El Congreso Nacional colapsó como institución del Estado de Derecho, al tiempo que funciona a perfección como el lugar político en donde las mafias políticas toman las principales decisiones públicas. Por una vía van los intereses y anhelos de la ciudadanía, y en vía contraria van las decisiones del poder legislativo.
Son decenas de proyectos de ley que ahí se discuten, se aprueban y se engavetan. Casi siempre se aprueban aquellas iniciativas de ley que favorecen los intereses de los grupos mafiosos ahí representados, los intereses de grandes transnacionales o iniciativas de formalidades jurídicas cotidianas. Y se engavetan las iniciativas que responden a las aspiraciones de las grandes mayorías.
¿Qué razón de ser tiene un Congreso Nacional sin capacidad, ni voluntad política para hacer juicio político al Fiscal general y adjunto o al vicepresidente del Consejo de la judicatura? ¿Cómo creer en un Congreso Nacional que inventa trampas legales para que no se consulte a la ciudadanía? ¿Acaso no es el CN la máxima expresión del autoritarismo en el país? ¿Es válido un poder del Estado que aprueba con celeridad leyes como la ley Marco de seguridad social que privatiza la salud mientras sirve de mampara para proteger a quienes saquearon el seguro social?
Actualmente el Congreso Nacional más que un espacio de búsqueda de salidas a la crisis actual, es más un promotor de inestabilidad. Parece que los diputados y diputadas no son conscientes que estamos en tiempo de anormalidad, que vivimos una realidad que exige no solo mayor compromiso, sino más creatividad, mayor conocimiento de la realidad y voluntad política para impulsar los cambios que se requieren.
El papel del Congreso Nacional no deja por fuera a no pocos de los diputados de la oposición. Si ellos ya se dieron cuenta que matemáticamente es imposible detener los proyectos de la mafia, entonces, la lucha no está primordialmente en el Congreso. La lucha había que trasladarse a las comunidades y desde ellas presionar hacia el hemiciclo. Esta coyuntura es una envidiable oportunidad para que los diputadas y diputados de la oposición regresen a los municipios y comunidades de donde salieron electos. Y ubicados entre la población que los eligió impulsar una lucha por transformar el Congreso Nacional.
Insistimos: estamos en una coyuntura anormal, donde los problemas no son asuntos de leyes. Son asuntos de institucionalidad. ¿No debían los diputados de oposición acaso salirse de la lógica de los círculos, reuniones y cabildeos, y hacer eso mismo pero desde una perspectiva vital en las comunidades? ¿No es acaso este momento para estar más pegados a la gente en lugar de seguir cerca de los dueños del partido? Si en el Congreso Nacional los caminos de salida a la crisis actual se han cerrado, las puertas para retornar al pueblo cada vez están más abiertas. Perder esta gran oportunidad sería como rechazar sin duda la única tabla de salvación para redefinir los caminos para repensar y rehacer la democracia y el Estado de Derecho.
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