Por Giorgio Trucchi | LINyM
Después de dos largas y extenuantes jornadas, durante las cuales en el Juzgado Primero de Letras de Intibucá se desarrolló la audiencia inicial contra tres dirigentes indígenas lenca del Copinh (Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras), el Ministerio público pidió auto de prisión con medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Tomás Gómez, mientras solicitó prisión para Bertha Cáceres, coordinadora nacional del Copinh.
Desde hace casi 6 meses, esta organización está apoyando la lucha de las comunidades lencas de la zona de Río Blanco, las cuales rechazan la realización del proyecto hidroeléctrico 'Agua Zarca', impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA) y ejecutado, entre otras, por la compañía contratista china Sinohydro, con el respaldo incondicional del propio gobierno hondureño y de sus instituciones.
Las comunidades de la zona se oponen con fuerza al concesionamiento y la explotación del río Gualcarque, considerado sagrado e intocable, y a la expropiación de sus territorios ancestrales.
Es por eso que el Copinh y los pobladores de Río Blanco, que durante dos días han permanecido frente a las instalaciones del juzgado, así como centenares de organizaciones y personalidades, tanto nacionales como internacionales, han denunciado que el juicio promovido por DESA contra los tres dirigentes indígenas sería una muestra más de la criminalización y judicialización de la protesta y la lucha social en Honduras.
En su más reciente comunicado "Descolonización, ríos y emancipación versus racismo y arrogancia capitalista", el Copinh informó que, terminando la audiencia, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes pospuso su decisión hasta el próximo 20 de septiembre, cuando dará a conocer la resolución.
Además, el Copinh subrayó que la empresa DESA estaría pretendiendo presentar más acusaciones contra los tres dirigentes indígenas y varios miembros de los Consejos Indígenas, Consejo de Ancianos y Ancianas, y Patronato de la comunidad La Tejera en Río Blanco.
"Mientras tanto -continúa el comunicado- se han desplegado más fuerzas policiales y militares, elevando el nivel de acoso contra las comunidades". El Copinh denuncia también supuestos acuerdos alcanzados entre las instituciones gubernamentales, la empresa DESA y pseudo dirigentes y patronatos indígenas, "para romper la unidad de la lucha contra la represa".
Finalmente, el Copinh alertó a las comunidades organizadas, al movimiento social, a la resistencia hondureña y a las fuerzas políticas y sociales progresistas, tanto nacionales como internacionales, ante un posible e inminente desalojo violento en Río Blanco.
"Llamamos a la lucha y la solidaridad militante, y a que dirijan acciones ante el Estado de Honduras. Ratificamos que el Copinh, pese a todas las circunstancias de ataque y criminalización, continúa y continuará en el desarrollo de su proceso en defensa de los territorios, de la cultura, la espiritualidad, los bienes comunes, de la naturaleza, del Pueblo Lenca y por la dignidad", concluye.
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