Caso de Irma Lemus refleja persecución contra defensoras de derechos humanos en Bajo Aguán
Al no encontrar ninguna prueba de lo que se le acusaba, en audiencia inicial el Juzgado de Letras de Trujillo, Colón, dictó sobreseimiento definitivo a Irma Lemus, subcoordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDDHH).
Irma estaba acusada por usurpación de tierras, hurto de ganado, daños y perjuicios contra el Fondo Ganadero, acto señalado como criminalización de la lucha por la defensa de derechos humanos en medio de un conflicto agrario que en los últimos cuatro años ha cobrado la vida de más de 120 campesinos y 10 guardias de seguridad de las empresas palmeras.
“Amenazas, asesinatos, estigmatización y criminalización es lo que dominan aquí en el Bajo Aguán, uno de los valles más productivos, pero con una desigualdad enorme reflejada en la voracidad de 3 terratenientes que cuentan con la mayor parte de las tierras cultivadas de palma africana y que cuentan con el apoyo de las institucionalidad del país”, indicó Vitalino Álvarez del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
Este acto contra Irma Lemus se da en el marco de un conflicto con el Instituto Nacional Agrario, INA, ante el injustificado retraso, desde 2007, en la adjudicación de unas tierras que el Fondo Ganadero mantiene incultas en Ocotes Altos, Trujillo, Colón, por lo que unas 60 familias, de las 300 mil que no tienen acceso a tierra en Honduras, decidieron cultivarlas.
Mientras el miércoles de la presente semana se desarrollaba la audiencia y bajo una permanente llovizna, organizaciones de diferentes sectores del país y la Campaña Ni encerradas Ni con Miedos, protestaban frente al juzgado exigiendo retirar los cargos por los cuales Irma había sido acusada. A eso de las 11:30 am mientras se esperaba la resolución de la Corte, se realizó un foro en el que hubo análisis del conflicto agrario y música en la voz de la defensora de derechos humanos, Karla Lara.
“La justicia ha prevalecido en mi caso y de forma especial quiero agradecer a todas las personas que han venido a Trujillo para exigir retirar los cargos en mi contra y también agradezco a todas las organizaciones que han estado conmigo en esta lucha pero que hoy no han podido venir”, indicó Irma Lemus cuando conoció la resolución del juzgado.
Persecución y criminalización
“Estas acciones se manifiestan en altos grados de criminalización en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, donde solo en el Aguán se contabilizan hasta la fecha más de 3 mil procesos judiciales en contra de campesinos y campesinas”, dijo Heriberto Alemán del OPDDHH.
Además cuestionó que cuando se trata de denuncias contra campesinos y defensoras de derechos humanos, las autoridades aún sin tener pruebas aceleran los casos, no así con los responsables directos e indirectos de los asesinatos de más de 120 campesinos que debido a la falta de una verdadera investigación continúan en total impunidad.
“Venimos desde Tegucigalpa a darle nuestro total apoyo a Irma porque su único delito es documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por policías, militares y guardias de seguridad en esta región del país”, indicó Karla Lara.
Expresó que la persecución y criminalización de lucha de las defensoras y defensores de derechos humanos consiste en utilizar el sistema penal para deslegitimar y desmovilizar la actuación de la persona que ha sido acusada.
“Se emprenden persecuciones y sanciones penales, lo que implica la judicialización del conflicto, al convertir toda acción política en un delito, es decir se convierte el conflicto social (como es el caso del Aguán) en un asunto exclusivamente de la legalidad. Los defensores son criminalizados, estigmatizados, perseguidos y sentenciados”, detalló Lara.
“Corremos riesgos, todas aquellas personas que desempeñan este trabajo, porque si bien es cierto nosotros luchamos por la seguridad y porque no se le violen los derechos a los demás, pero en algún momento nuestros derechos son violentados y no contamos con una seguridad para nosotros mismos y eso es lamentable, porque caminamos expuestos a cualquier situación peligrosa que se pueda dar debido a nuestro trabajo”, expuso Pedro López de Observatorio Permanente de derechos Humanos.
Irma Lemus, al salir de la audiencia, contaba que a ella le parecía irreal esa acusación, pues sus visitas a los asentamientos campesinos son exclusivamente para recoger denuncias de violaciones de derechos humanos y observar cómo está la situación. Lemus ha vivido múltiples amenazas además, asegura que varias veces un vehículo cuatro por cuatro sin placas la siguió, y con la acusación se intentó dejarla más vulnerable en la zona de conflicto.
CIDH preocupada por situación del Aguán
En las conclusiones de su reciente visita “in loco” al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó preocupación por los asesinatos, amenazas y detenciones de líderes y lideresas campesinos y de derechos humanos en el Bajo Aguán.
La CIDH se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en el Bajo Aguán, incluyendo en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2012 y 2013. La CIDH observó que la situación continúa siendo altamente preocupante.
En este contexto, el 8 de mayo de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 123 miembros de las organizaciones campesinas del Aguán solicitando al gobierno de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.
La CIDH recordó que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. La Comisión señaló que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.
La Comisión recordó asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
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