Organizaciones de sociedad civil, comunicadores y comunicadoras, defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de Latinoamérica, Asia y Medio Oriente denunciaron violencia, persecución y un ambiente hostil en el que no se puede ejercer el derecho a la libre expresión, en el marco de un foro organizado por la Unión Europea (UE) junto a organizaciones no gubernamentales que trabajan tema de derechos humanos en todo el mundo.
Hector Becerra de C-Libre y Dina Meza, defensora de derechos humanos en Honduras, denunciaron en reiteradas ocasiones casos de intimidación a periodistas a través del autoritarismo del actual gobierno. Casos como el del periodista Julio Ernesto Alvarado acusado de difamación, por quien la misma Cidh se ha pronunciado en contra de la acusación sin que el Estado de Honduras tome la recomendación. Así como casos de persecución judicial como el de Alex Sabillon de Choloma y Gilberto Galvez de Comayagua, ambos acusados por sus alcaldías después que denunciaron irregularidades en las mismas.
El foro se realizó en Bruselas, Bélgica, la capital política de la UE, con el objetivo de crear un puente entre organizaciones de sociedad civil y la UE en el marco del seguimiento a convenios y acuerdos de asociación en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos.
Recientemente la UE ratificó una política de seguridad ciudadana para Centroamérica y el Caribe, así como también un acuerdo de asociación que implica diálogo político, desarrollo y comercio. En el marco de estas dos políticas públicas con respecto a la región, la UE se interesó por conocer los contextos en los que se desenvuelven los defensores de derechos humanos y comunicadores sociales. Miembros de la UE aseguraron estar preocupados por el plan de acción de estas iniciativas pues el diálogo se ha reducido a los gobiernos, que además no están integrados.
De Honduras participaron tres organizaciones: C-Libre, el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) y el Eric y Radio Progreso cuando en esta misma semana la CIDH realizó una visita in loco para conocer la situación de derechos humanos más de cerca y cuando ya se acerca el Examen Periódico Universal para el cual diversas organizaciones han realizado informes sombras con diferentes recomendaciones.
El foro sobre libertad de expresión entra en el marco del diálogo político sobre derechos humanos que esta instancia internacional pretende consolidar con regiones como Latinoamérica, Medio Oriente y África.
"A veces nos gusta presumir que hay más democracia en el mundo, que han avanzado los conceptos de derechos humanos, pero estas democracias están entrando en crisis por tres razones: el voto y participación ciudadana se resolvió pero la situación económica se basa en la desigualdad y genera más pobres, esto genera conflicto social. Otro tema es la legitimidad de gobiernos autoritarios que no permiten la rendición de cuentas y violentan a quienes los critican (defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores). Y por último es el incremento de la corrupción de funcionarios vinculados al crimen organizado y el incremento de la violencia", explicó el ex relator de la Libertad de Expresión para las Naciones Unidas, Frank La Rue, quien presidió un panel sobre la criminalización y persecución a periodistas.
Los panelistas hablaron del acoso judicial que están viviendo los comunicadores y comunicadoras desde Latinoamérica, hasta Asia y África. El uso de la difamación, la calumnia y la injuria ha servido para criminalizar e intimidar a periodistas.
El caso de defensoras y defensores de derechos humanos
En el foro se habló sobre la situación de comunicadores pero también de defensoras y defensores de derechos humanos, que están siendo atacados. Se presentó el caso de Tailandia, que tras sufrir un golpe de Estado ha utilizado leyes para criminalizar la protesta social y la difusión de ideas contrarias al régimen militar, con procedimientos judiciales-militares.
Además María Martín de Asociadas por lo Justo, expresó que es preocupante como los Estados utilizan la legislación para restringir los derechos, la libertad de expresión.
"Nos encontramos ante estados que no responden a las violaciones que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos pues a veces los que ejercen la violencia son actores estatales. EN este sentido la criminalización es una de las formas de violencia que sufren, el uso del sistema de justicia a través de normas que en muchos sentidos se pueden considerar acordes a los estándares internacionales pero se utilizan de forma torcida", expresó.
En Honduras, organizaciones de sociedad civil han insistido en la necesidad de una ley de protección a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, que no sea política, sino en el completo respeto a sus derechos y más preventiva que reactiva. Sin embargo, la ley sigue engavetada y los mecanismos de protección son nulos.
Martín asegura que es importante tener cuidado en la implementación de estos mecanismos porque en general, los Estados los han utilizado de forma inversa, cuántas más personas se estén protegiendo de manera específica, ellos creen que van bien, sin embargo se ve el resultado de un mecanismo cuando menos personas necesitan protección.
También se presentaron miembros de comunidades indígenas, Luis Pichum de la comunidad Mapuche en Chile, de comunidades infantiles, Limbali Maruba de Zambia y Amina Bouyach defensora de las mujeres en Marruecos, así como defensores de artistas que está siendo atacados también por su ejercicio de la libre expresión.
Pichum, de la comunidad Mapuche expresó que su país, Chile, ante la Unión Europea tiene una buena imagen, sin embargo poco se habla de la situación de pueblos indígenas que han sido atropellados por un modelo de desarrollo capitalista y trasnacional.
Se denunciaron en el foro además crímenes de artistas que han sido perseguidos por religiones o sistemas de gobierno autoritarios, con la excusa de proteger a la población de "contenido inmoral".
Predicar con el ejemplo
Se criticó fuertemente lo que actualmente está sucediendo en Europa con respecto a la criminalización de la protesta social. Andrea Bocca de Front Line Defenders, insistió en que la UE tiene que predicar con el ejemplo y evitar prácticas como las que están sucediendo en España restringiendo la libertad de asociación y protesta.
Europa está atravesando una crisis que se puede ver en las calles. El contraste de los grandes edificios de las instituciones políticas y diplomáticas con las calles llenas de mendigos y vendedores informales. Incluso los transportistas en Bruselas planificaron un paro en el transporte de metro como protesta a los recortes de seguridad social y aumento en los años de la jubilación.
Bocca instó a que se trabajara en las dos vías, creando mecanismos para regiones en riesgo incluyendo la misma Europa.
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