El estado de Honduras será nuevamente condenado en el mes de febrero de 2015 por haber separado arbitrariamente a tres jueces y a una magistrada luego del golpe de Estado de 2009. Las denuncias fueron llevadas a instancias internacionales y ya está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), quien será la encargada de someter al Estado hondureño ante la justicia.
La Corte-IDH resolverá el caso contra Honduras relacionado con la destitución de tres jueces y una magistrada hondureña en el 2010 por no estar de acuerdo con el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales. Así lo asegura el abogado Guillermo López Lone, uno de los jueces despedidos y que participará en esta audiencia.
Además del abogado Guillermo López estarán presentes los ex jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Chévez de la Rocha y la ex magistrada Tirza Flores Lanza, los cuatro despedidos injustificadamente luego de la ruptura institucional.
El abogado Ramón Enrique Barrios, explica que la audiencia en contra del Estado de Honduras será los días 2,3 y 4 de febrero por el despido de los jueces. El proceso ya tiene 4 o 5 años, le dio lugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, finalmente ha sido emplazado el Estado de Honduras y llega finalmente el juicio en el mes de febrero ante la Corte.
“Los tres jueces y la magistrada estamos altamente positivos en que se nos van a restituir los derechos que perdimos en ese momento (golpe de Estado de 2009), lamentable para el Estado hondureño porque será nuevamente condenado en un foro internacional como un violador de los derechos humanos, en este caso, por el despido a los tres jueces y la magistrada,” expresó Barrios.
Barrios añade que la situación actual del sistema de justicia hondureño es lamentable a 5 años del golpe de Estado, afirma que hay una militarización en el país y que la justicia del país ya no es justicia; el Consejo de la Judicatura tiene casi en amenaza a los jueces del país, por lo tanto, han perdido independencia.
El poder judicial en Honduras está en una de sus etapas más dudosas en cuanto a su independencia, tanto así que en su reciente visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación y advirtió que los jueces y fiscales en Honduras “podrían carecer de suficientes garantías de independencia e imparcialidad para conocer de las violaciones a derechos humanos cometidas por los miembros de la policía militar”.
Jueces y juezas continuarán pasando por polígrafo
La Sala de lo Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo en contra de la prueba del polígrafo que se aplica a los jueces y juezas del país. Dicha prueba viola varios derechos y es inconstitucional, según la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
Para el abogado Guillermo López Lone, integrante de AJD, la prueba del polígrafo, entre otras cosas, viola el derecho a la intimidad.
“Esa decisión nos ha causado mucho desaliento, porque es un gran retroceso a los derechos y libertades de los jueces ya que eso traería como consecuencia que ya estaría allanado el camino, podemos decir, para que se practique a los jueces y a las juezas la prueba del polígrafo, lo cual nosotros seguimos estimando que es inconstitucional,” dijo Lone.
Admiten recurso de nulidad contra Reglamento del Consejo de la Judicatura
Por otra parte, el abogado López Lone, confirma que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de nulidad en contra del reglamento del Consejo de la Judicatura. López Lone asegura que varios de los jueces suspendidos por el Consejo de la Judicatura han acudido ante la CIDH para quejarse por el mal procedimiento de esta dependencia del Estado.
Hasta el momento, alrededor de cuatro amparos han sido resueltos favorablemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de jueces que han sido sacados sin seguir el debido proceso a través del Consejo de la Judicatura.
Caso de magistrados de la Sala de lo Constitucional ya está en la CIDH
Los integrantes de la Sala Constitucional que fueron destituidos injustificadamente de sus puestos ya presentaron su queja internacionalmente. Será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la que decida qué hacer en torno a otra acción despótica por parte del Estado de Honduras.
A mediados de diciembre de 2012, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una acción calificada como ilegal y atentatoria contra el Estado de derecho. Los magistrados destituidos habían rechazado el proyecto de Ciudades Modelo que violan la soberanía nacional y que es impulsado por el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández.
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