Más de 350 hondureños y hondureñas, han tenido en los últimos años, el dudoso privilegio de ser beneficiarias y beneficiarios de Medidas Cautelares por parte del Estado de Honduras. Todos ellos y ellas tienen algo en común: Son Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en el país.
El Estado de Honduras, ha asumido compromisos ante la comunidad nacional e internacional, que lo obligan a salvaguardar la vida, la integridad personal y todos los demás derechos de estas personas y sus familias; sin embargo, ante la incapacidad, falta de voluntad y la poca eficiencia, muchas y muchos defensores han debido abandonar sus hogares o el país para salvar sus vidas, otras y otros con menos suerte han sido asesinadas y asesinados.
Datos revelados a inicios del 2013 por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, revelan que durante la actual administración han muerto en forma violenta alrededor de 80 periodistas y abogados y más de 160 víctimas en el Bajo Aguán. A lo anterior se suma, más de medio centenar de miembros de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGTB).
Son dos los elementos comunes a todos estos casos: el ejercicio de la defensa de los DDHH por parte de las víctimas y la impunidad en que, a la fecha, permanecen sus muertes, en el marco de un sistema de justicia cuyas falencias alimentan el clima de impunidad que beneficia a quienes son responsables de dichos crímenes, generando en la población una desafección institucional que en nada favorece la cultura de la denuncia.
Hechos como la aprobación de la Ley de Minería, la Ley de las Ciudades Modelo, la Ley orgánica especial que regulará las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDE, la Ley de Desarrollo y Reconversión de la Deuda, la militarización de la policía y las condiciones en que es realizó reciente elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Estado, muestran la falta de voluntad política por generar condiciones justas de vida para las y los hondureños o reducir el escenario de violencia y violación de los derechos humanos que cada día crece en espiral.
Otros hechos nefastos que reflejan el acoso y hostigamiento del que son sujetos y sujetas las y los defensores de Derechos Humanos, incluyen:
1.- El asesinato del líder indígena Lenca y miembro del COPINH, Tomás García Rodríguez a manos de miembros del ejército nacional, el 15 de julio 2013, hecho en el que también resultó herido de bala, el niño Allan García Rodríguez, hijo del defensor asesinado.
2.- El requerimiento fiscal contra Berta Cáceres, Coordinadora del COPINH y de los líderes indígenas Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina, el 24 de julio 2013, por la supuesta comisión de los delitos de usurpación, coacción y daños continuados.
3.- El asesinato de la Juez de Sentencia Mireya Mendoza Peña, el 24 de julio 2013, en la ciudad de El Progreso, Yoro.
4.- El asesinato del Sub Oficial de Policía Rubén Rolando Méndez Montenegro, asignado a la investigación y seguimiento de Medidas Cautelares a Defensores, el 19 de agosto 2013.
5.- El asesinato en Locomapa, Yoro, 25 de agosto 2013, de los dirigentes indígenas Tolupanes: Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, quienes pacíficamente se oponían a la explotación de sus bosques y de un yacimiento mineral, en territorios que ancestralmente les pertenece. Por esta misma lucha han sido amenazados a muerte: José María Pineda, Vilma Consuelo Soto, Ramón Matute, Celso Cabrera y Elvin Enamorado.
6.- La captura en La Esperanza, Intibucá, del dirigente lenca William Jacobo Rodríguez, el 12 de Septiembre, acusado de la supuesta comisión de los delitos de usurpación, coacción y daños continuados.
7.- La detención de la Defensora Magdalena Morales, Secretaria General departamental de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), este pasado 27 de julio, en el Progreso Yoro, quien fue acusada por el supuesto delito Usurpación de tierras por la empresa Azucarera del Norte, SA (AZUNOSA).
8.- La reciente alerta emitida por el Comité por la Libre Expresión, que da cuenta de la intensión de la empresa mercantil VICTORIA de explotar mineral de hierro en el sector de Tela, Atlántida, y la presentación de una denuncia criminal ante el MP de La Ceiba, en contra de los y las Dirigentes del Patronato Regional de La Florida, y los defensores del medio ambiente y militantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Víctor y Martín Fernández, quienes han manifestado su oposición a dicha explotación.
Por lo arriba expuesto y por su responsabilidad de proteger a quienes defienden los derechos humanos, es que la Asociación para Una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), la Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras y la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-Sida (APUVIMEH), con el apoyo de Front Line Defenders, emprende hoy la Campaña “Defendiendo y Promovierndo el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Honduras” en la que a través de las voces de defensores y defensoras amenazadas, se llama a la conciencia nacional, para que se garantice el ejercicio de su derecho con libertad.
Ratificamos, a tenor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos que:
Defender los Derechos Humanos No Es un Crimen. ¡Es un Derecho!
Tegucigalpa MDC. 18 de septiembre de 2013
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-PARTICIPA
Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras
Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-Sida, APUVIMEH
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