viernes, 26 de diciembre de 2014

Bertha Oliva: Sería duro que Honduras vuelva a la lista de países violadores de DD.HH



Por Sandra Rodríguez

Tras la información brindada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de que oficialmente Honduras quedaría fuera de la lista negra de países violadores de Derechos Humanos, esto no es algo que cause sorpresa a Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, al contrario esto ya se sabía.

Según el artículo 59 del Reglamento de la CIDH, Honduras no será incluida en el capítulo IV.B del informe anual del 2014, conocido popularmente como “lista negra”, en la que Honduras figuraba reiteradamente después del Golpe de Estado del 2009.

La CIDH comunicó oficialmente que en virtud que Honduras fue objeto de la visita “in loco” realizada por dicha organización, del 1 al 5 de diciembre pasado, el país no se incorporará al capítulo IV del informe anual correspondiente al año de la visita.

Esto era de esperar, dijo Bertha Oliva, pues quien conoce los procedimientos de las instancias de la CIDH, sabe que están cumpliendo con un procedimiento que demanda y les obliga a tener países por un tiempo en alta observación para ver su comportamiento en materia de derechos humanos.

“A mí no me sorprende que eso haya sucedido porque conozco el procedimiento y el reglamento, pero eso no quiere decir que Honduras ha cambiado la situación de DDHH o que ha mejorado la práctica de respeto a los ddhh”.

Para la defensora, esta es una oportunidad que se le está dando al gobierno y autoridades de Honduras, quienes son las encargadas de ver, proteger y velar por la defensa de los DDHH y lo duro sería que los vuelvan a colocar la lista del capítulo IV del informe anual de la CIDH.

Porque la comisión de la CIDH que estuvo hace unas semanas vio las condiciones de fragilidad en materia de DDHH, y eso no lo van a cambiar, creo que el informe que van a dar será conforme a la realidad y sin alterar los hechos, así que  por un lado va estar el informe y por otro lado las suspensión del país, van a dar un informe con los hechos que observaron, no creo que lo vayan a cambiar, aseguró Oliva.

Hay que decirle a la población que no hay que desanimarse, creo que se le está dando la oportunidad al gobierno para cambiar esas prácticas que decepcionó la Comisión en pleno en Honduras.

Agregó que, esas prácticas, que la CIDH se cuidó mucho para decir que eran políticas de Estado pero ellos saben bien que la aprobación de leyes que se han generado en el país son violatorias e irrestricticas de Derecho.  

Y eso va configurando que en un futuro cercano ya podrán hablar con propiedad que aquí hay una política de Estado que va desde aprobar leyes, y la actuación con los hechos que se registran si se mira que se dan e identifican patrones claros, y dónde se identifican patrones es que  existe un ente, no sólo que lo promueve, sino que hay estructuras para hacer estos actos en contra de la libertad y en contra de la vida de los y las ciudadanas, aseveró la coordinadora del COFADEH.

A la espera del informe sobre visita a Honduras
En atención al Reglamento, durante los próximos meses la CIDH elaborará un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, razón por la cual, cualquier observación, aclaración y /o información adicional es especialmente bienvenida en esta etapa del proceso.

Una vez que el proyecto de informe sea aprobado por la CIDH, el mismo será transmitido a Honduras para que formule las respectivas observaciones que estime pertinentes dentro del plazo que señala la ley.

En el último informe, Honduras, Cuba y Venezuela, aparece en ese registro de países violadores de DDHH,  al informarse que Honduras será excluido, quedaría solamente Cuba y Venezuela etiquetados en dicho capitulo, lo que hace creer a la opinión pública que es más por razones políticas e ideológicas que por la realidad que viven estas naciones en materia de derechos humanos.

En su comparecencia de prensa al finalizar la visita en Honduras el 5 de diciembre de 2014, la CIDH compartió que, la Comisión constató alarmantes niveles de violencia, que se ubican entre los más altos del mundo. Además de una de las tasas de homicidios per cápita más altas a nivel global, en Honduras hay desapariciones, altos niveles de violencia de género y conflictos agrarios que también producen hechos de violencia, entre otros graves crímenes. Estos tienen lugar en un contexto de gran impunidad, resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial, entre otros factores.

La Comisión escuchó testimonios alarmantes sobre los asesinatos y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, entre otros.

Las Fuerzas Armadas se involucran también en temas de formación cívica y educativa para niños y niñas “en riesgo social” a través del programa “Guardianes de la Patria”. La Comisión expresa su preocupación ante los riesgos involucrados en el hecho de que niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 23 años de edad sean entrenados en instalaciones militares, y utilicen plazas, parques y canchas de fútbol militarizadas. El Ejército también tiene funciones en el sistema penitenciario, y es enviado a cumplir funciones de seguridad a zonas donde hay conflictos agrarios y de tierras, tal como el Bajo Aguán. En este contexto, la CIDH expresa preocupación por la aprobación y vigencia de una Ley de Secreto muy amplia en materia de seguridad nacional. La CIDH considera que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho.

La Comisión entiende que el Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas para combatir el crimen organizado y salvaguardar a la sociedad hondureña ante el clima reinante de violencia e impunidad. Sin embargo, el enfoque de derechos humanos necesariamente debe prevalecer en toda política pública que el Estado adopte para cumplir con un objetivo determinado, sea educación, seguridad ciudadana, control penitenciario, solución de conflictos sobre el territorio, y fortalecimiento de las entidades que participan en la administración de justicia.

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