Por Sandra Rodríguez
El Estado de Honduras a través de una carta remitida por el comisionado de policía Rigoberto Rodríguez le notificó al periodista Esdras Amado López, que se le suspende la seguridad que tenía asignada como parte de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El periodista es director de Canal 36 Cholusat Sur, y tenía asignado unos policías que debían brindarle seguridad, ya que su vida corre peligro, y ahora también está expuesta su familia, denunció el afectado.
El también diputado del partido Libertad y Refundación, LibRe, denunció que el comisionado Rigoberto Rodríguez le remitió una carta donde le hizo saber que por la reestructuración que está sufriendo la Secretaria de Seguridad y la Policía Nacional, se le suspendía la seguridad que le brindaban los policías asignados.
Esdras declaró que, esta orden viene de parte del presidente de la República Juan Orlando Hernández, con la intención de dejarlo vulnerable, por lo que si algo le sucede a él o a su familia, el mandatario es el responsable.
La seguridad del periodista no es porque el Estado se la quiera brindar, sino por una petición de la CIDH, de modo que la acción que hoy le notifican es la violación de un mandato de una Corte Internacional, denunció.
Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, esta acción de suspensión de la seguridad del periodista debería ser notificada a la CIHD, que es quien ordenó las medidas Cautelares.
Seguimos viviendo en dos Honduras, la que cree que debemos decir “si” a todo, que debe decir que aquí las cosas no están bien y que debemos mejorar, por lo que se denota una intolerancia impresionante como la que está viviendo el país, y no quisiera ni pensar que le vaya a pasar algo a Esdras Amados López o a su equipo de periodistas, esto vendría a desmotivar a la ciudadanía que denuncia y desinformaría a la población, manifestó Oliva.
Esta es una decisión para meter temor y dejar en desamparo si es que realmente la CIDH no ha pedido la suspensión de medidas, habría que conocer en el fondo quien es el que las implementaba o qué tipo de información estaban girando sobre la situación de inseguridad del periodista y si se consideraba que era tiempo de suspender las medidas cautelares porque su nivel se inseguridad había bajado, pero no es el caso de López.
Si esto no es así, entonces hay que notificar a las instancias internacionales y que se vuelva a solicitar las Medidas Cautelares que protejan la integridad del director de canal 36, manifestó la defensora de ddhh.
Según un periodista de Cholusat sur- el 25 de junio la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, envió una carta al director de canal 36, que si no le bajaba al tono de sus denuncias contra el gobierno procederían al cierre de su canal, este hecho debió ser preciso para redoblar las medidas de seguridad para el periodista.
Ante eso, Oliva considera que “tenemos una consolidación de una dictadura y solo se plantea lo que el dictador quiere, por lo que se estarían cerrando por una orden todos los medios de comunicación y dejar sólo la voz oficial”.
La censura de los medios y de un periodista solo puede ser cuando hay alguien a quien le molesta y tiene poder de decidir si permanece en el aire ese medio o la persona, por lo que es necesario hacer esta denuncia ante el riesgo de muerte que tiene el periodista.
Hace unas semanas, Esdras Amado López, hizo pública una entrevista con el juez José Dimas Agüero Echenique, quien reveló que JOH quería ver preso al también al periodista David Romero, director de radio Globo y Globo TV, opositores al gobierno.
En la denuncia realizada en Cholusat Sur, el Juez José Dimas Agüero Echenique, reveló que Teodoro Bonilla del Consejo de la Judicatura, quería que por instrucciones de “El Hombre”,-defiriéndose a Juan Orlando- él metiera preso a David Romero y que con eso se le enviara un mensaje a Esdras Amado López.
En el país existen más de 350 Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH, pero algunas integran a grupos como campesinos o indígenas, siendo en total más de 600 personas beneficiarias, sin embargo el Estado maneja que son apenas más de 50 medidas. Antes del golpe de Estado del 2009 solo eran 48.
En el 2010, la cúpula policial de la Secretaría de Seguridad se comprometió a cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH, para más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas, cuyas vidas han sido amenazadas y están en peligro de muerte.
La CIDH ha dado mucho seguimiento a las amenazas a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, un tema de especial preocupación, por lo que el país tiene el mayor número de medidas cautelares, sin embargo el gobierno manifiesta no poderlas cumplir por falta de presupuesto.
Hay casos en que los beneficiarios de estas medidas de seguridad que debe cumplir el Estado, han sido asesinados, como sucedió en junio pasado con el catedrático y sindicalista Héctor Orlando Martínez Motiño, que gozaba de medidas cautelares, a su favor y de su familia, fueron notificadas al gobierno de hondureño el 18 de mayo de 2015, mediante el oficio MC 253-14, con resolución 20/15.
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