Por Marvin Palacios
Varias comunidades que habitan la península de Zacate Grande, en el golfo de Fonseca al sur del país, enfrentan desde hace más de una década, el hostigamiento, la persecución y amenazas para que abandonen una región en la que han vivido desde hace un siglo.
Grupos económicos conformados por terratenientes, políticos y empresarios se han adueñado de la zona con el propósito de explotarla a través de la industria turística y en los últimos años se prevée que se instale una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), más conocida como Ciudad Modelo, impulsada en los últimos años por los gobiernos nacionalistas.
De acuerdo a consideraciones de expertos, las ciudades modelo, serán una entidad que funcione con autonomía propia dentro del Estado de Honduras, violando de esta manera la soberanía nacional. Se considera que estos proyectos serán destinados a la explotación de los recursos naturales o a la gran industria maquiladora, cuyas ganancias se van al extranjero.
Es en esta región, (Zacate Grande) donde ejerce su labor de defensoría, la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR).
Abel Pérez es parte de esta red que opera bajo la tutela del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización quien desarrolló el pasado 9 de diciembre de 2014 en un hotel capitalino, el foro: “Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”, bajo el lema: “Ni héroes ni heroínas, somos defensores y defensoras de la vida”, al cumplirse un aniversario del día internacional de los defensores y defensoras de derechos humanos aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1998.
En su exposición, Pérez dijo que vivimos en una constante zozobra, ya que estamos rodeados por el grupo de empresarios más reconocidos de Honduras, que ha llegado para apoderarse de la zona.
“Con la instalación de las ciudades modelo o ZEDES, los pobladores de Zacate Grande nos encontramos preocupados porque estamos enfrentados a la militarización y a la criminalización por la defensa y la lucha de nuestros territorios, en el pasado ha habido 31 compañeros acusados en los tribunales por esta lucha, ellos están yendo a firmar al municipio de Amapala una vez al mes”, sostuvo Pérez.
Pérez dijo que sus compañeros enfrentan los cargos de usurpación, los juicios son lentos y aún no se cuenta con una resolución definitiva. “Estamos viendo que la situación ya lleva 5 años y los jueces no han dictado ninguna sentencia a favor de los compañeros”.
Abel Pérez miembro de REDEHSUR
También estamos enfrentando detenciones ilegales como la que viven los compañeros Santos Hernández y Tomás Cruz de la comunidad de Playa Blanca por parte de miembros de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), quienes sin orden de captura han llegado a apresar a estos compañeros, los han torturado y se puso una denuncia ente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y estos efectivos no han sido presentados ante la autoridad, denunció el defensor de derechos humanos.
En el caso de Santos Herrnández, la jueza de Amapala Iris Amanda dictó orden de desalojo a pesar que él vive desde hace 40 años en Playa Blanca. Esta decisión supone que Hernández estaría en prisión de 3 a 4 años, según lo dio a conocer Pérez.
El defensor de la REDEHSUR, también señaló a guardias de seguridad privados que trabajan para el empresario Fredy Nazer (yerno del terrateniente Miguel Facussé) como autores de torturas contra el poblador Diego Mauricio Cruz y a quien se le acusó del delito de robo. “A él lo golpearon, lo encapucharon, lo torturaron, presentaba golpes en la espalda, en las piernas, los pies, lo golpearon en el estómago”.
Cabe mencionar-dijo Pérez- que en el pasado, el señor Frey Nazer fue el causante del desalojo de la familia Cárcamo de la playa La Gaviota.
Respecto a Diego Mauricio Cruz, el defensor de derechos humanos, indicó que se supone que se ejerció tanta presión e intimidación sobre su vida que él no presentara denuncia ante el Ministerio Público. “Pero nosotros como defensores de derechos humanos es algo que no podemos callar, no podemos permitir que siga sucediendo esto en las comunidades de Zacate Grande donde la seguridad privada, acompañada por miembros de la DNIC y la policía estén aplicando torturas dentro de propiedades privadas, donde los compañeros realizan su trabajo pero nadie los puede defender”.
Pérez citó el caso de la criminalización y persecución en contra de comunicadores populares de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. “Hace poco sucedió la captura de Miguel Angel Vásquez, quien fue detenido porque había sido denunciado por portación ilegal de armas”.
El hecho sucedió mientras el comunicador se bajó de un bus del transporte urbano en San Lorenzo, Valle, cuando fue requerido por la policía, atendiendo una denuncia reportada a la posta policial en la que se detallaba que un hombre con las características físicas de Miguel Angel Vásquez portaba armas ilegalmente.
Pérez denunció que éstas acciones contra comunicadores y comunicadoras sociales de la Voz de Zacate Grande se cometen a pesar que son beneficiarios de medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La REDEHSUR está registrando los efectos de las concesiones mineras que operan en los departamentos de Valle y Choluteca, específicamente ubicadas en Tránsito y el Corpus; en estos lugares los pobladores y pobladoras han realizado movilizaciones pacíficas y tomas de carreteras para exigir que se derogen los permisos de explotación en esta región, debido al desplazamiento forzoso de decenas de familias, denunció Abel Pérez en su intervención.
No hay comentarios:
Publicar un comentario