso.
El Gobierno hondureño tiene la obligación de aportar a los familiares de López Muñoz y Cruz Palma la verdad de lo sucedido, la identificación de los responsables de su desaparición y su sanción.
Jorge Antonio Guzmán Torres
Otra de las familias que también espera respuesta por parte del Estado, son los familiares de Jorge Antonio Guzmán Torres, quien fue gravemente herido y llevado por supuestos Policías Preventivos y Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, durante un operativo conjunto para realizar un allanamiento encubierto en la Colonia Brisas del Cerrito de Yoro, la cual está constituida por veinte casas, el 04 de noviembre del año 2014.
La familia Guzmán Torres se ha movilizado en varias ocasiones desde la ciudad de Yoro a Tegucigalpa para solicitar a las autoridades correspondientes actúen y den con el paradero de Jorge Guzmán Torres, pero hasta la fecha la respuesta recibida ha sido negativa.
Familiares de Jorge Guzmán testimonió en el Cofadeh que a 200 metros de donde se realizó el allanamiento, su pariente fue llevado en un carro pick Up, doble cabina, color blanco, sin placas, que es propiedad de uno de los que participó en este operativo, y que está asignado a la DNIC.
En este caso se menciona como supuestos responsables del operativo al Inspector Allan Geovany Cerella Cardona, Jefe de la Dirección Nacional de Investigación (DNIC) de Yoro; Johab Eli Merlo Medina, Jefe Departamental de la Policía de Yoro; Luis Girón, Comisario de Policía; Agente Carlos Matamoros; Antonio Romero; Clase I, Alex Ruiz; Concepción Lara Zelaya, Clase I; Yanir Aragón, Policía Preventivo; Carlos Sierra, Policial Preventivo; Edis Yogeni Martínez, policía preventivo; Josué Rivera, Policía Preventivo; Antonio Díaz Alvarado, Policía Preventivo; Jairo Fúnez, Policía preventivo;, Francisco Hernández, Policía preventivo; Javier Pérez, policía preventivo; Paulino Pérez, policía preventivo; Dair Estrada, Policía Preventivo, quienes se hacían acompañar de más de diez civiles que vestían uniformes del ejército y usaban pasamontañas.
En horas de la noche de ese mismo día, la familia se presentó a la jefatura de la policía a preguntar por su pariente, les mostraron la lista de presos y detenidos pero no estaba Jorge Antonio; sin embargo, el carro color blanco en que lo subieron estaba estacionado en la jefatura.
Asimismo, la Fiscalía de Yoro manifestó desconocer del allanamiento, tampoco está registrado en el libro de novedades policiales.
El Cofadeh solicitó el 2 de diciembre, cuando se recibió la denuncia de la desaparición, acción de habeas corpus o exhibición personal a la Sala se lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de verificar si se encontraba ilegalmente detenido o sometido a malos tratos Jorge Antonio Guzmán, y ordenara la inmediata libertad y se procediera sin dilación contra los que resultasen responsables de esta detención.
Con el fin de conocer los avances de las investigación en este caso, apoderadas legal del Área de Acceso a la Justicia del Cofadeh, visitó el Ministerio Público y Medicina Forense de San Pedro Sula, donde verificó que en el expediente en relación al habeas Corpus a favor del señor Jorge Guzmán, en el mismo se establece que Jorge Antonio Guzmán Torres, no se encuentra entre las personas que se detuvieron en el Operativo realizado el día 4 de noviembre del 2014.
Además indica el informe que Guzmán Torres no se encuentra detenido ilegalmente en las bartolinas de las jefaturas departamental de Yoro y que no se encuentra detenido en el Centro Penal de esa ciudad o con algún tipo de medida Cautelar de Medida Cautelar Privativa de Libertad.
La Corte con fecha 12 de enero de 2015, resolvió decretar en reserva las actuaciones y remitió un testimonio de las diligencias a la Fiscalía de Derechos Humanos de la ciudad de San Pedro Sula, quien deberá hacer las investigaciones pertinentes, debiendo informar inmediatamente a la Corte cualquier avance relacionados a la ubicación física de Guzmán Torres.
Después del Golpe de Estado Político Militar de 2009, el Cofadeh ha documentado más de una docena de casos de secuestros y desapariciones en el país. Miembros de la policía y del ejército son los denunciados de estar implicados directa o indirectamente en estos hechos, que tienen en zozobra a varias familias, por no saber el paradero de su pariente.
La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad y un delito imprescriptible. Sin embargo, el Estado hondureño sigue siendo responsable por acción y omisión de esta práctica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario