Por Javier Suazo
El gobierno de la República a través del presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Marlon Tabora, anunció que la aprobación del Programa Trianual con el FMI se dará el 3 de diciembre de 2014, después de un largo proceso de negociación que llevó incluso al presidente Juan Orlando Hernández a Washington.
El gobierno espera la confirmación de un acuerdo de mediano plazo que de entrada permita acceso a 220 millones de dólares para apoyo presupuestario más 30 millones de dólares congelados por los Unión Europea y otro tanto de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). Pero espera que tenga un impacto positivo en el acceso a crédito de la banca internacional a tasas preferenciales y credibilidad interna, para que la inversión extranjera siga confiando en el país salpicado por la inseguridad, violaciones de los derechos humanos y corrupción.
Ello se mira como un gran logro del presidente Hernández y de su equipo económico liderado por el presidente del Banco Central, lo cual a no dudarlo será festejado ya que se mira el Acuerdo como una tabla de salvación y a los personeros del FMI como sus promotores. Incluso se habla que el examen del FMI fue aprobado con notas excelentes al estar vigente reformas a la ley de impuesto sobre la renta, ajustes de combustibles y eliminación de ciertas exoneraciones y subsidios como el de la energía eléctrica.
El otro lado de la moneda, son las acciones tomadas en las empresas públicas como la ENEE, HONDUTEL y SANAA donde se espera que 5,000 empleados sean despedidos, sumando a los despidos anunciados en el Instituto Nacional Agrario y otros más que vendrán. Pero, además, la dirigencia del Sindicato de Empleados de la ENEE ha denunciado que el gobierno le “abrió las piernas al FMI” por cuanto el ajuste de tarifas forma parte de las condicionalidad exigida por aquél, aun cuando había manifestado que este expediente era el último recurso para cerrar la brecha financiera de la institución y contribuir a la reducción de las pérdidas de un millón de dólares diarios. La población debe revisar las factoras de pago de la energía eléctrica ya que el ajuste tarifario empezó desde el 1 de noviembre de 2014 según declaración del presidente del Sindicato, Rafael Aguilar.
Otro impacto negativo es el congelamiento del presupuesto de salud y educación para 2015, que implica un eventual deterioro por el aumento de la inflación y el rezago estructural que se tiene en la prestación de estos servicios, principalmente lo relacionado con la infraestructura, medicamentos, alimentación y servicios de aseo y limpieza en los centros de atención. Lo que interesa es la calidad del gasto social y su focalización ha manifiesta el gobierno, pero el déficit acumulado amerita una atención prioritaria en recursos; es un déficit de arrastre y estructural.
Los sectores productivos serán afectados ya que para 2015 el gasto de inversión será menor, con cual se afectará la siembra y producción de alimentos que son las mayores demandantes de recursos financieros, asimismo la infraestructura productiva y social de apoyo al desarrollo de las pequeñas y microempresas en zonas rurales, forestales y urbanas. De acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el monto de la inversión caerá en cerca de 3 mil millones de lempiras en 2015 y observa una tendencia a un fuerte deterioro; ello sin considerar que parte de esta inversión incluye sectores no productivos.
Un punto crítico, además del despido de empleados y ajuste de tarifas que será difícil ocultar, es el monto del servicio de la deuda pública externa que superara los 30,000 millones de lempiras durante 2015, cerca del 30% de los ingresos. Ello ejercerá una fuerte presión sobre las finanzas públicas y sobre el monto de gasto (corriente y de inversión), en tanto su pago es por definición la primera prioridad en política fiscal y financiera.
Se espera que 2015 sea un año de mayor de autoridad que el 2014, pero la presión política sobre los recursos del Estado no se hará esperar y puede tumbar las conquistas logradas. Hay que tener presente que en el gobierno del presidente Lobo Sosa el convenio con el FMI en materia fiscal se cumplió al pie de la letra durante los primeros años (2010-2011), pero al entrar al proceso electoral primario y general después, la disciplina fiscal fue abandonada.
En este marco gana terreno la iniciativa de un Pacto Social para Honduras desde la visión de los partidos de oposición, ya que el Pacto por Honduras al estilo de Peña Nieto en México no cuajó. Un punto central es ponerle techo al gasto electoral y regular las campañas políticas con fondos públicos en el marco de una ansiada reforma electoral engavetada en el Congreso de la República.
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