El Informe preliminar de CIDH
En Honduras hay violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Esa fue una de las anotaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, dejó tras su visita a Honduras.
Fue mediante una conferencia de prensa, que este día, los comisionado de la CIDH dejaron claro que en Honduras los defensores y defensoras de derechos humanos, son el blanco de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas.
Fue del 01 al 05 de diciembre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo una visita in loco al país para constatar la realidad que se vive en Honduras, uno de los países más violentos del planeta, y que hace algunas horas permanecía en el capítulo IV de Convención Internacional, donde se ubican las naciones que presentan más denuncias de violaciones a los derechos humanos.
“La visita que la CIDH desarrolla permite que temporalmente el Estado hondureño salga del grupo de países donde se violentan los derechos humanos, establecidos en las medidas del Capítulo IV de la Convención Internacional, donde fue incluido después del golpe de Estado; sin embargo, esto no significa un reconocimiento de alguna mejora en la situación de los derechos humanos”, dijo María Isabel Rivero, directora de prensa y comunicación de la CIDH, quien también indicó a Radio Progreso que la visita del máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano, demuestra su particular interés e inquietud por la situación de Honduras.
Violencia
La CIDH constató que la violencia e inseguridad son problema grave a los que se enfrenta la sociedad hondureña. En relación a la respuesta estatal la Comisión recibió información que critica severamente la actualización de las instituciones a cargo de la seguridad pública, así como la falta de resultados en el combate a la violencia; lo que ha ocasionado que durante los últimos años los altos niveles de violencia han desembocado en serias afectaciones contra personas y grupos.
En un comunicado de cierre de visita los comisionados de la CIDH demuestran su preocupación por la violencia que reciben los niños, niña, adolescentes, mujeres y grupos indígenas. En este último caso recibieron alarmante información sobre asesinatos, actos de violencia y amenazas a muerte en contra de líderes indígenas y garífunas, en particular aquellos que defienden sus territorios y los bienes naturales, en contexto de desarrollo de megaproyectos sin consulta previa e informada.
El contexto de violencia e inseguridad coloca a la infancia y adolescencia hondureña en una posición de particular vulnerabilidad. La CIDH recibió información por parte de la sociedad civil sobre 454 niños, niñas y adolescentes que de enero a junio del presente año, han muerto a causa de la violencia en el país. La Comisión observa la urgente necesidad de instalar un sistema nacional de promoción y protección integral de derechos del niño con un fuerte enfoque preventivo que garantice el derecho de la niñez a una vida familiar y comunitaria libre de todo tipo de violencia.
Violencia contra mujeres
En el apartado sobre violencia de género, la CIDH recibió información preocupante sobre el elevado número de asesinatos y actos de violencia contra las mujeres en Honduras. Organizaciones de la sociedad civil informaron que desde el año 2010 a noviembre de 2014, 2 mil 592 mujeres habían sido asesinadas.
Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre enero y noviembre de 2014, han ocurrido 453 muertes violentas de mujeres. Se informa que una mujer pierde la vida en promedio cada 17 horas. Según este observatorio, el 71% de mujeres asesinadas en 2014 fue por armas de fuego. Al respecto, organizaciones denunciaron que el Estado no ha tomado medidas efectivas para prevenir la violencia, por ejemplo, a través de un control efectivo de armas. Asimismo, se denunció a la CIDH que las mujeres continúan siendo víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales, inclusos agentes de la Policía Militar.
En cuanto a la violencia contra las mujeres en la familia, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia indicó a los comisionados que “la violencia contra la mujer se tiene como algo natural”. Al respecto, indicó que el Estado ha “trabajado fuertemente en la protección de las víctimas de violencia doméstica”. Por su parte representantes del Estado informaron a la CIDH de diversas medidas que ha adoptado para abordar la situación de violencia contra las mujeres.
El Estado indicó que ha fortalecido la Unidad de Género dentro del Consejo de la Judicatura para enfrentar la situación de violencia contra las mujeres. El Estado aludió a la tipificación legal del femicidio como delito que acarrea una pena entre 30 y 40 años en la modificación legislativa del Código Penal de 2013. La Comisión observa que la grave situación de violencia contra las mujeres exige una respuesta mucho más fuerte por parte del Estado, y que es indispensable que el Estado tome más en cuenta las necesidades de las mujeres en el diseño de la política de seguridad ciudadana, y que preste especial atención a la situación de las mujeres en las zonas rurales donde hay poca presencia de las instituciones estatales.
Bajo Aguán
Una de las zonas que la Comisión visitó fue el Bajo Aguán, Tocoa en departamento de Colón. En reunión con diversas organizaciones y representantes del
Estado, los comisionados resaltaron el conflicto de tierras, que ha provocado un alarmante número de muertes, amenazas, hostigamientos e intimidaciones contra campesinos y campesinas que se han dedicado a defender sus territorios, e inclusive desapariciones de personas.
Las organizaciones campesinas de la zona y los miembros de la comunidad Panamá, en Tocoa, en una reunión realizada en el centro comunitario que lleva el nombre de Gregorio Chávez, líder asesinado en 2012, ofrecieron a la CIDH testimonios sobre la continuidad de la grave crisis de seguridad y militarización en la zona. Especialmente, se recibieron testimonios sobre continuos homicidios, desapariciones, secuestros, torturas en las detenciones realizadas, el hallazgo de un cementerio clandestino, la práctica de realizar desalojos violentos que no cumplirían con estándares internacionales y amenazas a los defensores y defensoras de la zona. Los testimonios dan cuenta de una completa ausencia de las medidas más básicas para responder a las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en la zona y, en especial, para realizar una investigación adecuada e identificar a los presuntos implicados, a pesar de una serie de patrones de violencia que las mismas organizaciones campesinas han identificado sobre la posible participación de autoridades estatales en los hechos denunciados.
Asimismo, presentaron información sobre una estrecha colaboración entre las autoridades públicas y los propietarios de las fincas privadas de la zona. “Aquí la policía, los militares, los fiscales, los jueces, todos están para defender a los dueños de las grandes fincas, mientras los que morimos somos nosotros”, dijo a la CIDH un habitante de la comunidad Panamá.
Un líder de un movimiento campesino manifestó que, en el marco de un desalojo llevado a cabo por los militares, los “insultaron de una forma dolorosa, nos tiraron al suelo y nos golpearon, nos dijeron que nos iban a pegar un tiro a cada uno, mientras [los militares] nos ponían sus armas en las orejas”. Asimismo, otro poblador señaló “he perdido a mi madre y padre, porque sicarios mataron a mi familia […] hemos ido a varias partes a denunciar los hechos y no nos han dado resultado”.
Militarización como respuesta estatal
En el informe preliminar la CIDH califica de "preocupante y contraria a los estándares internacionales" que el gobierno incluya la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Es decir la militarización, entre otras violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.
La Comisión Interamericana considera asimismo que la gestión de esta nueva Policía Militar debe estar regida por estrictos criterios de transparencia de información a la ciudadanía. En este sentido, es fundamental que exista una verdadera supervisión judicial e institucional de la legalidad de las actuaciones de este cuerpo de seguridad, y que las eventuales violaciones a derechos humanos de las que sean responsables sean debidamente investigadas y sancionadas.
La misión del pleno de CIDH visitó La Ceiba, Tocoa, El Progreso, San Pedro Sula y el Bajo Aguán, entre otros, y recorrió centros de atención a migrantes, comunidades garífunas y campesinas, así como varios centros penitenciarios de Honduras. La delegación integrada por la presidente Tracy Robbison, además, por la primera vicepresidenta, Rose-Marie Belle Antoine, José de Jesús Orozco Henríquez, Rosa María Ortiz, Paulo Vannuchi y James Cavallaro. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el Relator Especial para la Libertad de Expresion, Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
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