miércoles, 31 de diciembre de 2014

"Militar al frente de Secretaría de Seguridad es un retroceso democrático en el país"



Para el doctor en Derecho Internacional y experto en Derechos Humanos, Joaquín Mejía Rivera del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, el nombramiento del militar Julián Pacheco Tinoco como Ministro de Seguridad que fue anunciado esta semana, significa un retroceso para la democracia hondureña y un reflejo del proceso de militarización en Honduras. 

“Yo creo que eso refleja ese proceso de militarización que se ha venido señalando, incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lastimosamente  la mayoría de los  gobiernos que hemos tenido han puesto, por lo general, a militares retirados en los puestos de la Secretaría de Seguridad”, asegura el doctor Joaquín Mejía. 

No obstante, dice Mejía, son pocos los gobiernos en los cuales se han nombrado a civiles en la Secretaría de Seguridad. En el periodo de Carlos Flores,  Gautama Fonseca fue el primer ministro civil, seguido de Oscar Álvarez en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa,  luego Arturo Corrales Álvarez en los últimos meses de gobierno de Lobo  Sosa y parte del gobierno de Juan Orlando Hernández.

El general Julián Pacheco Tinoco,  es un experto en inteligencia, durante el golpe de Estado fue el subdirector de inteligencia del ejército en Honduras, por ahora funge como jefe de la División Nacional de Investigación e Inteligencia. 

"Julián Pacheco Tinoco es un militar activo lo cual refleja claramente ese proceso de militarización, que implica un retroceso en Honduras", menciona el abogado Joaquín Mejía.

A Julián Pacheco se le considera un hombre muy poderoso en Honduras. “Quien maneja la información es el que tiene el poder aquí (en Honduras), evidentemente el general Pacheco Tinoco al contar con información de inteligencia, tiene mucho poder. Yo creo que uno tiene que reconocer que el general Tinoco es una persona muy capacitada, eso nadie se lo niega, sin embargo eso no impide señalar que esto es peligroso para lo poco que nos queda de institucionalidad en el país, porque quiéralo o no, cuando se coloca un militar que tiene una visión “militar” de la seguridad, evidentemente esto refleja  un retroceso e implica militarización”, argumenta el experto Joaquín Mejía.

Dirección de Investigación e Inteligencia 

La Dirección de Investigación e Inteligencia se creó para combatir la criminalidad en el país, pero el doctor Joaquín Mejía cataloga esa dependencia como un ojo estatal que vigila a los ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de control judicial. 

“En teoría, en la Dirección de Investigación e Inteligencia, recae información que tiene que ver con el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, información que tiene que ver con las extorsiones o con delitos de alto impacto como el sucedido con el hijo de la rectora Julieta Castellanos y de Aurora de Pineda, y dentro de la dirección está la unidad de intervención de las telecomunicaciones, por tanto,  es una dirección que tiene muchísimo control de información, y es información en temas de investigación y de inteligencia”, explica Mejía.

¿Qué hay detrás de  la salida de Arturo Corrales? 

Esa es una pregunta que todos y todas nos hacemos dice el experto en derechos humanos Joaquín Mejía, sobre todo porque últimamente hubo movimiento fuerte dentro de la policía. El reciente escándalo, fue el alboroto que se armó cuando se nombró al nuevo jefe de la policía, Félix Villanueva en noviembre pasado. 

Según versiones oficiales Tinoco asumirá como secretario de seguridad el 15 de enero del próximo año.  

Lo cierto es que Honduras sigue reflejando cifras alarmantes de hechos violentos. Desde que Arturo Corrales asumió la Secretaría de Seguridad el 01 de mayo de 2013, la criminalidad y violencia sigue intacta en el país. El discurso del funcionario ha sido únicamente que los hechos delictivos han disminuido, sin embargo en el país a diario 19 personas pierden la vida de forma violenta. 

Mientras que desde el gobierno  se sigue apostando a la militarización de la sociedad, rechazada por diversas organizaciones de derechos humanos del país. 

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