Derechos Humanos "de cuarta" en España

Rebelión

Por Enrique Javier Díez Gutiérrez *

Mi cuñado lleva tres años en paro. El PP ha establecido por ley que, en esta situación, deja de ser ciudadano español y pasa a ser “residente en España”. Le niega la ciudadanía y le considera una subcategoría cuya consecuencia es que se le niegan derechos y prestaciones. Le convierte así en una persona de segunda clase, en esta España del PP donde se multiplican las clases sociales y los niveles de castas como en la India. El PP transforma así a las personas con mayores dificultades en la casta de los intocables, que ni siquiera son considerados ciudadanos o ciudadanas de primera, relegándoles a la marginalidad más absoluta.

Es la aplicación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de José María Aznar, denominada en su neolengua “de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”, modificada por el Real Decreto –Ley 16/2012, de 20 de abril, de Mariano Rajoy, denominada con el mismo tipo de eufemismos “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones”.

Mi cuñado está enfermo y tiene un tratamiento farmacéutico que le cuesta 70 euros al mes. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de la Dirección Provincial de León, le ha comunicado que, como residente en España, tiene que pagar el 40% de ese tratamiento, ahora que además el PP le ha cortado todo tipo de prestación por desempleo. Los 426 euros que cobró un mes como prestación última para mayores de 45 años, se la han suprimido y tiene que esperar un año para poder volver a solicitarla.

La Organización Mundial de la Salud y la propia Constitución Española establecen que la salud es un derecho humano fundamental de todas las personas y las instituciones públicas deben garantizarlo. Pero desde que se aprobó este RDL del PP la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa del “asegurado”. Más de 50 organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, vienen denunciando desde entonces los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno español de la legislación internacional de derechos humanos. De hecho tras la aplicación del RDL, más de 873.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias y que, al igual que todo ciudadano o ciudadana, viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos. Además se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas.

El desplazar la atención a las urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención, como denuncian organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico de todo el país, que han suscrito el Manifiesto contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal. De hecho, denuncian que la exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generado un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones médicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.

En un contexto de incremento de la desigualdad económica el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la promulgación del RDL, sigue afirmando este manifiesto, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Está demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento.

En una España que proclama su respeto a los Derechos Humanos parece inconcebible esta situación “cuartomundista” que el PP sigue manteniendo, por la que varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han denunciado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Por eso han dirigido numerosos escritos al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por los recortes. Pero el PP hace oídos sordos a estas denuncias, porque no parecen afectar “a ninguno de los suyos”.

Ante esta situación debemos combatir a este Gobierno del PP consiguiendo que deje de ser representante de los españoles y consiguiendo derogar el RDL 16/2012 para elaborar una nueva Ley de Sanidad que nazca de un amplio acuerdo con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas y que establezca realmente las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente. Que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución española y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud, derecho también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ratificado por España, tal como propone el Manifiesto citado.

* Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León