Por José María Tojeira, SJ *
Hace pocos días, un amigo sacerdote que trabaja con migrantes en Europa escribía un artículo que decía: “Ninguna ley de migración se acerca al Evangelio”. Y generalmente, cuanto más rico y poderoso es un país, menos se acercan sus leyes migratorias a esos profundos imperativos de humanidad que brotan del mensaje de Jesús de Nazaret.
Curiosamente, el decreto ejecutivo del presidente Obama que protege algunos aspectos de pura humanidad de un buen porcentaje de migrantes en Estados Unidos ha sido cuestionado y atacado por algunos cristianos conservadores, y criticado con argumentos prácticamente racistas, aunque envueltos en razonamientos económicos. El texto evangélico de san Mateo, en el que Jesús de Nazaret llama “malditos” a los que son incapaces de hospedar al forastero, no parece asustar a estos políticos gringos que se consideran cristianos conservadores. Mientras los nazis alemanes decían “el cielo para los cristianos, la tierra es nuestra”, algunos políticos estadounidenses de derecha parecen tener pretensiones más totalitarias. Al menos en el sentido de que quieren ser simultáneamente los dueños de la tierra y del cielo.
Frente a las posiciones críticas de una apertura a los migrantes establecidos en tierra extraña, ya desde el siglo XVI se decía entre los padres del iusnaturalismo que el derecho a establecerse en tierras ajenas era un derecho natural siempre y cuando no dañara o limitara los derechos de los habitantes del lugar. Y los migrantes generalmente enriquecen la economía, la cultura y la vida de quienes los reciben. Sin embargo, ese derecho a asentarse libremente en cualquier lugar del mundo fue con frecuencia utilizado injustamente por conquistadores, comerciantes y países con vocación imperial o de dominio. Un principio bueno, que partía de ver el mundo como una casa común, fue usado para robar, matar y esclavizar. Y posteriormente, cuando los países que abusaron de ese derecho ganaron poder, desarrollo y bienestar, comenzaron a negárselo a los migrantes actuales: personas que buscan trabajo, que tienen el deseo de ejercer bien ese derecho natural a asentarse en cualquier parte de esta casa común que es la tierra. Los crímenes cometidos por los norteamericanos del siglo XIX, en su mayoría migrantes, contra los pueblos indios originarios son un ejemplo cruel y brutal del mal uso de los buenos principios migratorios. Y son precisamente algunos de los descendientes de esos migrantes los que ahora tratan mal a los migrantes latinoamericanos.
En los países desarrollados se da de nuevo un debate muy parecido al que hubo entre juristas y misioneros españoles en torno a la justicia de la conquista de América. Y esta vez los migrantes son los sujetos de dicho debate. Algunos piensan que el Estado debe controlar restrictivamente las migraciones, incluso con una especie de mano dura o de sometimiento de los migrantes a una situación de inferioridad y negación de derechos. Otros apuestan por recibir al migrante con todos los derechos propios de su dignidad de persona. Los Estados, en general, optan por el control, muchas veces severo y cruel, porque el poder coercitivo, que es el que se suele emplear, funciona casi siempre desde una conciencia autoritaria, endogámica y etnocéntrica que al convertirse frente al migrante en poder absoluto, corrompe absolutamente, como decía el historiador inglés lord Acton.
La reforma migratoria de Obama es parcial. Pero es un paso positivo después de tanta promesa y maltrato. Y es al mismo tiempo una decisión valiente frente a la estupidez mayoritaria de un Partido Republicano cada vez más influido por un conservadurismo que tira a racista. Una ley migratoria que dé garantías a los migrantes, incluidos aquellos a quienes vergonzosamente los gringos llaman “ilegales”; que reconozca sus aportes; que reunifique familias; que marque pasos adecuados para optar por la ciudadanía es indispensable para cumplir con un principio democrático y fundamental de convivencia universal. No se puede castigar con la deportación a alguien que trabaja y hace el bien, simplemente por carecer de un papel.
Una lectura atenta de la Declaración Universal de Derechos Humanos deja muy en claro el derecho a fijar la residencia con libertad donde uno desee. El artículo primero de la Declaración afirma taxativamente la igual dignidad de todos los seres humanos, al tiempo que deduce de esa misma dignidad el deber de “comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Y lo que hasta hoy hacen las leyes con los migrantes difícilmente puede catalogarse como fraternidad. Si la democracia está construida sobre valores, la mayoría de los países ricos tiene también graves déficits democráticos.
* Director de Pastoral UCA-El Salvador
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