Por Sandra Rodríguez
Denise González, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PRODH.
Hace un mes que el hondureño Ángel Amílcar Colón regresó al país, después de cinco años preso en México, acusado de una serie de delitos federales que no cometió, es conocido como “un preso de conciencia”, su caso refleja la falta de aplicación de justicia, violaciones a los derechos humanos y que el Estado hondureño debe estar más pendiente de lo que sucede con sus connacionales que abandonan por necesidad el país.
Colón, de 38 años de edad, es un defensor de Derechos Humanos, que necesitaba encontrar un trabajo con el cual pagar el tratamiento médico de su hijo gravemente enfermo, por lo que tomó la decisión, en 2009, de emigrar a los Estado Unidos de América, como lo hacen 80 mil hondureños cada año, debido a la falta de políticas públicas que les permita el acceso a un empleo, educación, salud, seguridad, en general tener estabilidad familiar y emocional.
En tierra donde sólo iba de paso, el ex presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, fue víctima de discriminación, detención arbitraria, tortura, incomunicación, presunción de inocencia y debido proceso.
En la detención participaron agentes de la policía mexicana quienes lo torturaron y humillaron para obligarlo a realizar una confesión falsa en la que reconocía su implicación en la delincuencia común organizada.
En el mes de julio, Amnistía Internacional, AI, declaró preso de conciencia, al considerar que la tortura y el maltrato del que fue víctima, tras su detención en el 9 de marzo del 2009 en Tijuana, fue un factor de discriminación racial por su origen étnico garífuna y resultó en su encarcelamiento en un procesamiento injusto.
Después de un largo proceso por obtener justicia, el Centro PRODH y AI, instaron al gobierno mexicano, en especial a la Procuraduría General de la República mexicana, PGR, a retirar los cargos contra Ángel Colón permitiendo su inmediata e incondicional liberación, además de solicitar una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre las denuncias de tortura y otras violaciones de los derechos humanos, incluida la discriminación racial.
15 de octubre de 2014, la PGR, presentó conclusiones no acusatorias en favor de Ángel reconociendo que no se encontraba acreditada su responsabilidad penal en los delitos por los cuales había sido acusado; sin embargo, no ha recibido reparación integral del daño.
Y de un viaje que de “sueño americano” se convirtió en una pesadilla de 5 años en la cárcel de Tepic, México, Ángel volvió a su tierra, pero no vino sólo, sino que lo acompañaban dos abogados que vivieron de cerca su sufrimiento, Luís Tapia y Denise González, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PRODH.
Ángel al volver a Honduras, con su familia, se mostró contento, después de 5 años de estar en una cárcel de máxima seguridad en un país extranjero. Hubo momentos de tristeza y felicidad, pero contento de volver a su país, compartieron sus abogados.
Pero desde el Centro PRODH, uno de los retos para acompañar a Ángel durante su proceso penal, explicó Luís, fue que los peritos mexicanos no querían aplicar la prueba idónea para documentar la tortura, argumentaban diferencias culturales, por lo que tuvimos que buscar personas expertas de Honduras, específicamente del Centro de Prevención, Rehabilitación y Tratamiento de Víctimas de Tortura, CPTRT.
Pero estuvo más de un año el litigio de quien realizara este examen y finalmente se hizo en mayo pasado, y por ahí empezamos a ver la posibilidad de que Ángel recobrara su libertad.
Había que aplicar el Protocolo de Estambul, que es el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2001).
Luís Tapia
También se vio como un reto el financiamiento para la movilización hasta el centro penal donde permanecía, pues había que viajar mucho para ir a ver su estado personal y expediente judicial, comentó Denise.
Cabe mencionar que el centro PRODH recibe denuncias de muchos casos de este tipo, y aunque quisieran atenderlas todas, brinda más de 300 asesorías al año, por lo que es importante el trabajo en red y la articulación con otras organizaciones, expresaron los abogados mexicanos.
Estado hondureño debe identificar a sus 400 connacionales presos en México
Una de los detalles para que el caso de Amílcar fuera conocido a nivel internacional, considera Luís, es que la denuncia sea pública. De aquí se trabajó en el informe “Migrantes en prisión, la incriminación de migrantes en México, otro destino trágico”, para saber cuántas personas centroamericanas están en cárceles mexicanas, y resulta que hay 400 hondureños.
Esta carga se le trasladó al Estado –mexicano-, ellos tienen que averiguar quiénes son y a través de sus órganos deben garantizarles los derechos humanos.
También tiene que dar cuentas sobre qué hace por las personas migrantes que pasan por México tratando de llegar a EEUU, cómo se trata a los que caen en cárceles, y aquellos que cómo el caso de Ángel, son acusados injustamente.
Por lo que, hay que denunciar ante el gobierno hondureño lo que está sucediendo en el extranjero, y el Estado –hondureño- debe garantizar la protección de sus connacionales fuera del país.
No hay manera de que las familias sepan de sus parientes migrantes, si no se cumple con las funciones consulares, si la Embajada y Consulados no están dotadas con el personal necesario y no van a las cárceles a ver si hay un hondureño allí, enfatizaron los representantes del Centro PRODH.
“En el caso de Ángel, se le venció el término de presentar pruebas de su inocencia, porque no tuvo apoyo consular”, afirmaron los defensores mexicanos.
Además las familias deben abocarse a organizaciones defensoras de DD.HH, servicio a migrantes, redes de madres que buscan a sus hijos, aconsejan los acompañantes de Ángel Amílcar.
A un mes de estar en el seno de su hogar, para Ángel debe continuar el proceso de reparación de parte del gobierno mexicano y reconstruir su vida, con su familia. Mientras que el centro PRODH seguir apoyándolo en la medida de sus posibilidades.
Y para el Estado hondureño, que conozca quienes son los presos centroamericanos, que identifique quienes son los hondureños, y que deba identificar si hay más personas encarcelados injustamente.
A Ángel las pesadillas no lo dejan dormir tranquilo, porque con frecuencia revive los momentos de la tortura por parte de los agentes mexicanos, fueron cinco años tras las rejas, ha vuelto a su casa, pero ya no encontró a su hijo Ángel, por cuya salud decidió emigrar a EEUU, tampoco está su mamá, hermanos y tía, y de ninguno se pudo despedir porque fallecieron, y no se le permitió hablar con ellos.
“Ya no hay nada que me impulse a abandonar de nuevo el país, voy a tratar de tener una estabilidad de mi hogar, ver la manera de proveer para las necesidades de la casa y ver como echar a andar algunas ideas que tengo por ahí”, expuso Colón a su regreso.
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