Por Leonir Chiarello *
* Director del Scalabrini International Migration Network - Nueva York. Estados Unidos
La extensión planetaria, la intensidad, la velocidad y los impactos de los intercambios en los ámbitos del comercio, de las finanzas, de la producción, de la cultura, de la tecnología y de las comunicaciones confluyen en la conformación progresiva de un sistema mundial incierto y paradójico que incluye a determinados sectores sociales, empresariales e institucionales privilegiados y, al mismo tiempo, excluye cada vez más a la mayoría de las personas, grupos sociales, empresas, instituciones e incluso países que no logran insertarse en este proceso.
En este contexto, el nuevo horizonte de la sociedad global no se define tanto por la presencia de vínculos económicos, financieros, políticos, sociales y culturales internacionales, los cuales siempre han existido, sino por su expansión, intensidad y, especialmente, por sus impactos absolutamente inéditos y contradictorios que dependen principalmente de la lógica selectiva y excluyente del sistema económico neoliberal que determina el actual proceso de globalización. El solo ejemplo de los mercados financieros liberalizados, a través de los cuales los especuladores financieros pueden desplazar en tiempo real de una parte a otra del planeta grandes cantidades de capital, pudiendo provocar el cierre de sistemas productivos y dejando a millones de personas sin trabajo ni fuente de ingresos, nos permite reconocer la complejidad de los elementos vinculados al proceso de globalización excluyente, que se desarrolla a varios niveles y evoluciona rápidamente según trayectorias difícilmente previsibles.
La consolidación de este sistema se funda en las clásicas doctrinas económicas liberales y neoliberales que sostienen la capacidad natural de autorregulación del mercado a través de las leyes de la oferta y la demanda, además del principio de las ventajas comparativas de los países en el comercio internacional. Sin embargo, las recurrentes crisis económicas y los efectos nefastos del actual sistema económico neoliberal a nivel social, político y cultural revelan que el funcionamiento de la economía de mercado neoliberal a nivel planetario no es automático y espontáneo, sino que requiere de determinadas regulaciones. La actual crisis mundial, provocada por un sistema financiero y bancario desregulado, es un ejemplo concreto de esta exigencia de regulaciones, para que las ganancias no sigan siendo privatizadas y las pérdidas socializadas.
Además de esta disociación entre crecimiento económico y equidad social, el actual sistema económico mundial sigue generando otras secuelas sociales como la disminución del poder adquisitivo de los salarios, la flexibilización laboral y las distintas formas de precarización laboral e inestabilidad del nivel de ingresos de los hogares, que repercuten sobre el incremento de la pobreza. Aunque a nivel general la globalización ha favorecido la disminución de las cifras de pobreza en algunos países, las estadísticas de los organismos internacionales revelan que cada día cerca de 50 mil personas mueren por causa del hambre, la carencia de agua potable o de asistencia médica elemental en casos de enfermedades curables como la malaria, el sarampión o las condiciones perinatales, la falta de protección habitacional o de vestimenta y otras causas relacionadas con la pobreza, sumando un total de alrededor de 18 millones de seres humanos al año. Este número iguala, cada tres años, el número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial en su totalidad, incluyendo los campos de concentración y los gulags, calculado entre 50 y 60 millones de personas.
Por otra parte, las desregulaciones del mercado desplegadas por los Estados en vista de una mayor competitividad internacional y crecimiento económico, que permiten insertarse en el actual proceso de globalización, impiden a los mismos Estados controlar el comercio ilícito y permiten la generación (y la perennidad) de una economía ilegal que coexiste y compite de manera desregulada y anárquica con las corporaciones y empresas que actúan lícitamente en el mercado. Los Estados, con pocas excepciones, tienen cada vez menos poder de control y coerción sobre la globalización del crimen organizado y los subterfugios ilícitos con los cuales el crimen organizado y los especuladores financieros actúan. Todo ello revela que la violencia directa, provocada por el crimen organizado, y la violencia indirecta, provocada por el actual sistema económico neoliberal excluyente, están íntimamente relacionadas, y son las causas principales del incremento de una sociedad incivil a nivel planetario y del incremento de los flujos migratorios.
Consecuencia de todo ello es que millones de personas, que anualmente son excluidas del derecho al desarrollo y de los derechos más elementales –derecho a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación en América Latina-, encuentran en la migración la única opción para salir de esta situación y se ven obligadas a migrar para poder subsistir o para buscar mejores condiciones de vida para sus familias. De esta forma, de ser receptora de inmigración de ultramar, en las últimas dos décadas América Latina se convirtió en una de las regiones con los índices más altos de emigración a nivel mundial. En la actualidad los emigrantes representan el 4% de la población de América Latina. En la década de 1960, por ejemplo, el número de migrantes intra-regionales en América Latina llegaba a poco más de un millón y medio de personas, mientras en la década de 1990 había superado los once millones (Barry Mirkin).
Las migraciones, comparadas con el incremento de los flujos de bienes y capitales provocados por el proceso de globalización, son la línea marginal o la última frontera del proceso de globalización, especialmente debido a las políticas restrictivas implementadas por los países desarrollados y receptores de migrantes, entre los cuales destacan Estados Unidos y Europa. En este sentido, la situación contemporánea resulta paradójica, puesto que, en un mundo más globalizado e interconectado que nunca, donde los flujos financieros y de comercio se liberalizan, la movilidad de las personas, en cambio, se enfrenta a fuertes barreras que la restringen. La migración internacional actualmente está excluida del proceso de globalización neoliberal. Tal exclusión constituye una de las características distintivas del actual sistema económico mundial. Esta visión restringida de la globalización, es decir, focalizada en el factor económico, sin el factor movilidad humana, plantea una cuestión ética que, además de la tensión entre el derecho legítimo del Estado a regular las migraciones y el derecho inherente de las personas a la libertad de movimiento, ponen también de manifiesto la tensión ética y estructural que subyace en el derecho de la persona a migrar y el derecho del Estado a regular el ingreso, la permanencia y la salida de migrantes. Tal dimensión ética revela, de forma general, la relación entre las migraciones internacionales y la justicia global, y en particular, la exigencia de un cambio del actual sistema económico mundial en el cual se contemple la ampliación del ámbito de la justicia distributiva más allá de las fronteras nacionales para que también los migrantes tengan acceso y sean protegidos por la justicia. En este sentido, la definición de políticas migratorias justas e incluyentes requiere una racionalidad ética fundamentada en el reconocimiento y respeto de la dignidad y los derechos humanos que supere la perspectiva de una ciudadanía vinculada a la nacionalidad y considere la gobernanza global y ética de las migraciones.
Es esta perspectiva incluyente del reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos humanos que supera las fronteras geográficas nacionales y aboga por una ciudadanía universal de todos los miembros de la familia humana la que podrá motivar la corresponsabilidad de los Estados, los organismos internacionales y los actores de la sociedad civil en lo que respecta al reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humanos inalienables de los migrantes y sus familias. Por otra parte, aunque las políticas públicas sobre migraciones sean justas e incluyentes, éstas seguirán siendo solamente parches en la herida si no se cambia el actual sistema económico excluyente, que es la causa principal de la exclusión de los migrantes del derecho al desarrollo y a la convivencia social en igualdad de condiciones con los nacionales.
Lo anteriormente expuesto revela la necesidad de una consideración global de la justicia, entendida como justicia global, y de la corresponsabilidad de los Estados y la sociedad civil para tratar las migraciones éticamente. Por otra parte, la solución de la paradójica disfuncionalidad del actual proceso de globalización excluyente, que no está funcionando para los pobres, los migrantes y el medio ambiente, es la definición de una estrategia de gestión ética de la misma y de su domesticación al servicio de una mejor calidad de vida para toda la humanidad. Ello requiere de un cambio sistémico de la economía actual, hacia la otra economía, que esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.
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