El gobierno y algunos sectores de la derecha ultramontana han reaccionado histéricamente al comentario –que no declaración— del candidato presidencial del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, de que, de resultar en fraude electoral las elecciones generales del próximo noviembre, el país estaría abocado a la insurrección.
Esta declaración, por cierto acondicionada de diferentes modos según quien la utilice, ha sido calificada oficialmente de atentatoria contra el orden público y respaldada con advertencias sobre el uso de la fuerza armada y policial, en caso de que se desatara la sublevación popular.
También se ha dicho que planteamientos de esta naturaleza son ilegales, contrarios al orden establecido, impropios de un régimen democrático, y, en fin, de que –como lo ha enfatizado el general Osorio, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y el “Tigre Bonilla”, jefe de la Policía— “es irresponsabilidad dar esas declaraciones” y “como Policía Nacional le vamos a hacer frente a todo aquello que venga a entorpecer el proceso electoral”.
Con seguridad Nasralla, al emitir ese juicio, nunca se imaginó la ansiedad que provocaría en el mundillo de los miedos, de las trapacerías y de los intereses bastardos que conforman nuestro “orden establecido”. Él mismo terminó por asustarse, con pavor al cuero del tigre, y ahora trata de congraciarse con los ofendidos, hablando hasta por los codos de anticomunismo y anti-socialismo, también con sintomatología histérica.
Asimismo, en las esferas de la farsa electoral, o sea esa parte del proceso en que las mentiras y la hipocresía le dan cuerpo al modelo de propaganda mediática, los candidatos a la Presidencia de la República, todos a una, han dispuesto firmar un pacto de “no-confrontación” y de aceptación sin réplica del resultado electoral, como si se tratara de un coro de ángeles en el reino celestial.
Lo curioso de todo esto es que por ninguna parte aparecen advertencias contundentes contra aquellas personas e instituciones que participaran en la consumación de un fraude electoral, que es, en realidad, la verdadera amenaza al proceso comicial, a la paz y al orden establecido.
El castigo prometido es para la protesta contra el chanchullo electoral, y, para remate, el juramento de respetar el resultado de las elecciones, independientemente de la forma y las circunstancias en que éste se produzca, lo cual constituye una confirmación bipartidista, decididamente contraria a lo que hoy día reclama la voluntad popular mayoritaria, con el correspondiente respaldo constitucional.
Ese respaldo constitucional es el mandato del artículo 3 de nuestra Carta Magna:
“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
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