Politización y poco acceso a la información en uso de fondos del “Tasón”, revela investigación
Exclusión de alcaldías para administración de los fondos, sustituidas por instituciones del gobierno central, y poco acceso a la información pública sobresalen en el uso de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, mejor conocida como el “Tasón”.
Lo anterior fue revelado en una investigación realizada por periodistas del Comité por la Libre Expresión –C-LIBRE-.
Uno de los claros ejemplos de politización en el uso de los fondos del Tasón, es el del diputado nacionalista, Tomás Zambrano, quien recibió un millón 300 mil de lempiras para la remodelación de un estadio de fútbol en Nacaome, departamento de Valle.
“El diputado Tomás Zambrano sacó unos fondos para iluminación y las mejoras del Estadio Elías Nassar y no hay forma de saber cómo se invirtió, ni cómo se obtuvieron los fondos porque no lo hicieron a través de una institución, como lo estipula la ley, presentando planes de gobierno y con participación de la ciudadanía”, explicó Signy Fiallos, periodista de investigación en C-LIBRE.
Otro de los casos, plasmados en la investigación, se dio en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho que fue beneficiado con 32 millones de lempiras. Los fondos no le fueron entregados a la corporación municipal de ese municipio, sino que el gobierno “prefirió” asignárselos a la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte –CONAPID- y a la Iglesia Católica.
Con los fondos asignados a la iglesia “se terminó de construir el Estadio Ramón Brevé. El proyecto estuvo bajo la dirección del padre Alberto Gaucci; el monto fue de 10 millones de lempiras, para financiar cuatro áreas del estadio, el presupuesto se ejecutó de manera transparente”, dijo Fiallos.
De acuerdo a la investigación, la municipalidad de San Pedro Sula recibió 30 millones 572 mil lempiras, dichos fondos no fueron ejecutados “porque se adujo que estarían favoreciendo a la campaña de reelección de Juan Carlos Zúniga, en el proceso electoral 2013”.
A JOH se le olvidan los acuerdos de transparencia
Según la investigación, en los cuatro proyectos investigados, el acceso a la información “fue restringido”, y en “muchos de los casos no se pudo obtener las pruebas requeridas, ni validar o desvanecer las inconsistencias encontradas”.
“San Pedro Sula carece de una Oficina de Transparencia y ha negado información pública, de tal forma que este se convierte en un factor riesgo para que haya discrecionalidad en la administración de los fondos de la Tasa de Seguridad”, comentó Fiallos.
Arabeska Sánchez, analista en temas de seguridad y miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa –ASJ-, califica de “terrible” la politización y el no acceso a información del uso de los fondos de la Tasa de Seguridad, y le recuerda al gobierno de Juan Orlando Hernández –JOH- el compromiso de transparencia que firmó con la organización Transparencia Internacional –TI-.
“En la práctica, lo que nosotros estamos viendo, es una cultura de ocultamiento de información pública, estamos en retroceso con respecto al derecho a la información, y encontramos que la rendición de cuentas ha terminado siendo, hoy por hoy, una de las principales demandas de la sociedad civil frente al Estado; el tema de la Tasa de Seguridad alberga cantidades millonarias anualmente y están obligados a rendir cuentas de cada centavo”, opinó Sánchez.
Sánchez dejó en claro que con la construcción o remodelación de canchas de futbol no se ataca de raíz la violencia, la criminalidad e inseguridad que azota a la sociedad hondureña: “Eso es solamente dejar una obra física, pero detrás de una obra física debe haber todo un cuerpo de personas atendiendo personas, para poder avanzar en el tema de prevención de violencia hacia la niñez y la juventud, sobre todo”.
Agrega que el anterior “es el mejor de los casos presentados, el peor de ellos creo que es la inversión en temas militaristas, en temas de aviones, en temas de compras de equipo, en temas que no están abonando mucho en líneas de prevención en la política de seguridad pública del país”.
El economista y analista, Fernando García, opina que no es de esperarse otro tipo de acciones, pues los gobiernos en el país actúan con “total opacidad cuando se trata el manejo de los fondos públicos”.
“Son obras de prestigio y no tienen toda una dinámica popular y de respaldo para que sean utilizadas propiamente”, dijo.
Asimismo, critica la falta de un enfoque para combatir el problema de la inseguridad: “Un fondo del Tasón de Seguridad tiene que tener en cuenta, debida y apropiadamente, todo lo que es la etapa de la prevención de la delincuencia y la reacción, y dentro de la reacción: la inteligencia, la investigación, y lógicamente, la judicialización, pero también la rehabilitación”.
La Tasa de Seguridad Poblacional o “Tasón” entró en vigencia a partir de mayo de 2012, generando más de dos mil millones de lempiras, que son recaudados con fondos provenientes del aumento a los impuestos a una serie de productos y servicios utilizados por la población hondureña.
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