Violencia e impunidad: un círculo vicioso en Honduras, esa fue una de las conclusiones del informe preliminar que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente visita al país. Únicamente bastaron 4 días para que los comisionados de la Comisión documentaran una serie de denuncias por violencia y abusos que se comenten en Honduras, muchos de ellos cometidos por el mismo Estado.
Fue del 01 al 05 de diciembre que la Comisión hizo una visita in loco al país para constatar la realidad que se vive en Honduras, uno de los países más violentos del planeta. La CIDH constató que la violencia e inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña. En relación a la respuesta estatal la Comisión recibió información que critica severamente la actualización de las instituciones a cargo de la seguridad pública, así como la falta de resultados en el combate a la violencia; lo que ha ocasionado que durante los últimos años los altos niveles de violencia han desembocado en serias agresiones en contra de personas y grupos.
En su documento preliminar la CIDH alerta sobre las muertes y agresiones en contra de las mujeres. Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre enero y noviembre de 2014, han ocurrido 453 muertes violentas de mujeres. Las organizaciones denunciaron ante los comisionados que el Estado no ha tomado medidas efectivas para prevenir la violencia, por ejemplo, a través de un control efectivo de armas. Asimismo, se denunció que las mujeres continúan siendo víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales, incluidos agentes de la Policía Militar.
Sobre la participación de los militares como “estrategia” gubernamental para atacar la violencia, la Comisión se manifiesta preocupada ya que contrario a los estándares internacionales, Honduras está incluyendo a los militares en la seguridad ciudadana, cuando estás son las acusadas de ser las responsables de las violaciones a derechos humanos.
La Comisión Interamericana considera asimismo que la gestión de una nueva Policía Militar debe estar regida por estrictos criterios de transparencia de información a la ciudadanía. En este sentido, es fundamental que exista una verdadera supervisión judicial e institucional de la legalidad de las actuaciones de este cuerpo de seguridad, y que las eventuales violaciones a derechos humanos de las que sean responsables sean debidamente investigadas y sancionadas.
En general las recomendaciones de este primer informe premilitar dejan claro la preocupación por la situación de violencia, impunidad y violaciones a derechos humanos que se viven en Honduras. Cada una de estas recomendaciones se convierte en una oportunidad para que las distintas organizaciones sociales y civiles exijan al Estado hondureño respeto a la vida y la dignidad misma de este pueblo merecedor de una suerte nueva.
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