En todos los continentes, persisten las legislaciones represivas que criminalizan el aborto. Esto constituye una violencia contra las mujeres, denuncia la FIDH, previamente al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En Nicaragua, en El Salvador, en Chile y en la República Dominicana, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está totalmente prohibida. En Irlanda, Senegal, Costa de Marfil o Bangladesh sólo está permitido el aborto cuando la vida de la mujer corre peligro. En Malta, la IVE es ilegal salvo en los casos de violación o anomalía en el feto. En Polonia la IVE está prohibida desde 1997, a excepción de los casos de violación, incesto, malformación del feto o peligro para la vida de la mujer. En España, gracias a una movilización masiva de los defensores del derecho al aborto, no se ha llevado a cabo una reforma similar. En otros muchos países como Marruecos, la IVE sólo se permite para « proteger la salud » de la mujer. Además, todas estas legislaciones conllevan restricciones en el procedimiento lo que, en la práctica, impide a las mujeres recurrir al aborto incluso en los casos previstos por la ley.
Karim Lahidji, presidente de la FIDH ha declarado que: “estas leyes son violentas e incluso, a veces, mortales. Además de regir el cuerpo de las mujeres, les empuja a practicar un aborto clandestino, lo que conlleva riesgos considerables para su salud y su vida. En las adolescentes, continuar con el embarazo provoca desastres tanto en su cuerpo como en su futuro”.
Además de afectar al derecho a la salud y a la vida de las mujeres, ya que limitan o inhabilitan su derecho a decidir sobre su cuerpo, la mayoría de los países han decidido imponer sanciones penales a las mujeres que recurran a este tipo de intervenciones y al personal sanitario que las practique. Por ello, en todos los continentes hay mujeres y médicos pudriéndose en la cárcel, condenados por aborto clandestino. En Senegal, las mujeres que recurren al aborto se exponen a 2 años de prisión. Según las cifras oficiales, durante los seis primeros meses del año 2013, cuarenta mujeres han estado en prisión provisional por haber practicado una IVE.
En Nicaragua, la IVE conlleva una pena de prisión de hasta 8 años. En Irlanda, las mujeres se exponen a una pena de 14 años de prisión. En El Salvador, a veces tras un aborto involuntario, las mujeres son condenadas por homicidio y cumplen penas que duran décadas.
Según Khadija Cherif, coordinadora del Grupo de Acción para los Derechos de las Mujeres de la FIDH, “las sanciones penales impuestas en caso de aborto clandestino acentúan la victimización de estas mujeres que se encuentran en situaciones intolerables. En conformidad con las exigencias de las Naciones Unidas, estas leyes insensatas deben ser inmediatamente derogadas”.
La FIDH está igualmente preocupada por el creciente número de estados en los Estados Unidos de América, que están adoptando leyes que restringen el acceso al aborto legal y seguro.
La FIDH está preocupada por la persistencia de la política de ayuda al desarrollo de los Estados Unidos que incita la prohibición del aborto. De hecho, la enmienda Helms de la ley de Asistencia Exterior (Foreign Assistance Act) prohíbe destinar los fondos de financiación para casos de interrupción voluntaria del embarazo como método de planificación familiar. En la práctica, dicho texto se interpreta como una prohibición absoluta del uso de dichos fondos para la realización de cualquier aborto.
A principios de noviembre, la FIDH realizó una encuesta en Senegal sobre los derechos sexuales y reproductivos, cuyos resultados se publicarán con motivo de la XV Cumbre de la Francofonía, que tendrá lugar en Dakar.
El 25 de noviembre marca el inicio de 16 días de activismo contra la violencia ejercida hacia las mujeres. La FIDH dará el último de estos días, el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, un seminario regional que se desarrollará en Túnez sobre buenas prácticas para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Esta actividad se realizará en el marco de la elaboración de parte de las autoridades tunecinas de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres.
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