Por Dina Meza
La Coalición contra la Impunidad hizo un llamado a la Junta de Proponentes para que no sean parte de una elección inconstitucional, parcializada y sin transparencia, según lo plantearon ante distintos medios de comunicación en una conferencia de prensa realizada en la capital este 27 de agosto.
La Coalición está conformada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil hondureña comprometidas con la justicia y los derechos humanos. Estas personas estuvieron delegadas para hablar con los periodistas: Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, Leo Valladares Lanza, de la Asociación por una Ciudadanía Participativa, ACI-Participa; Bertha Oliva, Coordinadora General del COFDEH; Guillermo López de la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD; Suyapa Martínez, Directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H y Héctor Longino Becerra, Director del Comité por la Libertad de Expresión, C-LibRe.
En un comunicado leído por Suyapa Martínez la Coalición contra la Impunidad señaló que ninguna de las instituciones que integran la Junta Proponente garantiza que la selección se realizará con los debidos requisitos de imparcialidad, objetividad y transparencia.
Argumentaron que las instituciones que integran dicha Junta como son la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, son instancias del Estado que han perdido legitimidad y que la incorporación del ex fiscal adjunto, Roy Urtecho, actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras, es improcedente pues fue suspendido de su cargo por faltar a sus deberes como funcionario público y por obstruir la justicia.
Sobre las universidades como parte de esta Junta de Proponentes señalaron que estas instituciones deben ser organismos que promuevan el pensamiento crítico y la investigación pero lejos de eso se han quedado calladas ante la inconstitucionalidad que implica la elección en estos momentos del Fiscal General y el Fiscal Adjunto.
También hablaron de la exclusión de la mayoría de las organizaciones de sociedad civil de la posibilidad de participar en la integración de la Junta Proponente es inadmisible y pone en evidencia que este es un proceso totalmente parcializado y poco transparente. Por ello demandamos a la representación de sociedad civil que participa en la Junta Proponente que renuncie de este organismo y que no se preste para avalar este proceso viciado, detallaron en el documento.
Al Congreso Nacional advirtieron que de concretarse la elección incurrirán en responsabilidad penal y administrativa por violación de la Constitución y usurpación de la representación popular.
Mientras que a la Junta de Proponentes le expresaron que por respeto a todas las personas víctimas de la impunidad, no se presten a una elección del Fiscal General y su Adjunto que resulta inconstitucional, parcializada, excluyente, y carente de trasparencia, publicidad y que está siendo impulsada por grupos político-partidarios con el único propósito de asegurarse que no serán perseguidos por sus actos de corrupción, no continúen con este proceso.
Ante las preguntas de los periodistas en relación a que si el Congreso Nacional no escucha estas advertencias qué hará la Coalición, Guillermo López señaló que lo que procede es impugnar la elección ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hacer la denuncia internacional correspondiente y solicitar ante el próximo Congreso Nacional que proceda a anular esta elección fraudulenta.
Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH dijo que las acciones de la Coalición no terminan con este comunicado de prensa sino que continuarán con otras y advirtió que hay una ciudadanía consciente de sus responsabilidades, “no tenemos temor por lo que pueda venir por el hecho de oponernos”.
Leo Valladares Lanza de ACI-Participa manifestó que la sociedad civil tiene diversas opiniones y advirtió una observación permanente de las actuaciones tanto del Congreso Nacional como del propio Ministerio Público “no podemos seguir impávidos ante esto”.
El Abogado Jari Dixon, ex fiscal del Ministerio Público y uno de los protagonistas de la Huelga de Fiscales realizada en el año 2008 y que se mantuvo por unos 47 días consecutivos demandando cambios estructurales en el Ministerio Público junto a organizaciones y personas luchadoras, manifestó que algunos candidatos a Fiscales tienen atrás manos poderosas que se mueven para que queden en ese cargo pues uno de los principales objetivos es que les protejan sus intereses.
Para el caso citó que Oscar Chinchilla es incondicional del presidente del Congreso Nacional y actual candidato a la presidencia, Juan Orlando Hernández, a quien le cumple todos sus deseos y los de la bancada del Partido Nacional.
Mientras que Rigoberto Cuellar, Ministro de SERNA y candidato al cargo de Fiscal es amigo personal de Elvin Santos y Lino Tomás Mendoza es apoyado por Yani Rosenthal del Partido Liberal de Honduras.
Este es el comunicado íntegro entregado a los medios de comunicación:
Señores y señoras de la Junta Proponente del MP…
¡Basta ya!
No sean parte de una elección inconstitucional, parcializada y sin transparencia.
La Coalición contra la Impunidad, a la opinión pública nacional e internacional, en relación a la elección del Fiscal General y su Adjunto, expresa lo siguiente:
Respecto a la elección del Fiscal General y su Adjunto
Reiteramos que adelantar la elección en este momento del Fiscal General del Estado y su adjunto por un periodo de cinco años (5) es de carácter inconstitucional y que el Congreso Nacional al adelantar esta elección lo que está asegurando es un nuevo período de impunidad por los hechos cometidos y por cometer.
Insistimos, por principios éticos y de respeto a la Constitución de la República, que el procedimiento legal debe ser la elección de un Fiscal General y su Adjunto para que completen hasta marzo del 2014, el período que correspondía a las autoridades que renunciaron.
¿Por qué la Junta Nominadora del MP quiere apoyar este proceso?, ¿por qué se suman a la urgencia del Congreso Nacional y de los poderes ligados a este para consumar esta elección?....
Señores y Señoras de la Junta Nominadora: les pedimos, les exigimos que pongan un alto a este proceso y que no sean parte de una elección inconstitucional, parcializada y sin transparencia que desde ya auguramos no le traerá ningún resultado positivo al país.
Este criterio lo fundamentamos en lo siguiente:
En relación a la integración de la Junta Proponente.
Ninguna de las instituciones que integran la Junta Proponente garantiza que la selección se realizará con los debidos requisitos de imparcialidad, objetividad y transparencia, por las siguientes razones:
a) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia y la magistrada que integran la Junta Proponente han tenido actuaciones parcializadas a partir del Golpe de Estado de junio de 2009, tal como se ha documentado por organismos internacionales de derechos humanos y por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sus actuaciones han garantizado y profundizado la impunidad en nuestro país.
b) El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) es una institución que ha perdido toda su legitimidad y credibilidad al incumplir su función de protección y promoción de los derechos humanos y negar sistemáticamente estas violaciones realizadas por agentes estatales.
c) La inclusión de las universidades se supone que debería haber servido para que el conocimiento académico y científico, que las mismas representan, pudiera aportar objetividad y profesionalismo al proceso. Sin embargo, constatamos que lejos de que esto suceda así, los representantes de las universidades no han sido capaces de producir y difundir un análisis jurídico objetivo sobre la inconstitucionalidad que implica elegir un Fiscal General y el Adjunto por un período de cinco años, en este momento.
d) La incorporación del Abogado Roy Urtecho, como representante del Colegio de Abogados de Honduras, es totalmente improcedente y contradictoria pues el mismo fue suspendido por el Congreso Nacional precisamente por su deficiente desempeño en la dirección del Ministerio Público, por tal razón está totalmente inhabilitado para participar en el proceso de selección de su sucesor.
e) La exclusión de la mayoría de las organizaciones de sociedad civil de la posibilidad de participar en la integración de la Junta Proponente es inadmisible y pone en evidencia que este es un proceso totalmente parcializado y poco transparente. Por ello demandamos a la representación de sociedad civil que participa en la Junta Proponente que renuncie de este organismo y que no se preste para avalar este proceso viciado.
De igual forma señalamos que el proceso impulsado por la Junta Proponente adolece de graves irregularidades que lo tornan oscuro, parcializado y deficiente pues no garantiza una selección de los candidatos y candidatas en base a su capacidad, experiencia profesional y calidad ética por las siguientes razones:
a) No se cuenta con el tiempo suficiente, lo cual ha sido reconocido incluso por la Junta Proponente al solicitar una prórroga al Congreso Nacional, la cual les fue concedida de forma muy limitada.
b) Ausencia de un cronograma que defina las diferentes etapas del proceso y que permita a la población el seguimiento y monitoreo de las mismas;
c) No existen perfiles claros y preestablecidos de los cargos de Fiscal General y Fiscal Adjunto, mas allá de los requisitos legales formales que no resultan suficientes para establecer criterios de selección específicos y objetivos
d) No se le está dando la debida publicidad, desde fuentes oficiales, a los nombres, a las hojas de vida y ejecutorias de los candidatos y candidatas
e) La ciudadanía no cuenta con un procedimiento que le permita presentar información con suficiente respaldo, sobre faltas, actuaciones irregulares y/o inhabilidades de los candidatos(as).
f) Omisión de un mecanismo de evaluación previamente establecido que incluya: aspectos a calificar, rangos de calificación y publicación de los resultados finales de esta evaluación
En virtud de lo anteriormente expresado exigimos y proponemos:
1. Al Congreso Nacional que, suspendan el proceso elección del Fiscal General y Adjunto por cinco años (5), pues de proceder de esa manera incurrirán en responsabilidad penal y administrativa por violación de la Constitución y usurpación de la representación popular.
2. A la Junta Proponente que, por respeto a todas las personas víctimas de la impunidad, no se presten a una elección del Fiscal General y su Adjunto que resulta inconstitucional, parcializada, excluyente, y carente de trasparencia, publicidad y que está siendo impulsada por grupos político-partidarios con el único propósito de asegurarse que no serán perseguidos por sus actos de corrupción.
3. A la Ciudadanía en general, que nos mantengamos vigilantes de este proceso a través del cual, a todas luces, se pretende profundizar la inoperancia y politización del Ministerio Público.
23 de agosto de 2013
Coalición Contra la Impunidad – Honduras
Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris - Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas - Colectivo Unidad Color Rosa - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH - Foro de Mujeres por la Vida - Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
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