Las tensiones políticas han vuelto a ser protagonistas en Honduras. Y es que varios diputados del Congreso Nacional, en su mayoría del Partido Nacional, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una impugnación al segundo párrafo del Artículo 239 de la Constitución, que especifica las sanciones para los que planteen la reelección presidencial.
El diputado del recién creado Partido Anticorrupción (PAC) Virgilio Padilla, dijo que estaban sorprendidos con la petición del grupo de diputados nacionalistas, que significan bastante liderazgo duro de su partido.
La primera parte del artículo 239 dice textualmente que: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado...” La parte que se quiere quitar es la que expresa: “El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública.”
Incurren en delito
Las voces que exigen castigo para los diputados que presentaron el recurso no se hicieron esperar. Entre los diputados que firmaron la petición están Antonio Rivera Callejas, Tomás Zambrano, Oswaldo Ramos Soto, Welsy Vásquez, Mario Pérez, Óscar Álvarez, Celín Discua, David Chávez, Francisco Rivera, Edgardo Martínez y Milton Puerto, todos del Partido Nacional, además del diputado Edwin Pavón de la Unificación Democrática (UD).
“Nosotros creemos que además de ser un delito, se constituye en un delito moral porque nosotros, el 21 de enero, hicimos un juramento de ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, por lo que estos nacionalistas no honran su palabra,” dijo el diputado Virgilio Padilla del PAC.
Ya hay un antecedente en Honduras: el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales hace cinco años. Y los mismos que dieron el golpe de Estado y defendieron a capa y espada el artículo 239, que prohíbe la reelección, hoy acuden a la justicia porque consideran que el artículo es dañino para la Democracia hondureña.
El diputado del Partido Libertad y Refundación, Libre, Bartolo Fuentes, dice que el procedimiento para eliminar el artículo 239 es improcedente. “Sólo gente mal intencionada, que manipula la opinión pública, puede ser capaz de presentar esta petición, sobre todo cuando está entre ellos Ramos Soto que es un abogado constitucionalista,” dijo Bartolo Fuentes.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres expresó que la ley orgánica del Conadeh le impide pronunciarse sobre la apertura que se busca a la reelección presidencial.
“Tenemos una limitación, la ley orgánica me establece que no puedo manifestar ninguna opinión cuando ya hay un asunto sometido a los tribunales. El ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho me impone obligaciones y yo tengo que someterme a ellas,” justificó Herrera.
Los diputados de oposición Jari Dixon, Doris Gutiérrez y Rafael Padilla, presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en contra del recurso presentado. “Nosotros lo que pedimos es que no se admita y que se remita el expediente al Ministerio Público para que sean ellos los que procedan criminalmente contra esos señores,” dijo el abogado Jari Dixon.
Camino libre a la reelección
“Lo que se busca es evitar que se vulneren los derechos de los legisladores y la ciudadanía, porque quita el bozal para hablar de reelección”, dijo el diputado peticionario Tomás Zambrano.
Pero la oposición lo ve como una jugada estratégica que beneficiará al presidente Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional. “El Partido Nacional está actuando de una manera estratégica con una táctica definida hacia la reelección,” opinó Virgilio Padilla.
El presidente de la bancada del Partido Liberal, Marco Antonio Andino, asegura que la Corte Suprema de Justicia debe hacer un estudio profundo para admitir o no dicho recurso. “El país debe tener tranquilidad, el Partido Nacional está demostrando debilidad, parece ser que no tienen candidato y buscan una reelección, con eso el Partido Liberal no está de acuerdo,” expresó Andino.
Consulta ciudadana
La oposición cuestiona las pretensiones de los nacionalistas y plantean que la única salida es la consulta al pueblo hondureño. “La reelección no la decide un juez, no la decide un presidente de la República ni siquiera los diputados. Debe ser consultado debidamente al pueblo hondureño, si el pueblo dice que se reelijan, pues el pueblo es el soberano y es el que tiene que decidir” dijo Bartolo Fuentes.
El doctor en Derecho Constitucional, Carlos Hernández explicó que la vía por la cual se pide la reforma al artículo constitucional no es la correcta. “Los diputados nacionalista le temen a la vía que es la única accesible para modificar los artículos pétreos y la propia constitución: consultarle al pueblo y hacer valer el artículo 2 de la constitución que señala que la soberanía radica en el pueblo” aseguró Hernández.
El doctor Hernández explicó que se pueden hacer tres lecturas de la impugnación al artículo 239.
Por un lado se puede tratar de un “globo sonda” para ver si el tema puede tener acogida y plantearlo en el futuro. Pero también puede ser un distractor de la realidad nacional para ocultar el fracaso que está teniendo el gobierno actual. Por último, que parece ser la más viable, es que sea una acción que vaya en serio por parte de los grupos de poder.
Jari Dixon aclaró que Asamblea Nacional Constituyente no es sinónimo de reelección. “Es sinónimo de refundación del Estado, cambiar todo lo que está mal hecho, recuperar las riquezas naturales del país, recuperar las empresas públicas, recuperar la dignidad, recuperar la independencia del sistema de administración de justicia, pero a ellos solo les interesa ese pedacito que habla de la reelección,” dijo Dixon.
Prueba de fuego
Para la abogada Blanca Valladares, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial en Honduras se enfrenta a un tremendo desafío, a una prueba de fuego, porque tiene que demostrar ante el pueblo que es un poder del Estado independiente.
“Esta situación pone la Corte en la mira del pueblo. La Corte debe definir esa situación y esto presenta un gran desafío porque cada día se exige que se tomen decisiones certeras que atiendan el interés mayor común del pueblo y no a grupos de poder” dijo Valladares.
En Honduras hay preocupación ya que el recurso será conocido por la Sala Constitucional, la misma que sufrió un golpe institucional cuando el propio presidente Juan Orlando Hernández cambió arbitrariamente y violando la independencia de poderes, a varios de sus integrantes.
“La Sala Constitucional ha sido atropellada y tiene un reclamo internacional y ante una situación así debemos estar preocupados porque se atenta contra la impartición de justicia”.
La ex magistrada explicó que si el fallo de la Sala Constitucional no es unánime, es decir que no tenga los votos de sus cinco integrantes, el caso tendrá que pasar al pleno de la Corte Suprema de Justicia y serán los 15 magistrados que conocerán el caso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario