Aunque el gobierno ya ha analizado la posibilidad de esta amenaza, no tiene un análisis de riesgo ni protocolos de seguridad para proteger a los comunicadores sociales; mientras tanto, sigue en suspenso la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia.
Como parte de su visita in loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció que hace 12 días, agentes de investigación criminal le habrían advertido al director de Radio Globo, David Romero Ellner, que en la confrontación entre gobierno y crimen organizado varios periodistas pueden perder la vida.
"Hace 12 días, agentes de investigación me llamaron para decirme que tenían que decirnos que pueden atentar contra nosotros porque en la confrontación entre gobierno y crimen organizado podemos perder la vida", denunció Romero Ellner ante los representantes de la CIDH, en Tegucigalpa, la capital del país.
Aunque el gobierno ya ha analizado la posibilidad de esta amenaza, no tiene un análisis de riesgo ni protocolos de seguridad para proteger a los comunicadores sociales; mientras tanto, sigue en suspenso la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia.
La obligación del Estado es iniciar una investigación para proteger la vida de los periodistas ante una denuncia de un medio de comunicación tan importante, opinó el doctor y maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, de la Universidad Carlos III de Madrid e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y de Radio Progreso.
En Radio Progreso, 17 personas tienen medidas cautelares, ordenadas por la CIDH, han ocurrido dos asesinatos contra sus comunicadores, aún sin resolver, describió Mejía.
Ojalá este fuera sólo un nuevo rumor. "Pero no es un rumor que debe tomarse a la ligera", es necesario que el Estado investigue para prevenir, afirmó Mejía.
En Honduras, independientemente de las posiciones ideológicas, el sólo hecho de tomar una pluma y decir algo, que atente contra intereses concretos de aquellos que tienen poderes fácticos, los coloca en peligro, sostuvo.
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, consideró que es positivo que esta información salga para que el sistema de seguridad del país pueda tomar las precauciones porque eso le haría un daño muy grande a la nación.
"Si hay impunidad, es la mejor coyuntura para que ocurra cualquier delito, en un país donde sólo se judicializa el 4 por ciento de todos los crímenes ocurridos", describió.
Sobre el tema, C-Libre consultó al asesor, en materia seguridad, de sociedad civil y de la Policía Nacional y ex titular de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), Saúl Bueso Mazariegos, ahora denominada Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
Periodistas: Blanco de las represalias
Bueso Mazariegos advirtió que los sectores más críticos de una sociedad son los jueces, fiscales, policías, abogados y periodistas, "siempre van a ser blanco de las represalias del crimen organizado cuando hay una lucha frontal contra el crimen organizado".
Es organizado precisamente por eso, porque sabe quién puede hacer un daño irreparable a su organización. "En muchas ocasiones, antes de emprender una acción masiva en contra del crimen organizado se previenen a todas las partes involucradas para que puedan endurecer sus medidas de seguridad que les ayuden para no ser un blanco fácil".
"Que va a haber reacciones del crimen organizado una vez que se tocan sus intereses, es lógico", advirtió el asesor.
A juicio de Bueso Mazariegos el Estado tendría que levantar un análisis de riesgo del gremio periodístico, abogados, operadores de justicia y evidenciar las medidas de mitigación para erradicar o trasladar el riesgo, sugirió.
De 2003 a 2009 fueron asesinados 3 periodistas y a partir de 2009 hasta octubre de 2014 hubo 46 asesinatos de comunicadores sociales en Honduras.
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